Auge ¿y caída? de lo 'woke'

Señalan Ezra Klein y Derek Thompson en su reciente ensayo Abundance (¡gracias Andy por advertírmelo!) que quien camine por las calles de San Francisco comprobará la profusión de carteles multicolores con la proclama «Black Lives Matter» (el lema puesto en circulación en 2013 como repudio a la absolución de George Zimmerman por la muerte del adolescente Trayvon Martin). Los dueños de las aparentes casas en cuyos amplios jardines se siembran esos carteles son en su inmensa mayoría votantes demócratas, conducen un coche eléctrico, reciclan religiosamente, consumen verduras de proximidad y son muy sensibles al carácter interseccional de la injusticia racial sistémica. Pero San Francisco es una de las ciudades estadounidenses en las que, de manera más sostenida, ha descendido la población negra (perdón: BIPOC, o sea, Black, Indigenous and People of Color); de un 13% al 6%, el único grupo racial con esa sostenida tendencia declinante. En muchas otras ciudades –Austin, por ejemplo– de estados típicamente republicanos –Texas sin ir más lejos– se absorbe esa población.

¿A qué obedece ese descenso? ¿Cuáles son las fuerzas ocultas detrás de esa expulsión? ¿Qué arcanos de la microfísica del poder tenemos que develar y denunciar? Leamos a Thompson y Klein: «Esos carteles se asientan en terrenos delimitados para viviendas unifamiliares, en comunidades que se organizan contra cualquier intento de añadir nuevos hogares que provocarán que esos valores estén más cerca de la realidad». En corto: «Las vidas de los negros importan»… pero a buena distancia. Con ese espíritu, les recuerdo, se manifestó Barack Obama allá por 2019 ante un grupo de estudiantes estadounidenses bien woke. 

Creo que, junto a un conjunto de presupuestos sustantivos bien «iliberales» (la impugnación del universalismo e individualismo moral, la renuncia a toda neutralidad del Estado, la moralización de la vida privada, el abuso de los mecanismos de la discriminación «positiva») ha sido característico de «lo woke» ser una retórica política que exacerba el auto-señalamiento virtuoso, como bien ejemplifica lo que Thompson y Klein indican a propósito de la práctica urbanística del zoning como estrategia para evitar que vivan entre nosotros quienes, por otro lado, veneramos como víctimas. 

Cabe mencionar también ese caballo de batalla de la administración Trump que supone la exigencia en muchísimas universidades de que existan departamentos encargados de vigilar la «diversidad, equidad e inclusión» (DEI) en sus aulas y fuera de ellas, y de que los profesores que se incorporen o promocionen muestren de qué manera promoverán esos valores en su docencia e investigación. Se trata de las célebres «declaraciones DEI”»(DEI statements). Figuran en sus CV y son públicamente accesibles.

Reparen, por ejemplo, en lo que nos cuenta Ashley Thomas, profesora de Psicología de Harvard (la institución que hoy concentra todas las iras del trumpismo); después de ilustrarnos sobre el modo en el que, como mujer y madre, lo ha tenido más difícil en su carrera académica (acoso sexual y mayores dificultades para conciliar), lo cual le sensibiliza frente a las injusticias, también hace acto de contrición confesando que ser «blanca y cis-heterosexual de una familia de clase media-alta» le ha brindado privilegios, así como el hecho de que «… cuando era estudiante le gustaba ir a clase». Ser víctima da puntos; ser consciente de que las hay o de que uno no lo es, y flagelarse por ello, también. 

«Lo ‘woke’ es rastreable en la realidad institucional, en nuestras leyes y en las políticas que se despliegan»

Lo woke tiene su contexto particular, y ciertamente no debemos abusar de las importaciones mecánicas de categorías histórica, política y culturalmente alejadas para analizar nuestra idiosincrasia, pero mucho de ese afán por lucir el dress-code moral correcto (¡gracias, David Mejía!) es también rastreable en nuestros pagos. Y, para lo que más importa, en la realidad institucional, en nuestras leyes y en las políticas que se despliegan. 

