Cronología del procesamiento del fiscal general del Estado
«Cada paso, cada correo, cada mensaje revela el patrón de una presunta operación políticamente coordinada entre la Fiscalía, Presidencia y algunos medios»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Estamos ante un hecho histórico. Nunca, desde que España estrenó su democracia, un fiscal general del Estado había sido procesado por —presuntamente— filtrar información reservada a los medios con una finalidad política: la de atacar a una rival del Gobierno que lo nombró. Y no hablamos de una filtración cualquiera, sino de una operación orquestada desde la cúpula del Ministerio Público para servir de munición a la estrategia política de Moncloa. Todo ello sin olvidar la especial obligación de confidencialidad y reserva que pesa sobre los fiscales en relación con los asuntos de los que conocen.
Como era de esperar, la brigada mediática ha salido en tromba a defender a su comisario. Los activistas sincronizados —esa legión de periodistas que confunden información con militancia— repiten con entusiasmo que el auto del magistrado Hurtado es una “aberración jurídica” porque “no hay pruebas”. La consigna está clara y recorre editoriales, tertulias y columnas como un mantra.
Lo que no dicen, porque confían en la ignorancia de su público, es que para procesar a alguien no se requieren pruebas plenas: basta con que existan indicios racionales de criminalidad. Las pruebas son imprescindibles para condenar tras un juicio celebrado con todas las garantías.
Pues bien, para comprender los indicios en los que se basa el magistrado instructor para procesar al fiscal general, basta con repasar someramente la cronología del caso que se desprende de los Autos dictados en fase de instrucción:
2 de febrero de 2024. El abogado de Alberto González Amador envía a la Fiscalía de Delitos Económicos un correo con propuesta de conformidad penal. Es información reservada.
5 de marzo de 2024. Se presenta denuncia en el Juzgado Decano de Madrid.
7 de marzo de 2024. La Fiscalía Provincial de Madrid remite el expediente completo a la Fiscalía General del Estado a través de Diego Villafañe, el número dos de Álvaro García Ortiz. La petición se realiza por ser González Amador la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
12 de marzo de 2024
06:01 h. Se publica en elDiario.es la denuncia completa y parte del expediente, incluso antes de que el abogado de González Amador reciba oficialmente dicha denuncia y que se registre en Decanato.
Mas tarde, ese mismo día, la fiscal Pilar Rodríguez Fernández reconoce en un WhatsApp que “la información publicada en elDiario.es era la que ella había remitido a FGE”.
13 de marzo de 2024
21:29 h. El Mundo publica: La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto… Según el auto de Hurtado, este titular activa la dinámica impulsada por García Ortiz.
21:34 h. Pilar Rodríguez recibe una llamada del fiscal general y mantienen una conversación.
21:39 h. A petición de García Ortiz, Rodríguez solicita a Julián Salto los correos cruzados entre el fiscal y el abogado, incluyendo el de 2 de febrero.
21:54–21:59 h. Rodríguez remite ese correo al Gmail personal de Álvaro García Ortiz.
23:25 h. En Hora 25 de la Cadena SER se divulga verbalmente el contenido del correo.
Simultáneamente, García Ortiz y Pilar Rodríguez mantienen una conversación en la que ésta bromea con añadir “un poquito de cianuro” a la nota de prensa que estaban preparando para el día siguiente.
23:51 h. La página web de la SER publica extractos literales del correo.
14 de marzo de 2024
08:44 h. Desde Presidencia del Gobierno, el correo de 2 de febrero se pone a disposición de Juan Lobato para su uso político por el socialista en la Asamblea de Madrid. Lobato pregunta entonces si ese correo se ha publicado ya en algún medio y pregunta de dónde ha salido. “Porque llega, la tienen los medios”, contesta una asesora de Presidencia, Pilar Sánchez Acera. El entonces dirigente del PSOE madrileño insta a esperar a que sea publicado en algún medio: “Si no, parece que me la ha dado la Fiscalía”.
Moncloa gestiona la publicación del correo en elplural.com, antes del pleno de la Asamblea, para que Lobato lo pueda utilizar. Sobre las 10:00 horas, la directora de este medio le manda al socialista este WhatsApp: “No hay que liarse en eso: el novio reconoce los delitos, no habla de ninguna trama ni contra él ni contra su novia. Ayuso mintió”. A continuación, le envía un enlace de su periódico de una noticia titulada: “Mientras Ayuso lo negaba todo, su pareja ofrecía un pacto a la Fiscalía para admitir tres delitos”
10:20 h. Se publica nota oficial de la Fiscalía Provincial de Madrid, redactada con participación de García Ortiz y Pilar Rodríguez.
Como pueden ver, estimados lectores, esta sucinta cronología de los hechos traza con precisión la anatomía de la filtración: cada paso, cada correo, cada mensaje revela el patrón de una presunta operación políticamente coordinada entre la fiscalía general, Presidencia del Gobierno y algunos medios de comunicación. Quienes fingen ahora sorpresa y niegan la existencia de indicios para procesar al fiscal general deberían repasar esta secuencia con honestidad, en lugar de engañar a su audiencia para chupar cámara y engrosar sus cuentas bancarias.
En todo caso, sin perjuicio de los indicios, tanto a Álvaro García Ortiz como a Pilar Rodríguez les asiste la presunción de inocencia y no se les puede reputar culpables de la filtración hasta que recaiga sentencia condenatoria firme. Otra cosa es que la posición del fiscal general al frente del órgano es insostenible, porque de él depende jerárquicamente el fiscal que intervendrá en su enjuiciamiento.
Tan insostenible es la posición de García Ortiz, como el actual contexto de linchamiento gubernamental a los jueces que investigan la corrupción del Gobierno y de su entorno. Que haya ministros afirmando que la judicatura hace oposición al Gobierno sin que tales discursos incendiarios acarreen consecuencias demuestra que, en la receta española, el sabor de los ingredientes de la dictadura predomina ya sobre el de la democracia.