The Objective
Antonio Elorza

El desguace del Estado

«En espera de un referéndum de autodeterminación, podemos augurar un tránsito aconstitucional del Estado de las autonomías hacia un Estado confederal asimétrico»

Opinión
El desguace del Estado

Ilustración de Alejandra Svriz.

El episodio tuvo lugar hace ya medio siglo. Nuestros amigos estaban justificadamente orgullosos de su hijo Carlos, así llamado por San Carlos Marx, muchacho serio y buen estudiante, hasta que un día recibieron una sorpresa. Apenas llegado a casa, el muchachito les espetó: «¡Papá, mamá! ¡En el colegio hay una puta!». De inmediato le reconvinieron por tal afirmación, pero con la lógica preocupación de saber como un chico tan sensato podía decir eso. Y Carlos se lo explicó: «¡Nos lleva a los baños para que la toquemos las tetas!». A pesar de ello, aunque ya asustados, insistieron en que no cabía la etiqueta del más viejo oficio del mundo. La explicación final disipó cualquier duda: «¡Es que nos cobra cinco duros!».

En el plano político, una forma de prostitución semejante ha sido ejercida por el PNV durante décadas. Amparándose en los sacrosantos derechos de la independencia originaria, a su juicio actualizados por la disposición adicional primera de la Constitución, los patriotas vascos han llevado a cabo una aplicación sumamente ventajosa del régimen de concierto económico, alcanzando una situación de asimetría y privilegio fiscal. Lo probó, cifras en la mano, Ángel de la Fuente en su artículo Sobre el pacto fiscal y el sistema de concierto, de 2012, a favor de la publicación de los datos sobre el tema de 2007.

El balance era inequívoco. La región más rica de España (con Navarra a su lado en menor escala) «está siendo subvencionada por territorios que en promedio son más pobres», entre ellos Cataluña. Amén de no entregar contribución de solidaridad, unos 2.000 millones, las ventajas obtenidas por los vascos con el sistema eran de 4.500 millones de euros, casi un 7% del PIB vasco. Una financiación por habitante superior en un 60% como media a las regiones de derecho común. En suma, un buen negocio, amparado en pergaminos del pasado, pero donde contaban y cuentan por encima de todo los cinco duros.

Esa estupenda ventaja, consagrada a estas alturas como derecho natural solo ampliable -está al caer la Seguridad Social-, no se obtenía por la cesión de la recaudación fiscal, supuesto sin embargo necesario para el montaje de la desigualdad, sino mediante el cálculo del cupo, por los servicios ejecutados por el Estado en territorio vasco, el cual, aplicando los servicios políticos prestados por el PNV al Gobierno de turno, no se calcula, sino que se acuerda, con la consiguiente distorsión favorable a los nacionalistas.

La situación es injusta, pero soportable, y el resto de los españoles se ven compensados por la calidad de la cocina vasca y de sus pintxos. Así todos felices. El problema de la aplicación de dicho sistema a Cataluña, y con las mismas intenciones de fondo, es que por la mayor dimensión económica del Principado sus efectos son ya mortales de necesidad. En 2012, De la Fuente calculaba ya que los 4.500 millones pasarían a ser 16.000 en Cataluña. Para 2022, el incremento de ingresos tributarios para Cataluña sería, según el mismo autor en El País, de 30.000 millones en detrimento del Estado, más una pérdida adicional de 2.000 millones.

«Ricos al privilegio, pobres a subvencionarles. Tal es la fórmula del socialismo versión sanchista»

Por lo demás, tampoco cabe suponer que los independentistas catalanes van a dejar de practicar las mismas argucias que los vascos para calcular el cupo por el intercambio de servicios. Y de paso, palos a Ayuso y a su comunidad, porque ya se sabe que Madrid nos roba, aunque un socialista catalán, Josep Borrell, probara todo lo contrario en Las cuentas y los cuentos de la independencia (2015). Es lógico que Borrell juzgue hoy que establecer la singularidad catalana sería «un grave error».  Para cerrar el círculo, otras regiones ricas, con Valencia a la cabeza, se sumarían al delirante ejercicio de «generalización» y «federalismo» puesto en marcha por Pedro Sánchez para obtener la supervivencia por un puñado de votos. Ricos al privilegio, pobres a subvencionarles. Tal es la fórmula del socialismo versión sanchista.

En definitiva, cabe pensar que sin pasar por ninguna de las exigencias de la Constitución, van a ser vulnerados todos sus artículos que consagran las exigencias de igualdad y solidaridad entre ciudadanos y territorios: artículos 14, 40.1, 138.2, 139.1, 156.1. Para Pedro Sánchez, con Conde-Pumpido a sus espaldas, todo eso son pelillos a la mar.

Puestos a buscar un punto de llegada algo concreto, en espera de la siguiente etapa, el posible referéndum de autodeterminación solapada, podemos augurar un tránsito aconstitucional del Estado de las autonomías hacia un Estado confederal asimétrico y en las puertas del caos. Lo único meridianamente claro sería la consagración de la injusticia económica, del reino de la desigualdad entre ciudadanos y territorios.

