Impedir que el secesionismo mande en España

En el artículo de la semana pasada mantenía que, antes o después, los españoles tendremos que analizar los agujeros existentes en nuestro sistema democrático y que la aventura Sánchez ha dejado al descubierto. Resquicios que alguien sin escrúpulos, tal como el actual presidente del Gobierno, pueda aprovechar, tal como él lo ha hecho, para burlar la legalidad y violar la democracia. Es de esperar que pasada esta etapa y si en algún momento el PSOE retorna a la Constitución, ambos partidos mayoritarios se pongan a la labor de cerrar legalmente esas brechas que se han hecho patentes. Sin duda, una de las primeras que se deberán abordar será el tratamiento a conceder a los partidos nacionalistas, de manera que nunca más puedan hacerse con el control del Estado.

Hace algunas semanas saltó la noticia de que en Alemania la Oficina por la Protección de la Constitución (BfV por sus siglas en alemán) había acusado al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) de estar llevando a cabo acciones que podían constituir un peligro contra el orden constitucional, y contra los principios liberales y democráticos. Tal acusación permite a las autoridades aumentar la eventual vigilancia del partido a nivel nacional y utilizar contra él medios de inteligencia, como grabaciones de audio y vídeo o informantes infiltrados y, en teoría y en última instancia, podría abrir la puerta a un proceso de ilegalización de esta formación política.

En España, paradójicamente, los diarios que más resaltaron la noticia fueron los nacionalistas y además con cierto júbilo, ya que Alternativa para Alemania es un partido de ultraderecha, y pensaron que el ejemplo podía servir para descalificar al PP y sus posibles acuerdos con Vox. Quizás en lo que no cayeron es que la estructura política española no es la alemana y que esto no va de izquierdas o derechas, sino de quién o qué constituye un peligro para el Estado de derecho, la democracia y la Constitución.

Puestos a extrapolar a nuestro país lo sucedido en Alemania, sin duda serían los partidos nacionalistas los que estarían los primeros en la lista para aplicar el mismo tratamiento. Ellos no son solo un posible riesgo, sino una amenaza cierta, tan cierta que algunos de ellos han dado ya un golpe de Estado, y todos mantienen una posición supremacista y conspiran contra el principio de igualdad entre todos los ciudadanos establecido en la Constitución.

En el caso alemán, la AfD, que ha quedado como segunda fuerza política en las últimas elecciones, no parece que haya dado un golpe de Estado en Alemania ni ha hecho un referéndum para romper el país ni ha intentado cambiar por la fuerza la Constitución y, sin embargo, ha estado vigilada y casi espiada por la BfV, que es una agencia estatal dependiente del Ministerio del Interior y por lo tanto del gobierno de turno.

“En cualquier país se vería como normal que aquellos que han dado un golpe de Estado fuesen vigilados por el Estado”

Estos hechos contrastan con el victimismo y las quejas de los partidos secesionistas de nuestro país, a los que les parece una ofensa que la policía les vigilase cuando se encontraban claramente en un proceso subversivo y no ocultaban que se disponían a dar un golpe de Estado.

Hemos tenido que ver a Puigdemont, el fugado de la justicia, acompañado por unos cuantos acólitos, con pancartas a la puerta del Parlamento Europeo, quejándose de que les habían espiado, y hemos tenido que aguantar que ese hombre de Estado que es Rufián se mostrase intranquilo y abatido porque lo que, según él, estaba en solfa no era la legislatura, sino el sistema democrático. Y esto lo decía quien es portavoz de un partido que violó todas las leyes democráticas con la finalidad de transgredir la Constitución y que pretendió romper el Estado.

En cualquier país se vería como normal que aquellos que han dado un golpe de Estado y a continuación han afirmado que volverían a repetirlo fuesen vigilados por el Estado; se tendría como totalmente lógico que los que habían tenido contactos con potencias extranjeras, como Rusia, y con un dictador como Putin con la finalidad de conseguir ayuda para romper España fuesen investigados por los servicios secretos; y se aceptaría como  razonable que aquellos que movilizaron las fuerzas antisistema para incendiar toda Cataluña, cometer toda clase de sabotajes, que cortaron con gran violencia carreteras y servicios ferroviarios y que pretendieron apoderarse por la fuerza del aeropuerto de Barcelona fuesen fiscalizados por el CNI.

Pero en España y con Sánchez, no. Lo que parece aceptable es indultar a los golpistas, gobernar con ellos, asumir el lenguaje soberanista respecto al espionaje, cesar a la directora del CNI, forzar a la presidenta del Congreso a que cambie las reglas del juego para constituir la Comisión de Secretos Oficiales e introducir en ella a los independentistas, golpistas y herederos de Batasuna. Incluso, más tarde, constituir una Comisión en el Congreso para que los secesionistas hagan de jueces y los que se esforzaron por contener el golpe sean los acusados. Además, se fija y se supervisa la gobernabilidad del país al margen del Parlamento y en reuniones semisecretas en Ginebra con un prófugo de la justicia y tuteladas por un mediador latinoamericano, “especialista en negociaciones de paz”.

“Habría que revisar el trato de favor concedido a las minorías, en especial a las partidos regionalistas o nacionalistas”

La situación creada es delirante y patética, y sin duda el mayor culpable es Sánchez; pero, tal como afirmaba Montesquieu, si los gobernantes son buenos, mejor que mejor, pero por si acaso no lo son, hay que establecer unas leyes que les impidan no serlo. Es decir, si en algún momento la política en este país vuelve a la normalidad, hay que modificar las reglas del juego de manera que ningún otro Sánchez pueda construir algo parecido.

