Prostitución política

Apenas transcurrido un año desde el 23-F, Miguel Artola cerró con las siguientes palabras su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia: «La intención de estas líneas es probar que no hay derechos sin garantías, ni garantías sin Constitución, ni Constitución sin división de poderes, ni división de poderes sin participación. En forma aun más breve: no hay derechos individuales sin la voluntad ciudadana de defenderlos».

Las palabras de Artola respondían a la situación creada por el golpe fallido del 23-F. Su actualidad no se deriva de que exista un riesgo de pronunciamiento militar como en aquella ocasión, sino de que la democracia se encuentre en peligro por una involución que supondría recorrer en sentido contrario el camino de la transición entre 1976 y 1978. Si entonces la clase política supo utilizar los resortes legales del régimen para darles la vuelta sin fracturas traumáticas, yendo «de la ley a la ley», ahora está teniendo lugar, partiendo de la ley de Amnistía, un proceso de deconstrucción constitucional, en cuyo curso previsiblemente irán siendo desmontados los pilares del ordenamiento jurídico-político establecidos por la ley fundamental de 1978.

La singularidad de esta coyuntura crítica es que no tiene por origen la convergencia de esfuerzos en un determinado sentido, procedentes de un haz de fuerzas políticas, como hace medio siglo, sino un proyecto individual de perpetuación en el poder de un gobernante, el cual ha optado por la desestructuración del régimen democrático, al aliarse para ese fin personal con organizaciones que tienen como objetivo acabar con el orden constitucional del 78. Esta vez se trata de ir de la ley a su previsible destrucción.

Algo en apariencia delirante, pero que va haciéndose real, tanto por la firmeza con que nuestro presidente lo subordina todo a su propósito, dispuesto de entrada a eliminar cualquier obstáculo legal, actuando como un dictador, como a los intereses de las fuerzas disgregadoras, fundamentalmente los independentismos catalán y vasco. Ambos son conscientes de que ambos objetivos, la autocracia para Pedro Sánchez y la erosión irreparable del Estado perseguida por ellos, se alimentan, paso a paso, y recíprocamente. Todo envuelto en un manto de corrupción que rodea a la presidencia.

Las garantías propias del Estado de derecho resultan de este modo anuladas, dado que para atender a su propósito, en la actuación normativa que le sirve de instrumento, el Poder Legislativo pierde totalmente sus funciones deliberativas y el Congreso se convierte en una cámara de registro. Lo sucedido con la Ley de Amnistía y el procedimiento en puertas para instaurar la «singularidad fiscal» de Cataluña prueban de manera irrefutable esa degeneración irreversible de la democracia. Nada de importancia se discute en el Congreso de diputados, sino en el seno de reuniones de tipo conspirativo entre el Gobierno y el independentismo catalán, que en el caso de Junts puede incluso jactarse luego de haber redactado una ley española subversiva a su conveniencia. El delincuente entonces, el futuro privilegiado con la singularidad, suplantan al Poder Legislativo, y luego el Congreso refrenda y el TC pumpidoliano convalida. Democracia al estilo de Pedro Sánchez. Es decir, antidemocracia.

«Sánchez teme a la democracia, como todo autócrata, pero también la desprecia y está dispuesto a vulnerar sus reglas»

Hasta hoy, en instancias inferiores y hasta el Tribunal Supremo, los jueces son el último bastión de la democracia, pero en piezas claves del Poder Judicial -Tribunal Constitucional y fiscal general del Estado- el control del Ejecutivo es absoluto. Tal y como se ha probado con la ley de Amnistía, el camino de la deconstrucción del orden constitucional encuentra por ellos vía libre. A estos efectos, la división de poderes ha dejado de existir. Queda en pie, hasta las próximas reformas legales, como último bastión, la autonomía judicial frente a la corrupción del mundo de Sánchez.

Una batalla en apariencia decisiva, pero que solo lo será si alcanza personalmente al presidente. En otro caso, suceda lo que suceda, él responderá satanizando a sus críticos e incluso reforzará la dimensión violenta de su poder. A la vista de su comportamiento en el último año, desde sus famosos cinco días de reflexión, cabría decir en plan de humor que Sánchez huye de la democracia como de la cruz el vampiro, pero eso no sería suficiente. Teme a la democracia, como todo autócrata, pero también la desprecia y está dispuesto en todo momento a vulnerar sus reglas. La democracia es un procedimiento para que un colectivo adopte decisiones, con independencia de intereses particulares y personales. Y en España no debe existir otro criterio supremo que el interés de Pedro Sánchez.

Si pensamos en que su resistible ascenso al poder, desde el motor inicial de la corrupción, porque el poder de nuestro personaje procede de la corrupción, y no a la inversa, Sánchez primero asalta con éxito al Partido Socialista para instaurar sobre él un dominio absoluto desde 2017, aplicando luego la misma receta al Estado, a partir de la covid, podemos ahora augurar lo que va a suceder con el sistema político. Mal va a respetar o no las reglas de juego, teniendo en cuenta su comportamiento en el PSOE primero, y en el Congreso después, para responder al caso Cerdán.