El desmantelamiento financiero del Estado es un lógico complemento de la desvirtuación en curso, paso a paso, de las instituciones democráticas, sometidas a la vocación absolutista del presidente. Ni siquiera hace falta acometer una descripción puntual de cómo: a) la separación de poderes resulta sometida a la voluntad de un hombre, con la acción legislativa sustituida por negociaciones conspirativas del Gobierno, incluso con protagonismo de quienes se rebelaron contra el orden constitucional; b) las dos claves de bóveda del judicial, Tribunal Constitucional y Fiscal general del Estado, meros instrumentos de la voluntad presidencial, y c) el propio partido de gobierno reducido a una sumisión absoluta de tipo soviético. 

«El cieno de la corrupción que rodea al Gobierno no es sino un aliciente más para intensificar el autoritarismo»

En este orden de cosas, el efecto de destrucción va aún más allá de ese «partido ejemplar» de dirigentes corruptos, en la medida que ni siquiera el principal partido de oposición puede ejercer normalmente su labor, al ser objeto de una ofensiva y de una descalificación permanentes, lo cual provoca a su vez que sus actuaciones y sus palabras lleguen al borde de la violencia política. ¿Para qué va a argumentar el portavoz de un partido constitucional si, diga lo que diga, solo va a encontrarse con el menosprecio y el insulto? Para Vox, un futuro venturoso. Y la convivencia democrática, en caída libre. 

Sin excepción, los aspectos de la vida del país acaban así contaminados por la dimensión totalitaria de la actuación de un autócrata. Quedan solo en pie la autonomía judicial, siempre en entredicho desde el Gobierno y ya amenazada por los nuevos proyectos de ley, y la libertad de expresión, fuera del campo bajo estricto control estatal. El cieno de la corrupción que rodea al Gobierno, no es sino un aliciente más para intensificar el autoritarismo y cerrar los resquicios de libertad y de justicia que siguen amenazando a la dictadura de Pedro Sánchez. Para ello cuenta con la colaboración de los grupos nacionalistas, dispuestos a sacar partido de la debilidad del Gobierno, dando golpes decisivos al principio constitucional de igualdad.

El Estado se convierte de este modo en objeto de una venta a plazos donde el principio de igualdad económica interterritorial está al borde de la desaparición. Por parte catalana, al instaurar el privilegio disfrazado de «singularidad»: el fin de la caja común tributaria. Y no solo eso. Por parte vasca, el fin de la caja común en la Seguridad Social, a favor de la Comunidad más rica. Si ambas concesiones se materializan, supondrían dos hachazos decisivos al madero constitucional, el punto de partida para un auténtico desguace del Estado. 

Por fin, sería ingenuo pensar que esa ofensiva contra el Estado va a dejar de lado a la política internacional de España; encerrada por un lado en un pragmatismo vergonzante para los gastos en Defensa y la contribución a la OTAN, y por otro en el abandono de la política tradicional en el Norte de África, sin obtener compensación alguna de Marruecos. Sánchez parece ignorar que tenemos un vecino al Sur, comprometido en un riguroso irredentismo sobre Ceuta y Melilla, y que ya no contamos con el desequilibrio militar favorable del tiempo de Perejil. Preocupado nuestro hombre porque en Europa pueda cantarse el Baixant de la Font del Gat, el problema es ignorado hasta parecer inexistente. Y es que en rigor el Estado español, para Pedro Sánchez, no existe.

«De cara a Europa, y con la oportuna máscara, Sánchez asume el miserable papel de actuar como nuestro primer secesionista»

Y es que acudiendo al símil islámico, del mismo modo que los creyentes son esclavos de Alá, Pedro Sánchez es esclavo voluntario de Puigdemont. En la reunión europea del viernes, no existieron para el representante español ni Israel ni Ucrania: lo esencial era oficializar en la UE el catalán -y a su lado el euskera y el gallego- para que no estuviesen discriminados 20 millones de españoles (sic). España, léase Sánchez contra España, no admitía dilación, ni «secuestro» del tema. Puesto a falsificar, el Secretario de Estado de Albares, argumentó que se trataría de proyectar sobre Europa «la identidad nacional plurilingüe» vigente en España, cuando en la Constitución el español es el único idioma nacional. Los otros pueden ser oficiales de Comunidad, no del Estado. Sugiere, nueva falsedad, que los tres idiomas periféricos son «oficiales» en la Constitución, cuando esta ni siquiera los menciona.

El Gobierno muestra así su firme voluntad de que en la UE sea reconocida la premisa lingüística necesaria para la aspiración de nacionalistas catalanes, vascos y gallegos de constituirse en Estados, previo desmantelamiento del orden constitucional. De cara a Europa, y con la oportuna máscara, Pedro Sánchez asume con empecinamiento el miserable papel de actuar como nuestro primer secesionista. Puigdemont, y a su lado Junqueras, deben estar satisfechos ante tan fiel servidor.

Sin éxito hasta ahora, Sánchez trata de extender a Europa lo que no existe legalmente en España, salvo de modo fraudulento en el Congreso. Asume una vez más una variante degradada del axioma cartesiano: «Miento, luego existo». Sin otro fundamento que recibir los cinco duros del cuento que abría este artículo, el pago de un puñado de votos imprescindible para seguir mandando, a costa del despiece del Estado y de sus símbolos.

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