Habrá que preguntarse si no habrá que cambiar las leyes de manera que los jueces pudieran disolver a un partido que ha cometido un golpe de Estado o que ha pretendido modificar la Constitución al margen de los procedimientos establecidos de forma expresa por ella. O si una formación política que abiertamente manifiesta que son esos sus objetivos, no debería quedar ilegalizada. Parecería también normal que un fugado de la justicia y que se niega a presentarse ante ella estuviese inhabilitado para ejercer cualquier actividad política en tanto en cuanto permanezca huido. No debería poder presentarse a ningún cargo público o representativo, por ejemplo, al Congreso o al Parlamento Europeo. Y tendría que tener prohibido también ocupar cargo directivo alguno en una formación política legal.

A mi entender, habría que revisar el trato de favor concedido a las minorías, en especial a las partidos regionalistas o nacionalistas. Nuestra Constitución, y en general la Transición, fue extremadamente generosa con ellos. Pero una cosa es defender el derecho de expresión y el respeto a las minorías y otra cosa es que esas minorías terminen teniendo más derechos que las mayorías.

Se produce una cierta contradicción, porque se supone que todos los diputados en las Cortes Generales deben defender el interés general, el de todos los ciudadanos, sea desde la perspectiva ideológica de la derecha o desde de la izquierda. Y así es normalmente. Pero se origina una fractura a esta regla cuando a una serie de diputados únicamente les importa el interés de una sola región, que además puede estar enfrentado al general. En algunos casos el absurdo llega al extremo de haber confesado abiertamente que la gobernabilidad de España no les importaba nada. No obstante, el sistema y el ordenamiento jurídico permiten, como se ha visto, que sean ellos los que gobiernen en el Estado. Se origina además una fuerte desigualdad entre regiones, entre aquellas que cuentan con partidos nacionalistas y las que no, y se está sustituyendo la confrontación ideológica por la territorial.

“PNV, Bildu, Esquerra y Junts, que han obtenido en conjunto un millón y medio de votos, cuentan con cuatro grupos parlamentarios”

En esta legislatura, y me imagino que de forma parecida en las anteriores, se ha constituido un Congreso de los Diputados totalmente sesgado en el que, por una abusiva interpretación de una ley ya suficientemente generosa con las minorías, se producen desigualdades difíciles de justificar. Con la cesión de diputados por parte del PSOE y de Sumar a los independentistas catalanes, resulta que PNV, Bildu, Esquerra y Junts per Catalunya, que han obtenido en conjunto escasamente un millón y medio de votos, cuentan con cuatro grupos parlamentarios, igual que el PP, el PSOE, Vox y Sumar, que lograron casi 22 millones. Y si este cálculo lo aplicamos a la estructura territorial, llegamos a la conclusión de que la voz que tienen en el Congreso el País Vasco y Cataluña es infinitamente mayor que la del resto de las autonomías, ya que poseen para ellas solas el 50 % de los grupos parlamentarios, amén de participar en la proporción que les corresponde del otro 50%.

Los intereses de Cataluña y del País Vasco han estado más presentes en las Cortes Generales que los de cualquier otro territorio español. Sería muy ilustrativo estudiar en las actas del Congreso las veces que aparecen las palabras Cataluña y catalanes, vascos y Euskadi y compararlas con las relativas a otras latitudes; el número de aquellas ganaría por goleada. La diferencia sería tan abultada que un extranjero que no conociese bien la estructura territorial del país pensaría que España se reduce a Cataluña, al País Vasco y poco más.

Si aplicamos estos cálculos a los bloques que Sánchez ha constituido artificialmente en la política española, nos encontramos con que la alianza “progresista” de Puigdemont, que tiene 178 diputados (representantes de esas minorías ayuntados contra natura con el PSOE por los intereses más dispares), cuentan con seis grupos parlamentarios, mientras que los 172 diputados restantes disponen solo de dos.

Se dirá que eso importa poco, dado que las votaciones se realizan luego diputado por diputado. Sin embargo, pienso que la política tiene mucho de representación, de imagen, de relato. De lo contrario, podíamos prescindir de los debates y dejar reducido el Parlamento a un diputado por partido que votase de forma ponderada con el número de diputados que tiene cada uno de ellos.

“Algo falla en nuestro sistema político. Y habrá que preguntarse si no habría que modificar la ley electoral”

No parece lógico que en una sesión como la del otro día, en la que se trataba de la defensa nacional y de la configuración y seguridad del sistema eléctrico, el líder del partido más votado con 137 diputados tenga el mismo tiempo (20 minutos) que el de un partido creado por un prófugo de la justicia, que tiene tan solo siete diputados y que además interviene únicamente para chantajear pidiendo prebendas y privilegios para Cataluña.

Algo falla en nuestro sistema político. Y habrá que preguntarse si no habría que modificar la ley electoral. España está recibiendo la reprimenda de Europa porque es el único país que no ha adaptado la nueva directiva europea que exige establecer un umbral mínimo del 2% al 5% de los votos emitidos para que una candidatura tenga representación en el Parlamento Europeo. La razón del incumplimiento de esta norma, que es de 2018 y que fue votada afirmativamente por el propio Sánchez en el Consejo, es que perjudicaría a muchos de los socios de Sánchez.

En cuanto a las elecciones nacionales, deberíamos cuestionarnos si no sería conveniente establecer que para que una formación política tuviera representación en el Parlamento español fuese necesario superar un porcentaje mínimo de votos en un determinado número de provincias de toda España, superando así los regionalismos y garantizando de esta manera que todos los parlamentarios fuesen verdaderamente representantes de la soberanía popular. También se evitaría de este modo que se tomase el acta de diputado como un medio para chantajear al gobierno central y obtener prebendas para una región en detrimento de las restantes.