En principio, las normas, los Estatutos, son inequívocas. Una vez elegido en el último Congreso, el secretario general dirige la política del partido, informando periódicamente a su Comité Ejecutivo y sometiendo las orientaciones generales al Comité Federal. En cuanto a este, la primera limitación del nuevo estilo toca reglamentariamente a la libertad de discusión: cinco minutos por intervención sin derecho a réplica, aunque te acusen y te llamen de todo, caso en el último consejo de García Page. Y para que la libertad no se vuelva libertinaje, Sánchez -o su nuevo Ábalos-llama previamente a los miembros uno a uno, para garantizar su fidelidad y verosímilmente para distribuir los papeles contra el esperado disidente (García Page). Y para consumar el procedimiento de la democracia sanchista, como este mantiene el tipo, es literalmente machacado en la reunión. Final, apoteosis del Amo.

«El Comité Federal es una muestra de la eficaz conversión del PSOE en una organización estalinista»

Así que no funciona el imaginativo símil de Ignacio Varela, comparando el Comité Federal de hoy, respecto del felipista, con una botella de Vega Sicilia rellena de limonada. El Comité Federal de hoy es una muestra de la eficaz conversión del PSOE en una organización estalinista, donde gracias a estar en la UE el disidente escapa al gulag. Coronada, según cabía esperar, por una jefatura de tipo militar, disfrazada de capitanía, envuelta además como siempre en la mentira, porque el PSOE no está bajo una tormenta, sino bajo la corrupción que rodeaba a su presidente. En conclusión, no cabe esperar que el hombre que vulnera así la normativa interna del PSOE, vaya a respetar los usos democráticos en el Estado.

Pedro Sánchez ha establecido un sistema de gobierno extraconstitucional, por cuanto utiliza las facultades que le confiere la ley fundamental para subvertir el orden constitucional de acuerdo con su voluntad. Y el cumplimiento de ese fin ha hecho inevitable una ofensiva contra las instituciones que amenazan ese propósito, ya que el cumplimiento estricto de la ley las enfrenta con la corrupción del régimen: jueces y UCO. Todo es bien simple. El episodio Cerdán es la mejor prueba de ello.

Sánchez se ve obligado a desplegar toda su capacidad para ser el doctor Jekyll y Mr. Hyde a un tiempo, algo en lo cual es un verdadero maestro. Por una parte, encabeza una cruzada pública contra el traidor para autoexculparse; por otra, bajo cuerda le anima difamar a fondo las instituciones que le han llevado a la cárcel, denunciando de paso una conspiración anti-Sánchez. ¡Cuanta lealtad! Habla de una nueva «causa general», evocando el franquismo, como hiciera Sánchez en mayo de 2020 contra quienes trataron de investigar el 8-M. En el fondo, nada ha cambiado. Detrás del «triángulo tóxico» se encuentra el verdadero causante de la toxicidad: el presidente.

Su discurso del 9 de julio llevó al máximo su capacidad de falseamiento. En vez de afrontar, siquiera de refilón, el tema de la corrupción que él mismo ha presidido, se descuelga con una escena lacrimógena y con una protesta de moralidad absoluta: él es un político limpio y el PSOE un «partido ejemplar». Una inversión de significados del tipo Arbeit macht frei!, en versión castiza. 

«Es muy difícil luchar contra la mentira convertida en sistema de gobierno»

Cuando Pedro Sánchez exhibió una vez más la foto de su rival con el narco, en vez de responderle con sentido del humor que eso estaba más chupado que la pipa del indio, Feijóo entró al trapo, sacando la historia del suegro propietario de prostíbulos. Nota, tal como van las cosas, convendría desde el constitucionalismo, no acentuar la degradación del sistema, dejando los recursos del navajero para uso exclusivo del presidente.

El vínculo de Pedro Sánchez con los ingresos tal vez prostibularios de su suegro, puede resultar muy ilustrativo, pero no es sustancial. Mayor relevancia tiene con la negociación que va a iniciarse con ERC, el verbo prostituir que sí resulta plenamente aplicable en la segunda acepción de la RAE, cuando alguien deshonra su autoridad, vendiéndola por un interés personal. El art. 40,1 de la Constitución obliga al Estado a promover la equidad económica entre personas y territorios, y por mucho que mientan Sánchez y la Montero, esta esgrimiendo su socialismo, igual que antes ponía la mano en el fuego por Cerdán, la negociación para otorgar un privilegio a una comunidad contraviene de modo flagrante la Constitución. Y al ser un pago, por mantener a Sánchez en el poder, es por parte de este un caso inequívoco de prostitución política.

Una situación límite que evoca la exigencia de una resistencia democrática, como la requerida por Miguel Artola en su discurso del 2 de Mayo. Solo que es muy difícil luchar contra la mentira convertida en sistema de gobierno.