Pedro Sánchez, el nexo corruptor

Dicen que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero no para Pedro Sánchez, pues para él, el poder jamás ha sido sinónimo de responsabilidad, sino de impunidad.

Desde su llegada a Moncloa, cada movimiento, cada pacto y cada ley han estado orientados a un fin esencial: debilitar los mecanismos institucionales de fiscalización y de interdicción de la arbitrariedad para evitar rendir cuentas por sus tropelías y desmanes. No ha sido el poder el que los ha corrompido a él y a su entorno; han sido ellos los que han secuestrado al poder para utilizarlo como ariete contra cualquier amenaza judicial o política.

Los indultos a los líderes del procés en 2021, la derogación del delito de sedición, la rebaja de la malversación y, finalmente, la aprobación de la amnistía son mucho más que cesiones políticas: son actos de corrupción institucional. Desde el ejecutivo y el legislativo han desmantelado los diques de contención del Estado de Derecho para garantizar la impunidad de sus socios independentistas y, de paso, la supervivencia de un presidente atrapado en su propia cloaca. Con cada concesión ha comprado apoyos que le han permitido mantenerse en el poder a costa de legalizar lo ilegal y premiar lo delictivo, con la colaboración inestimable de los de Pumpido.

Aprovecharon el contexto pandémico para traficar con el principio de legalidad y desplegar un operativo de corrupción a todos los niveles cuyas implicaciones y derivaciones apenas empezamos a atisbar. José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García no sólo acompañaron a Pedro Sánchez en aquel Peugeot con el que recorrió España para recuperar la Secretaría General del PSOE: una vez recuperado el liderazgo del partido y alcanzada la Moncloa, articularon una trama de comisiones ilegales y mordidas. Desde la compra de mascarillas hasta las adjudicaciones de contratos millonarios, pasando por el petróleo venezolano, el dinero circulaba no sólo hacia los principales protagonistas de la trama, sino también en dirección a algún que otro ministerio o presidencia autonómica, sin olvidarnos de Ferraz y de algún exmandatario socialista.

Los tres del Peugeot aprovecharon la condición de ministro de Ábalos al frente de Transportes y la ascendencia e influencia de Santos Cerdán en el PSOE de Navarra para extender sus tentáculos al ministerio y a la Comunidad Autónoma, colocando a sus afines en puestos clave para garantizar el éxito del negocio y, de paso, a alguna que otra prostituta en empresas públicas.

En paralelo, tanto Ábalos primero, como Santos Cerdán después, se dedicaron a someter al partido y silenciar a los díscolos tras sus respectivos nombramientos como secretarios de organización. En Navarra, el diputado Ramón Alzórriz, número dos del PSN y estrecho colaborador de Santos Cerdán, ha dimitido al conocerse que su esposa trabajaba para Servinabar, una de las empresas clave en el esquema de comisiones ilegales del caso PSOE.

La sociedad, de la que Cerdán posee el 45% de las participaciones, forma parte del entramado empresarial desde el que se articularon adjudicaciones y mordidas por la dirección nacional del PSOE. Eso sí, Alzórriz no ha renunciado al acta ni, por tanto, a las prerrogativas que lleva aparejadas (aforamiento, inmunidad, inviolabilidad), porque como buen sanchista ha entendido que su misión en la asamblea autonómica no es servir a los navarros, sino servirse de ellos para blindarse ante detenciones o registros.

En Baleares y Canarias, los contratos de emergencia por la compra de mascarillas durante la pandemia sitúan en el foco a Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, y a Ángel Víctor Torres, actual ministro y entonces presidente canario, ambos promocionados políticamente por Sánchez. Bajo sus respectivos mandatos, se adjudicaron contratos millonarios a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada directamente a la trama Koldo. La Guardia Civil investiga estas adjudicaciones por presuntas irregularidades en los procedimientos y por los sobrecostes aplicados, que habrían permitido el desvío de fondos públicos hacia el circuito de comisiones ilícitas diseñado desde Ferraz.

