El amigo de 50 millones de Zapatero

Hace poco más de un año del autogolpe de estado que dio el narco dictador Nicolás Maduro tras haber sido barrido en las elecciones presidenciales por la oposición. Por si se le ha olvidado a alguien, sea en la Moncloa o en Exteriores, Maduro nunca enseñó las actas electorales, algo que sí hizo la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que consiguieron recopilar casi el 85% de las actas a través de testigos y miembros de mesa. Tuvieron la precaución de digitalizarlas, publicarlas en una web y luego trasladarlos a lugar seguro en Panamá para que no pudieran ser destruidas.

Los datos de esas actas eran apabullantes. A pesar de los ocho millones de exiliados venezolanos por todo el mundo, que en su mayoría no pudieron votar, González habría obtenido dos tercios de los votos, con una ventaja de más de cuatro millones sobre Maduro. Lo que pasó a continuación fue el terror puro. Maduro se negó a reconocerlo y empezó la persecución y encarcelamiento de miles de opositores. Maduro se recreó en la violencia hasta el extremo de forzar, con la ayuda de Zapatero, la salida a España del candidato opositor. La heroica María Corina Machado vive desde entonces en la clandestinidad.

La justicia venezolana dominada por el chavismo desde los 90 no dudó en aliarse al golpista. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano anunciaba indecentemente que las actas electorales del también chavista Consejo Nacional Electoral, y que nunca fueron publicadas, quedaban bajo su mandato, pero que tampoco las haría públicas. Terrible el golpe a la esperanza democrática de millones de venezolanos dentro y fuera del país. 

Pero no tan sorprendente. La degeneración política de Venezuela era ya desde hacía tiempo una degeneración criminal. Una transición democrática a un Estado de derecho obligaría a toda la casta criminal chavista a ser encarcelada. No hay muchas soluciones internas. Maduro, apoyado en unas fuerzas armadas que tienen casi más generales que todos los países juntos de la UE, transformó las estructuras del estado en estructuras más parecidas a las de los carteles del narcotráfico.

Una gran parte de la cocaína colombiana se canaliza desde hace muchos años a través de la frontera venezolana para ser comercializada por la estructura chavista. No es nuevo. Hace 20 años el difunto Hugo Chávez reunió a sus dirigentes de Inteligencia con los máximos responsables de la guerrilla colombiana de las FARC con la idea de combatir a Estados Unidos, «invadiéndola de cocaína», así lo denunció en su día la DEA, la agencia norteamericana de lucha contra la droga, y el Departamento de Justicia de EEUU.

La relación de Chávez se trasladó a Maduro. Hasta dos sobrinos de la esposa del presidente venezolano fueron condenados en 2016 por narcotráfico en Estados Unidos. Desde hace años la DEA ha apuntado directamente a la dirección personal de Maduro de toda la red criminal. Una lista con decenas y decenas de políticos chavistas y generales que sufren sanciones económicas, restricciones de visas y bloqueos de sus cuentas. Entre ellos, los que de hecho son considerados los números dos y tres de la dictadura, Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y secretario general del PSUV, y Vladimir Padrino López, ministro de defensa. 

Ahora Estados Unidos eleva la presión y los Departamentos de Estado y de Justicia ofrecen 50 millones de dólares por información para la detención de Maduro, al que consideran capo del cartel y uno de los mayores narcotraficantes del mundo. Una cifra que duplica la que se ofreció en su día por Bid Laden. Para la administración Trump, Maduro «ha liderado durante una década el Cártel de los Soles, responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos».

En los últimos meses, EEUU ha calificado como terroristas a los seis principales cárteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana. También a la banda venezolana Tren de Aragua y a la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13). Y en las últimas semanas se agregó a la lista al Cartel de los Soles, el que, según Washington, estaría liderado por Nicolás Maduro.

Caracas lo niega todo, pero las detenciones y operaciones antidroga lo confirman hasta tal punto que lo han incluido en la clasificación de los carteles narcos que ha hecho la administración Trump. El objetivo sería tener controlados y clasificados a los carteles como grupos terroristas, porque según publica The New York Times, Trump habría firmado una orden presidencial secreta para que el Pentágono pueda llevar a cabo operaciones militares directas y unilaterales en territorio extranjero, por esa consideración de grupos terroristas. 

Maduro lleva años esquivando sanciones y bloqueos de Estados Unidos y la UE. Para ello se ha refugiado, y de paso hipotecado el país por décadas, con China, Rusia o Irán. Los bloqueos que venía sufriendo Venezuela por su carácter dictatorial fueron suavizados en los últimos meses de la presidencia de Biden tras la invasión rusa de Ucrania que puso en valor el petróleo venezolano. Ahora, con Trump, todo ha cambiado. Por un lado, la presión política y económica tras el autogolpe y por otro, la presión policial contra el narcotráfico del que Washington asegura tener probadas y diversas evidencias.

En los últimos tiempos la DEA ha confiscado aproximadamente 30 toneladas de cocaína vinculadas directamente a Maduro y sus asociados. De ellas, siete toneladas están relacionadas específicamente con el dictador. También la DEA ha incautado más de 700 millones de dólares en activos del presidente venezolano. Entre ellos, dos aviones privados, nueve vehículos y otros bienes de alto valor. Estas propiedades serían fruto del narcotráfico ejercido directamente por Maduro.

Y esto es solo parte del dinero de Maduro que se ha podido localizar y bloquear por su relación con el narco. Seguramente una nimiedad al lado del saqueo de un país muy rico en recursos naturales, con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero con una desastrosa gestión que ha destruido su capacidad de producción y ha llevado a casi al 90% de su población a umbrales de extrema pobreza.

El racionamiento y la miseria en la que vive el pueblo convive con una elite criminal, de militares y chavistas, que alardea de coches de lujo y consumos caprichosos de multimillonarios que están obligados a consumir dentro de Venezuela porque fuera no pueden sacar el dinero por sanciones. No todos. Muchos corruptos de las primeras épocas de Chávez sí lo consiguieron sacar.

Con el autogolpe de Maduro, uno de sus mejores amigos internacionales y al que había designado incluso observador calló. El que se autopropuso como mediador entre Maduro y la oposición y acabó convertido en defensor, y amigo del alma, del dictador no quiso condenar el golpe. José Luis Rodríguez Zapatero nunca ha condenado los casi siete mil asesinatos políticos que según Derechos Humanos de Naciones Unidas se han producido en Venezuela durante los mandatos de Maduro. Tampoco ha defendido nunca a María Corina Machado de la persecución que sufre por el régimen. Y si participó en la salida a España del candidato opositor fue con más ganas de que el ganador de las elecciones saliera del país que de cualquier otra cosa.

Zapatero ha callado siempre cuando se trata de defender la democracia o los derechos humanos en Venezuela. Nadie sabe las razones. Mucho se dice, pero no se ha podido todavía demostrar nada. Ahora la justicia norteamericana ofrece 50 millones de dólares por información para detener a su amigo Maduro. El lobista prochino, el interlocutor de Puigdemont en Waterloo, el hombre con el que empezó la tormenta del procés, seguro que tampoco hablara esta vez. Zapatero tiene con Maduro centenares de fotos, decenas de reuniones públicas y oscuras y secretas negociaciones. Nunca se ha avergonzado de esa vergüenza. Ahora ya puede incluso alardear de que tiene un amigo que vale 50 millones de dólares.