La trama de la investidura
«Los pactos para nombrar presidente al actual líder socialista son la punta del iceberg de un dispositivo engrasado de corrupción política y económica»
Ilustración de Alejandra Svriz.
La investidura de Pedro Sánchez no fue un pacto político para conformar un Gobierno progresista, sino un acuerdo de negocios que, mediante una operación de colonización institucional, pretendía asegurar la continuidad de una red corrupta que ha utilizado el poder como plataforma de facturación. Gracias a las informaciones que vamos conociendo, hoy sabemos que la trama de las mordidas en la obra pública, la de los hidrocarburos, la de las mascarillas, o la de los enchufes de prostitutas y amiguetes en empresas públicas son sólo derivadas de la trama principal: la de la investidura.
Los pactos para nombrar presidente al actual líder socialista son la punta del iceberg de un dispositivo engrasado de corrupción política y económica que llegó dispuesto a utilizar los engranajes del Estado como coartada para la comisión -presunta- de delitos. Precisamente por eso, aunque las figuras claves visibles de esta organización parecen ser Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero, nadie debe desdeñar el papel que habrían desempeñado desde posiciones institucionales personajes como el fiscal general del Estado o el presidente del Tribunal Constitucional. Como asegura Cayetana Álvarez de Toledo: todo se sabrá.
Lo que empezó como una road movie protagonizada por Pedro, Santos, José Luis y Koldo a bordo de un Peugeot evolucionó hacia una trama gansteril en cuanto Cerdán, aprovechando las importantes posiciones orgánicas de las que disfrutó dentro del PSOE gracias a Sánchez, desplegó un operativo para captar apoyos parlamentarios a cambio de contratos, favores y concesiones legales e institucionales. La persona de la que se valió para ello era de su máxima confianza: Antxon Alonso, alias Guipuchi, amigo de Cerdán y su testaferro en Servinabar, empresa que recibió más de 100 millones en contratos públicos. Mientras Cerdán ascendía en el PSOE, Alonso actuaba como su mediador oficioso con EH Bildu y otros actores clave para garantizar la gobernabilidad a los socialistas.
Alonso se suma así a la larga lista de «fontaneros» al servicio del PSOE: mientras Leire y cía buscaban trapos sucios a los jueces y fiscales que investigan la corrupción socialista y al entorno familiar del presidente, Guipuchi tejía puentes con EH Bildu y el PNV cuando Sánchez necesitaba sus votos. Fue él quien condujo a Santos Cerdán a su primer encuentro con Arnaldo Otegi, quien ha reconocido públicamente que Alonso fue su interlocutor informal con el PSOE. Que un constructor que amasó millones en contratos públicos hiciera de enlace entre el partido en el Gobierno y el nacionalismo vasco confirmaría que las negociaciones políticas se movían no por el interés general, sino por puro interés empresarial.
Y mientras los fontaneros movían los contratos, los montajes y los billetes, las cabezas visibles del entramado -Cerdán y Zapatero— volaban a Suiza para reunirse con Carles Puigdemont, el prófugo que no puede pisar territorio español sin ser detenido. Desde allí, y a espaldas del Congreso, han emprendido un proceso legislativo de degradación de la democracia constitucional española y desmantelamiento efectivo de la separación de poderes.
«Lo que lleva a Zapatero a involucrarse en apuntalar la gobernabilidad sanchista no es una motivación política, sino mercantil»
Al igual que sucede con Cerdán, lo que lleva a Zapatero a involucrarse en apuntalar la gobernabilidad sanchista no es una motivación política, sino esencialmente mercantil. Según el empresario Víctor de Aldama, el expresidente socialista estaría implicado en una trama vinculada al contrabando de petróleo venezolano y habría recibido pagos millonarios de PDVSA.
Por eso no debería de sorprender a nadie que la última visita de Zapatero a Puigdemont haya sido para pedir el apoyo de Junts a la Ley Bolaños, diseñada para someter al Poder Judicial. A cambio, cederán al independentismo un Consejo de Justicia Catalán -un CGPJ autonómico, en la práctica- para controlar los nombramientos judiciales en Cataluña.
Un secretario de Organización socialista en prisión provisional, un expresidente sin cargo y un fugado de la justicia son quienes, en nombre de Sánchez, han movido y mueven los hilos del destino de España y la han embarcado en un cambio de régimen ante la apatía de los ciudadanos. Tragamos con la amnistía y tragaremos con esto, como estamos tragando con el colapso en el transporte ferroviario o el caos en Barajas. Será por tragaderas.