Pero no sólo el entorno político del Presidente está de mierda hasta el cuello, también su entorno familiar. En Extremadura, la juez instructora de Badajoz ha abierto juicio oral contra David Sánchez -hermano del presidente del Gobierno- junto al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otros altos cargos. Están acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la creación de un puesto público de coordinador de los conservatorios de música, supuestamente diseñado a medida para David Sánchez, quien según la jueza sabía con antelación que la plaza estaba destinada para él. El intento posterior de Gallardo de obtener un aforamiento exprés como diputado autonómico evidencia que, como buen discípulo del sanchismo, ha entendido que el escaño no es sinónimo de responsabilidad, sino de impunidad.

De vuelta a Madrid, los indicios contra Begoña Gómez cada vez son más sólidos. Todo parece indicar que la susodicha aprovechó su condición de esposa del presidente del Gobierno para activar una lucrativa maquinaria de captación de fondos y que, para ello, no dudó en avalar con cartas de recomendación a empresarios como Juan Carlos Barrabés, que posteriormente resultaron adjudicatarios de contratos públicos gestionados por entes del propio Ejecutivo. La Fiscalía Europea investiga varios de estos contratos, especialmente los vinculados a la empresa pública Red.es. Paralelamente, el juez Peinado investiga el papel de Gómez al frente de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense -en la que figuraba como codirectora a pesar de sus carencias formativas- que fue financiada por empresas privadas con intereses directos en adjudicaciones públicas. Y ojo, que el melón de su papel en el rescate de Air Europa aún no se ha abierto.

Cuando ya iba siendo evidente que las investigaciones judiciales estrechaban el cerco, se activó el aparato clandestino de fontaneros de Ferraz: Leire Díez, bajo la batuta por Santos Cerdán puso en marcha una maquinaria de espionaje, guerra sucia y chantaje contra jueces, fiscales, policías y periodistas. Pero, sobre todo, contra la UCO y el teniente coronel Antonio Balas. El objetivo: destruir a quienes podían comprometer judicialmente al presidente y su entorno. Y por más que el gobierno y el PSOE se hayan querido desvincular de la cloaca, ahí queda el audio de uno de los empresarios reclutado como fontanero, Javier Pérez Dolset: “Esto es Pedro Sánchez, directamente con Cerdán y Leire”.

Y no me quiero dejar en el tintero el episodio que afecta al Ministerio de Hacienda, donde José Antonio Marco Sanjuán, número tres de ese organismo y presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central-, se ha visto forzado a dimitir tras ser acusado de anular sanciones fiscales a cambio de pagos ilegales. La investigación señala que varios empresarios recurrían a él para obtener resoluciones favorables en expedientes sancionadores de la Agencia Tributaria. María Jesús Montero, vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y figura clave en el círculo de confianza de Sánchez, salió públicamente a respaldarle, como ya hizo antes con Santos Cerdán. Algo huele a podrido en el fisco.

El mapa de la corrupción también traspasa fronteras. Víctor de Aldama asegura custodiar pruebas de pagos millonarios que se realizaron desde Venezuela por operaciones de contrabando de petróleo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero -verdadero CEO de la trama instalada en Ferraz y padre intelectual de la peronización de la izquierda-, cerrando así el círculo entre la corrupción política interna y los tentáculos internacionales del chavismo.
Cada uno de estos episodios tiene un mínimo común denominador: Pedro Sánchez. No son anécdotas, ni escándalos dispersos; son eslabones de un mismo mecanismo que se activó con su llegada a la presidencia y que ha tolerado -cuando no impulsado- durante su mandato. Y no se engañen: Sánchez no sigue en Moncloa porque cuente con el respaldo ciudadano, sino porque es consciente de que necesita seguir en el poder para esquivar el banquillo.

Que nadie crea al presidente cuando se visibiliza como víctima de la corrupción: él la ha diseñado, alimentado y amparado. En este régimen degradado, él no es un peón atrapado por las circunstancias: es el arquitecto del lodazal. El nexo corruptor tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez Pérez Castejón