Montoro

El miércoles pasado conocimos que el que fue todopoderoso ministro de Hacienda desde diciembre de 2011 a junio de 2018, Cristóbal Montoro, estaba siendo investigado por los presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, falsedad documental y negociaciones prohibidas.

La noticia se conoció tras levantarse el secreto del sumario sobre esta causa, abierta en 2018. Lo que quiere decir que ha sido muy larga la investigación judicial contra Montoro y contra Equipo Económico, la asesoría fiscal que él había fundado.

Todo comenzó cuando un juez de Tarragona, que investigaba a una empresa gasista, localizó unos correos electrónicos de los directivos de esta empresa en los que se indicaba que había que acudir a Equipo Económico para conseguir, a través de iniciativas legislativas del Gobierno, bonificaciones de la factura eléctrica.

Montoro, según la investigación, impulsó esas reformas legislativas que supusieron importantes rebajas fiscales para las empresas gasistas. Esas empresas abonaron, siempre según la instrucción, casi 780.000 euros a Equipo Económico.

Pero no sólo eso, sino que el juez mantiene abiertas otras piezas separadas con base en correos electrónicos que apuntarían a presuntas maniobras de Hacienda para entorpecer investigaciones que pudieran perjudicar al PP o, en sentido contrario, impulsar actuaciones para hacer daño a rivales políticos, entre los que podíamos estar compañeros suyos de partido.

«Con instrucciones casi infinitas, no hay manera de contar con una Justicia como Dios manda y el sentido común exige»

Lo primero que llama la atención de esta noticia es el muchísimo tiempo que lleva el juez instruyendo este caso. Eso nos obliga a recordar que el Gobierno de Mariano Rajoy llevó a cabo una reforma para acortar los plazos de las instrucciones, limitando a seis meses el tiempo de cada instrucción. Un tiempo que, si fuera necesario, podría ampliarse hasta 18 meses, pero no más, porque se consideraba -y seguimos considerando- un escándalo instrucciones que pueden llagar a diez o más años -y no tenemos más que ver ésta-.

Pues bien, esta instrucción ha durado casi ocho años porque en 2020, el entonces ministro Campos, ese jurista que ahora hace la ola a Conde-Pumpido en el Tribunal Constitucional, cambió la norma para volver a un límite de 12 meses para los casos normales, pero permitiendo que en algunos casos ese máximo quedara indefinido. Y no cabe la menor duda de que con instrucciones casi infinitas, no hay manera de contar con una Justicia como Dios manda y el sentido común exige.

No sé en qué quedarán las investigaciones incoadas por este juez ni sé lo que puede haber de verdad en los presuntos delitos por los que se ha puesto en marcha esta causa. Lo que sí sé es que, en mayo de 2015, en vísperas de las elecciones municipales en las que yo encabezaba la candidatura del PP al Ayuntamiento de Madrid, me encontré con que mi declaración de la renta del año 2013 se había hecho pública.

Y, aunque estaba correctamente hecha, esa publicación provocó una inmediata caída en la intención de voto hacia mi candidatura, según comprobamos en las encuestas que día a día hacía nuestro equipo electoral. Probablemente porque esa declaración de la renta correspondía a un año en el que estuve excedente como funcionaria y, trabajando en una empresa privada y participando en diversos medios de comunicación, obtuve unos ingresos muy superiores a los de todos los demás años de mis 73 de vida: 350.000 euros

«Montoro no estaba nada contento conmigo porque yo había expresado mi desacuerdo con la política fiscal que estaba llevando a cabo»

Aquella filtración, que, además de ilegal, tuvo esos efectos negativos para los intereses electorales del PP de Madrid, hizo que yo intentara averiguar el cómo y el porqué se había producido. Y, pese a presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado, telefonear al ministro, que no se puso, y al presidente del Gobierno, con el que sí hablé, han pasado diez años y aún no he conseguido saber quién entró en el sistema informático de Hacienda, que es el más protegido por contener las declaraciones de la renta, y por eso cualquier entrada requiere un código que deja huella.

De lo que no tengo dudas es de que Montoro no estaba nada contento conmigo porque yo había expresado públicamente mi desacuerdo con la política fiscal que estaba llevando a cabo desde que en diciembre de 2011 había llegado al ministerio. Porque no olvidemos que, en contra del programa electoral con el que el PP obtuvo una mayoría absoluta aplastante en las elecciones generales de noviembre de ese año, en el que se preconizaba bajar los impuestos, Montoro, no sólo no los bajaba, sino que presumió de subirlos más de lo que figuraba en el programa de Izquierda Unida.

El caso Montoro, aparte de lo que la justicia acabe dictaminando sobre su comportamiento personal, nos obliga a reflexionar sobre los límites que los responsables públicos no pueden traspasar en el ejercicio de su poder. Parece muy fácil enunciarlo: nunca un político podrá tomar una decisión en busca de su interés personal ni del interés de un grupo particular y, menos aún, si es en favor de su partido político o de alguno de los líderes de ese partido.

«La Ley de Amnistía es un acto que sólo persigue el interés personal de nuestro aspirante a ser el Maduro europeo»

Es muy fácil enunciarlo, pero no tan fácil controlarlo. Se podrá hablar del caso Montoro, pero tengo la certeza de que, al lado del caso Sánchez, lo del exministro del PP es mucho menos significativo desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo.

No tenemos más que ver cómo el letrado de la Comisión Europea ha expresado con rotundidad absoluta que la Ley de Amnistía es un acto que sólo persigue el interés personal de nuestro aspirante a ser el Maduro europeo y los intereses de unos golpistas que han sido los políticos que -junto a los etarras y sus sucesores- más daño han hecho a la convivencia de los españoles. Y la Ley de Amnistía es sólo un ejemplo más de todo lo que lleva haciendo Sánchez desde hace siete años en el poder.

Lo que no quita para que, como cualquier español de bien, yo quiera que lo más pronto posible se aclare exactamente lo que hizo Montoro. Y que también lo más pronto posible los españoles podamos decir qué pensamos de Sánchez y su banda de Frankenstein, con Ábalos y Cerdán de muñidores de sus trapacerías, consistentes presuntamente en utilizar el poder para intereses particulares.