Tomen el ejemplo reciente de la puesta en marcha de una «herramienta» con la que en los hogares españoles se van a evaluar los riesgos para el personal del servicio doméstico. Con ello se da cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 893/2024. ¿A qué realidad obedece esta necesaria evaluación que, caso de no ser cumplimentada, originará sanciones a los empleadores, esto es, a las no pocas familias españolas que se sirven de una ayuda doméstica? 

Las estadísticas reflejan que el empleo en ese sector desciende de modo notable desde hace seis años y que de las más de 400.000 afiliadas a la Seguridad Social que hubo en 2018, hoy son 370.000. En el año 2023 los accidentes laborales que causaron baja entre las empleadas de hogar (perdón: personas trabajadoras del servicio doméstico, aunque sean mujeres el 95%) fueron 1.651 y de ellos, que tuvieran resultado de muerte, 3. 

A la vista de ello debemos también preguntarnos: ¿tiene el poder público capacidad para monitorizar las más que probables desidias a la hora de cumplimentar el cuestionario? Y es que el dicho «examen» incluye preguntas como la de si se fomenta a la empleada la realización de pausas para hacer estiramientos, o si, además de tener las estanterías bien ancladas o los productos de limpieza no caducados, se dispone en la casa de un «protocolo de medidas preventivas para las situaciones de violencia». Prácticamente la totalidad de los ítems de la encuesta traen a la memoria la célebre pregunta que típicamente se hace a quienes viajan a Estados Unidos: ¿tiene usted el propósito de matar al presidente? 

«Muchas de esas vindicaciones de la justicia social están basadas en la falacia moralista»

Uno tiene la sensación de que muchas de esas vindicaciones de la justicia social están basadas en la falacia moralista (como X e Y deben ser iguales, X e Y son iguales) es decir, los hechos, una aplicación, siquiera sea modesta, del principio de realidad no adquieren relevancia. Y por eso mismo las métricas –número de víctimas de violencia de género, o de personas sin hogar, o distribución de la renta en España entre jóvenes y jubilados, o financiación autonómica per cápita o número de accidentes laborales de empleadas de hogar, o negros que no pueden vivir en el muy progresista San Francisco– pueden ceder frente a las buenas intenciones. Lo woke no deja de ser una escatología política. 

Cuenta Susan Neiman en La izquierda no es igual a woke que ese «estar alerta» frente a la persistente subyugación de los negros en los Estados Unidos es una expresión que aparece en un blues de Lead Belly de 1938, una canción desgarradora a propósito del aún más desgarrador episodio de los «chicos de Scottsboro», los nueve jóvenes negros de Alabama que en 1938 fueron acusados de una violación a dos mujeres blancas que no habían cometido. El proceso, inflado mediáticamente en un ambiente de histeria y racismo visceral, terminó con condenas a la silla eléctrica para varios de ellos. Se zafaron de milagro del linchamiento así como de la ejecución, pero sus vidas quedaron destrozadas para siempre. 

Salvando todas las distancias, por estos lares también hemos tenido a nuestros «chicos de Scottsboro»: Ahmed Tommouhi y Abderrazak Mounib, condenados por una violación que no habían cometido. El segundo murió en prisión y el primero, tras 15 años en la cárcel, ha logrado la pírrica victoria del reconocimiento jurídico del «error judicial» aunque nuestro «sistema» no ha tenido a bien indemnizarle. Antes bien, deberá él pagar las costas del proceso. 

¿Me recordarían ustedes, si son tan amables, la declaración, aunque no sea tan contundente o vociferante como en otras ocasiones, aunque no ande muy trufada de «interseccionalidades» o «injusticias sistémicas», de algún representante político de la izquierda gobernante –sea o no woke– señalando que tal encrucijada, ese calvario de Tommouhi, es intolerable, y apuntando a una próxima y definitiva revisión de nuestra manera de compensar a quienes han visto sacrificada su libertad en aras a la seguridad colectiva? 

Gracias.