La revuelta contra los ilegales

Los acontecimientos de Torre Pacheco nos muestran que el problema más visible de este cambio de tiempo/eje que vivimos es el de la inmigración. No sucede solo aquí. También pasa en el resto de Occidente. El tema no se puede tratar con frivolidad ni con anteojeras ideológicas o románticas. Los Estados han creado durante décadas un problema social que ahora no saben resolver sin un gran cataclismo. El progresismo que animó la inmigración descontrolada carece ahora de recursos para convertir la sopa de pescado en un limpio acuario.

El repertorio de argumentos que usaron para acoger sin medida a los inmigrantes se ha agotado. Empezaron con argumentos laborales diciendo que alguien tenía que pagar las pensiones, y que ocupaban oficios que los «vagos» y «acomodados» españoles (y europeos) no querían. Esta tesis se vino abajo en cuanto circuló el rumor, luego certeza, de que nos vamos a quedar sin jubilación a pesar de que tenemos más de tres millones de legales en España y no se sabe cuántos irregulares. Es más; en los últimos años se ha prolongado la edad de retiro porque no hay dinero para pagar a los jubilados.

Si el anterior argumento ya no cuela, menos todavía el de que los inmigrantes realizan trabajos que los españoles no quieren. El razonamiento es torpe porque discrimina a los que desarrollan determinados oficios, como los de restauración y cuidados, e insulta a los nacionales. Además, la idea es obtusa porque la gente en España no ve como un peligro al inmigrante que viene a trabajar legalmente, que se integra y aporta. Lo que le disgusta es aquel que viene a delinquir, a aprovecharse o a vivir del cuento. Es natural. No molesta el chino que abre un comercio, el marroquí que tiene un kebab, o el hispanoamericano que regenta una frutería o que trabaja en un bar. Lo que incomoda es el fraude, el delito, el abuso y la mentira.

La ciudadanía distingue perfectamente a unos de otros, y repudia la ocultación de la verdad. Por eso no tolera que le oculten la nacionalidad de origen del delincuente. Es un contrasentido. Cuanto más esfuerzo se hace por esconder que el agresor es de otro país, mayor es el impacto negativo. Para esto me remito a los últimos años, cuando se han utilizado eufemismos como «jóvenes» para referirse a los delincuentes de otra nacionalidad. El ardid era tan burdo que resultaba insultante para la inteligencia de la ciudadanía. Este fenómeno de ocultación y de blanqueamiento ha pasado incluso con los actos terroristas ocurridos en Europa. Tras un atentado siempre salía un periodista o un político que decía: «Esto va a beneficiar a la extrema derecha». El resultado ha sido mucho peor porque ha mostrado una (supuesta) complicidad entre las élites gobernantes y los inmigrantes ilegales, que ha alimentado el discurso de los nacionalpopulistas.

Quizá por eso el universo progresista sacó el argumento psicológico con ese arsenal de programación neurolingüística que tanto les gusta. De esta manera cambiaron las palabras. Quedó como algo de «fascistas» el hablar de «inmigración» e «inmigrantes» porque a su entender tiene una carga peyorativa. No obstante, el diccionario de la RAE es muy claro en la distinción entre emigrante –el que se va–, inmigrante –el que viene–, y migrante –el que migra–. Si nos fijamos en los discursos políticos, académicos y periodísticos, se ha impuesto «migrar» y «migrante», y se ha excluido el resto de denominaciones por una cuestión ideológica.

«La discordancia incita al repudio porque es demasiado chirriante la distancia entre el relato oficial y lo que piensa la gente»

La manipulación es tan evidente que la gente piensa que la tratan como si fuera idiota. No solo parece que el Gobierno es permisivo con el ilegal y la mafia que lo trae, sino que obliga a pagar su manutención y dice qué palabras tiene que usar para referirse al fenómeno. La discordancia incita al repudio porque es demasiado chirriante la distancia entre el relato oficial y lo que piensa la gente.

Una vez que han fallado los argumentos económicos y psicológicos, el universo progresista ha introducido el sentimental y pseudohistórico. Es entonces cuando han tomado el discurso posmoderno y dicen que Europa, y Occidente en general, están en deuda con África y el resto del planeta. Los occidentales son culpables, dicen, de la situación de esos africanos, americanos y orientales. Toca ahora, alegan, resarcir esa deuda histórica sin rechistar, pidiendo perdón y poniendo dinero. Este argumento se ha sacado en los últimos años toda vez que la idea de la alianza de civilizaciones fracasó hace mucho.

De ahí las campañas para resignificar negativamente el pasado de Europa, sus tradiciones, legado, hombres y mujeres, las grandes gestas y creaciones. El conjunto, dicen estos progresistas, debe ser revisado y corregido ya que la historia es la crónica de los dominadores contra los dominados. Occidente, se atreven a decir, se ha gestado sobre la ruina de África, América y el resto del universo. Este argumento tiene un alcance mayor que cualquier otro, es el armamento pesado después de que los otros razonamientos hayan pinchado en hueso. La gravedad estriba en sostener que la única motivación para que la inmigración siga descontrolada y puesta en manos de mafias es que Occidente es el error de la historia de la Humanidad que hay que corregir ahora trasladando otros mundos a este sin poner condiciones.

Esta idea es la más dura porque consiste en pedir a los europeos que sacrifiquen sus señas de identidad en beneficio de no se sabe qué. O se sabe muy bien pero da vértigo decirlo. Por eso, mientras circula el discurso oficial que da un aire romántico y fructífero al inmigrante ilegal, hay personas que se sienten perjudicadas porque sufren la delincuencia de algunos de los de abajo y el desprecio de los de arriba.

Y esto no es cosa de «fachas». En una encuesta de Sigma Dos del 14 de julio de este año, casi el 70% está de acuerdo en deportar a los «migrantes» que hayan entrado de forma ilegal o que cometan delitos. Por supuesto, los electores de PP y Vox lo tienen claro, pero también la mayoría de los que votan al PSOE, ya que un 57,1% opina lo mismo. Por tanto, harían bien los partidos en buscar una solución de Estado para una circunstancia que es vista como un problema por la inmensa mayoría. El resto es charlatanería o estrategia electoral irresponsable.