Cuando el poder controla a la prensa

El poder siempre ataca a la prensa. A veces lo hace mejor, otras peor. A veces no se le nota (la seduce en vez de amenazarla), otras es explícitamente hostil. También para ser autoritario hay que saber. Esta semana, un juez de Tarragona ha imputado a Cristóbal Montoro por presuntamente beneficiar a empresas del gas cuando era ministro de Hacienda con Mariano Rajoy. Lo acusa de «cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental».

Montoro fue un ministro que usó su poder no solo para lucrarse supuestamente, sino para perseguir a sus enemigos, entre ellos periodistas. El periodista de Abc Javier Chicote, que desveló la trama de corrupción en Hacienda, ha relatado que la Agencia Tributaria hizo un informe prospectivo sobre él en busca de información fiscal comprometedora. «La cúpula de la Agencia Tributaria llegó a buscar hasta en la herencia de mi padre fallecido en 1999», tuiteó. Algo parecido ha narrado el periodista Federico Jiménez Losantos.

El periodista de Onda Cero Carlos Alsina también tuvo un encontronazo con el ministro, como comentó esta semana. «Soy el ministro de Hacienda, ¿entiendes?, yo decido el IVA del libro digital y no creo que a los accionistas de tu grupo editorial les guste que se lo suba, tenlo en cuenta», le dijo en una reunión que organizó Montoro para reprocharle a Alsina las críticas a su gestión.

Es un fenómeno recurrente. El director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (más conocido como MAR), ha protagonizado varios episodios. Quizá su encontronazo más grave fue en 2024 con El Diario, que publicó la evasión fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Rodríguez le dijo a una periodista del medio: «Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den». «¿Es una amenaza?», le preguntó la periodista. «Es un anuncio», respondió Rodríguez. Son tácticas mafiosas.

«Sánchez ha sido un presidente opaco y abusón; basta con ver cómo trata a medios críticos en sus ruedas de prensa»

El Gobierno de Pedro Sánchez, por su parte, hace un ataque a la prensa más global y sistemático. Todos los medios que el año pasado desvelaron las presuntas corruptelas o irregularidades de su mujer, según él, eran de ultraderecha. Su amago de dimisión fue consecuencia de esas informaciones. Sánchez ha sido un presidente opaco y abusón; basta con ver cómo trata a medios críticos en sus ruedas de prensa. Esta semana el periodista Pablo Haro tuiteó un ránking de los medios que preguntan al Gobierno en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Los dos periódicos que han desvelado la corrupción del gobierno en los últimos años, El Confidencial y THE OBJECTIVE, aparecen el primero con una pregunta y el segundo con cero.

Para intentar neutralizar a los medios que desvelan constantemente sus corruptelas, el Gobierno quiere aprobar una ley para limitar el acceso al Congreso a «agitadores» y «pseudoperiodistas ultras». Es una propuesta que puede sentar un peligroso precedente. ¿Quién decide qué es un «pseudoperiodista ultra»? ¿Cómo se valora eso? ¿Dónde está el límite? Es comprensible que el límite esté en la «buena educación» o la «cortesía». Pero a veces con la excusa del protocolo se limitan libertades.

Cuando Daniel Gascón señaló en una reciente columna en El País lo peligroso de esa posible reforma, decenas de periodistas, muchos de ellos de su propio periódico (algunos lo tratan como si estuviera invitado o de alquiler en El País, cuando lleva ya casi una década) se le lanzaron al cuello. Se produjo entonces una situación irónica: un periodista acosado por otros periodistas por no ser suficientemente duro con los acosadores. No entendieron que su texto no era una defensa de personajes infames como Vito Quiles, sino una advertencia sobre lo que ocurre cuando es «el poder quien fiscaliza a la prensa». Es una lógica quizá muy sofisticada para muchos periodistas unidimensionales. Implica una defensa adulta y realista de la libertad de expresión, que es un valor democrático frágil. Cuanto menos la limitemos, mejor. Como termina Gascón, «la libertad exige sacrificios odiosos, pero la alternativa es peor».