La recta final

Evidente ya su declive político y personal, carente de cualquier proyecto capaz de responder mínimamente al interés general de los ciudadanos, Pedro Sánchez se ve abocado a convertir sus últimos días al frente del Gobierno en el apoteosis final de una carrera para liquidar las estructuras del Estado que hemos conocido desde el comienzo de nuestra democracia. Si le funciona, el sanchismo conducirá a los españoles a un oscuro túnel de incertidumbre del que no sabemos cómo saldremos. Es la misma estrategia a la que Sánchez ha recurrido siempre como político: en los momentos de debilidad, subir la apuesta y tirar para adelante. La apuesta en esta ocasión es más audaz y peligrosa que nunca: un cambio de régimen encubierto para conceder a los nacionalismos periféricos el poder que reclaman en detrimento de la mayoría de la población, crear un nuevo marco político en el que Sánchez pueda incluso pensar en extender su mandato más allá de 2027.

Desde que el nacionalismo olió sangre en el Palacio de la Moncloa, sus exigencias se han acelerado y desorbitado. Los independentistas catalanes quieren la inmediata concesión del cupo catalán, rebautizado como financiación singular. Bildu reclama abiertamente la redefinición de la sustitución del modelo autonómico por un sistema confederal. El ministro de Exteriores volverá a hacer el ridículo en Bruselas con la monserga del reconocimiento del catalán como idioma oficial y no tardará en llegar la solicitud de un referéndum de autodeterminación. Todo eso, aderezado con una reforma judicial para recortar la independencia de los jueces, medidas de sanción a los periodistas por el uso de la libertad de prensa y una intensa campaña de propaganda para justificar que todo esto se hace para evitar el avance de la extrema derecha.

La democracia española no podría resistir un ataque combinado a su unidad territorial, a la igualdad entre los españoles y a la independencia judicial, pero exactamente eso es lo que pretenden medidas como la cesión de la recaudación de todos los impuestos a Cataluña, la creación de una agencia tributaria catalana y el nombramiento de nuevos jueces sin oposición y al gusto del Gobierno.

Este plan de Sánchez es inmoral, porque se hace en contra del interés general, es antidemocrático, porque nunca formó parte de un programa electoral y, por tanto, no fue votado por los españoles, pero, sobre todo, es ilegal, porque equivale a la suplantación de hecho de los principios establecidos en nuestra Constitución. Para mayor aberración, ni siquiera es el resultado de un político iluminado, pero convencido, que quiera dejar huella en nuestra sociedad, sino de un político cobarde que no se atreve a dejar el poder por miedo a que eso le obligue a responder ante la ley de las sospechas que le rodean.

«Mientras tanto, se le niega la voz en unas elecciones con la excusa totalitaria de que hay que evitarle al país un Gobierno de derechas»

Esas son las condiciones en las que se pretende cambiar el modelo político que nos ha dado paz y prosperidad durante más de cuatro décadas: de la mano de un líder acabado que no puede pisar la calle y con la complicidad de comunistas, antiguos terroristas y delincuentes nacionalistas que ya han sido condenados antes por intentar abolir la Constitución. Mientras tanto, y ante la evidencia de que la mayoría de la sociedad española no comparte ese proyecto, se le niega la voz en unas elecciones con la excusa totalitaria de que hay que evitarle al país un Gobierno de derechas.

Si Sánchez y su camarilla tuvieran una mínima confianza en el plan que se han propuesto sacar adelante, no tendrían inconveniente de someterlo a la opinión de los españoles y defenderlo con claridad en una campaña electoral. Solo así se podrían escuchar con respeto las iniciativas de las que ahora nos quieren convencer con mentiras y tratan de colarnos por la puerta de atrás.

No sé si aún habrá tiempo de evitarlo. La fragilidad de Sánchez es tan extrema que cualquier nuevo arreón de los tribunales se lo puede llevar por delante. Pero, precisamente, por eso, la presión de sus socios nacionalistas se ha hecho también más intensa. Es ahora o nunca para ellos. Si la jugada les sale bien, pueden redibujar el mapa de España y conseguir lo que siempre han soñado: poner fin al pacto constitucional. Es difícil calcular el poder de las fuerzas contrarias. El crecimiento de Vox y su desvarío trumpista contribuye a desunir la causa constitucional y a unir al campo adversario. La reciente irrupción del problema migratorio, demagógicamente usado por la extrema derecha, es otro nuevo foco de distracción que ayuda a quienes quieren desmontar el Estado de derecho.

No hay mayor prioridad para España en estos momentos que evitar la ruptura del modelo constitucional que Sánchez pretende. Empiezan a divisarse algunos signos de alerta en Europa, pero no sé si serán suficientes ni llegarán a tiempo. Si llega a aprobarse en el Parlamento un nuevo concierto económico para Cataluña, el daño a nuestra democracia sería ya irreversible. Lo mismo puede decirse de la ley Bolaños para la reforma de la Justicia.