Lo más grave

Si nos damos una vuelta por los medios de comunicación, vemos que las primeras planas están ocupadas, de manera casi absoluta, por Santos Cerdán, David Sánchez, Begoña Gómez, la UCO, Ábalos, Aldama, Air Europa, Gallardo el de Extremadura y, últimamente, una tal Leire. Son nombres asociados a asuntos que están siendo investigados por instancias policiales o judiciales porque hay indicios sólidos de comportamientos delictivos de personas y políticos ligados, más o menos íntimamente, a Pedro Sánchez.

Que el régimen, porque se trata de un régimen, que está imponiendo en España el Doctor Fraude, tiene raíces y contactos con la corrupción es algo que ya no admite dudas y que todo el mundo, hasta los sanchistas más fervorosos, saben, aunque no todos esos sanchistas lo reconozcan.

Así se pone de manifiesto una de las características del autócrata de la Moncloa: acusar a los demás de hacer justo lo que él está haciendo. Pienso en sus intervenciones en las sesiones de control del Congreso -del Senado no hablo porque lleva 15 meses sin aparecer por allí-, cuando reiteradamente acusa a Feijóo y a la oposición de insultarle, mientras él y todos sus ministros, que le obedecen como no había visto yo nunca obedecer a ningún ministro, no paran de descalificar a los que no le hacen la ola con palabras como «fachas», «ultras», «reaccionarios», «destructivos», «insolidarios» o «máquina del fango». Y siempre después de proclamar que él es el sosiego y el fair play.

Hasta el punto de que ya seamos muchos los que pensamos que la oposición más radical a Sánchez es él mismo, si escarbamos en las hemerotecas. Precisamente sobre la corrupción, que le tiene absolutamente cercado, no hay más que volver a su discurso de la moción de censura de hace siete años.

Allí dijo: «Esta moción de censura, señorías, es consecuencia –y aquí se ha dicho por parte del diputado Ábalos-, es consecuencia de hechos gravísimos -insisto, hechos gravísimos- que de forma reiterada en el tiempo han ido sacudiendo a la opinión pública a golpe de imágenes que provocan bochorno, incredulidad e indignación». Y siguió: «La corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita en consecuencia a los poderes del Estado». No se puede describir mejor lo que hoy pasa y le pasa.

«Bolaños ya se ha convertido en la personificación más señalada del desprecio al Estado de derecho»

Pero la gravedad y la espectacularidad mediática de los casos de corrupción no pueden despistarnos. Tan grave o mucho más que un pariente, un amigo o un correligionario de Sánchez se dediquen a robar, apoyándose en su parentesco o su amistad, son las maniobras que Sánchez no deja de impulsar para acabar definitivamente con el Estado de derecho. Podríamos hablar de la jugada maestra de colocar a Conde-Pumpido, que ha demostrado cumplidamente su compromiso con objetivos tan totalitarios como convertir a España en Venezuela, en el Tribunal Constitucional, desde donde, paso a paso, pretende ir cambiando la letra de la Constitución del 78 -el espíritu ya se lo cargó Zapatero-. Lo hemos visto, sin complejos ni vergüenza, en lo de los ERE de Andalucía y la vamos a ver en lo de la Amnistía.

Ahora lo estamos viendo con alguna de las iniciativas legislativas del triministro Bolaños que ya se ha convertido en la personificación más señalada del desprecio al Estado de derecho. Como su proyecto de Ley Orgánica para modificar dos Leyes, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Este proyecto, que ya ha conseguido el rechazo de todas asociaciones de profesionales de la Justicia, es un paso más para conseguir el objetivo último de Sánchez, que los jueces sean funcionarios suyos y, por supuesto, los fiscales, con el Fiscal General a la cabeza («¿de quién depende?, ¡pues eso!»).

En España, desde tiempo inmemorial, para ser jueces y fiscales, el camino ha sido siempre el de las oposiciones. Oposiciones públicas en las que los aspirantes tienen que demostrar su conocimiento exhaustivo de las leyes y de los procedimientos judiciales. Pero esta forma de acceder a la condición de juez o de fiscal no garantiza en modo alguno que el aspirante sea un fervoroso sanchista, más bien, al contrario. Por eso, este proyecto de ley ya prevé que podrán ser Jueces quienes, contando con el título de Grado en Derecho, acrediten cinco años de ejercicio profesional. Y punto. Lo que no dice expresamente, pero, después de siete años de sufrir este gobierno, no es difícil adivinar, es que accederán a las carreras judicial y fiscal los que en esos cinco años hayan mostrado una adhesión incondicional al sanchismo-chavismo.

«Se da un paso más para garantizar el control de Sánchez encargando al Ministerio Fiscal la instrucción de causas penales»

Otra de las características del proyecto es la referencia constante a que los graduados en Derecho de familias desfavorecidas no pueden dedicar años a estudiar y que, por tanto, hay que darles becas y facilidades. Siempre que en la concesión de esas becas no se hagan trampas, se puede estar de acuerdo. Pero me gustaría que alguien estudiara de qué familias provenían los miles de jueces y fiscales que han ido aprobando las oposiciones desde hace más de 150 años, porque puede que descubriéramos que, gracias a esas oposiciones libres y públicas, han sido miles los opositores que han logrado promocionarse ellos y a sus familias.

Sentado ya el principio de que los fiscales dependen de Sánchez, se da un paso más para garantizar ese control encargando al Ministerio Fiscal la instrucción de causas penales y quitándoles esa función a los Jueces.

Y dada la situación que está viviendo el actual Fiscal General del Estado -más bien, el Abogado Defensor Jefe del sanchismo-, no es de extrañar que Bolaños quiera cambiar en este proyecto su estatus, para darle al Uno más posibilidades de controlarle.

El proyecto tiene más de 140 páginas –señal de que Bolaños hace trabajar a los 600 asesores que tiene en La Moncloa– para así disimular ese objetivo final, el de lograr una justicia a la medida del Puto Amo.