Los falsos títulos

Es sorprendente que la mayor densidad de currículos falsos se dé en la única profesión que no exige ninguna capacitación. Para ejercer cualquier puesto en la administración pública hay que acreditar un mínimo de formación. Cada nivel exige desde tener el graduado escolar hasta licenciaturas, grados, máster o doctorados. Sólo existe una excepción de demostración de título para la función pública: el cargo público. Para ser cargo público sólo se requiere ser mayor de edad, no tener incapacidad legal y ser elegido por los ciudadanos. No hace falta nada más. Incomprensible pero cierto.

Hay que reconocer que, a menudo, para formar parte de una lista electoral la exigencia es mayor a la de un título. Hay que someterse a la máxima humillación personal ante el responsable de elaborar las listas electorales. Muchos son los que asumen su condición de Fernando Galindo, aquel histórico personaje interpretado por José Luis López Vázquez en Atraco a las tres (1962), que decía: «Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo». La gran ventaja de los jóvenes ‘Fernandos Galindos’ es que, mientras los de su edad están de verdad en la universidad dedicando su tiempo, su esfuerzo y su sacrificio al estudio para obtener el título académico, ellos están medrando en el partido ocupando los puestos de las listas electorales. Y cuando llegan los formados —los titulados— ya no hay sitio. Están los «Fernandos Galindos» quienes, para acrecentar su valía, se autoproclaman licenciados de pensamiento y palabra. De obra no, porque medrar en la política no deja tiempo para estudiar. Así se produce la real omisión de títulos y la mentira curricular. Una frase histórica, a la vez que lamentable, que se atribuye a Tierno Galván es la de que «los programas electorales están para no cumplirlos». Ahora habrá que normalizar respecto a los políticos que «los títulos universitarios y másteres están en los currículos, pero no en la realidad».

Una cosa es mentir, decir que se tiene lo que no se tiene. Y otra cosa muy diferente es falsificar el documento público que acredita el título. La mentira tiene una responsabilidad política. La falsificación, además de la responsabilidad política de la mentira, tiene una responsabilidad penal. La falsificación de un documento público, un título universitario, es un ilícito por una conducta dolosa con premeditación.

Ha sido Óscar Puente —osado portacoz que también tiene un Master inexistente— el que levantó la veda de la falsedad curricular para atacar a la entusiasta diputada popular Noelia Núñez que se atribuía la, nada desdeñable, cantidad de tres titulaciones universitarias. Ella dijo que era un error. No. Era una mentira muy zafia. Y más en un tiempo en el que todo se sabe y puede comprobarse. Fue el ministro del PSOE el que levantó la veda. Fue Óscar Puente quien inició la «cacería humana» sin ser consciente de que, dado el pistoletazo de salida, nadie sabe hasta dónde puede llegar la cacería. Puente quizá lo haya hecho adrede para eliminar rivales políticos de su propio partido, teniendo en cuenta el nivel de los Patxi López, Pilar Bernabé y compañía. En el gobierno del que forma parte abundan los «ridiculum» falsos y bajo sospecha. Sin ir más lejos, Yolanda Díaz ha dicho, para justificar sus estudios, que es «master en todo». Y después de eso, se ha ido de mariscada — con los periodistas de opinion sincronizada— tan tranquilamente.

Óscar Puente no contaba con que el presidente del PSPV, José María Ángel, comisionado del gobierno para la dana, además de mentiroso era un falsificador de documento público, con el que consiguió plaza de funcionario del grupo D, con los beneficios oportunos de sueldo y trienios, que hemos pagado todos, robándoselos a cualquier legítimo titulado que debería haber sido adjudicatario de su plaza. José María Ángel no lo hizo solo. Su mujer está investigada por otra falsificación curricular ocupando puesto público de forma ilícita sin tener la cualificación pertinente. 

El intento de suicidio de José Maria Ángel ha servido para poner en evidencia la ética y la moral de los socialistas que están presididos por Cristina Narbona, quien, durante décadas, fue doctora sin haber hecho el doctorado. Las frases de apoyo Ángel son lapidarias y en un país serio deberían suponer la dimisión de sus protagonistas. Empezando por la Ministra de Universidades, quien, además de quitar cualquier valor al título universitario para justificar el delito de la falsificación, ha transmitido su «afecto y su cariño en estos momentos tan duros, después de semanas de acoso». No ha habido acoso. Ha habido información sobre una escandalosa falsificación de documento público.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha escrito en X: «Las cacerías humanas tienen consecuencias, especialmente si la víctima es alguien que ha hecho de su vida un compromiso con la ética, la honradez, el servicio público y la honorabilidad en la política. Quienes han iniciado este repugnante linchamiento …» Refiriéndose a José Maria Ángel.

No es solidaridad, es la ética de la izquierda progresista. Cuando el que miente y falsifica un documento, con alevosía y continuidad, usurpando el puesto a un tercero, es un compañero, entonces supone «un compromiso con la ética, la honradez, el servicio público y la honorabilidad en la política». Fuera de la política ya. Lo que considera ético, honrado, servicio público y honor es incompatible con la legalidad, la decencia y la honorabilidad pública. Y el que inició esta «cacería humana», «este repugnante linchamiento», es Óscar Puente, ministro del mal llamado gobierno progresista, «portacoz» oficioso de Pedro Sánchez y del PSOE, partido del que es miembro el alcalde de Cullera.

No puede ser que por este intento de suicidio, la solución a este problema de mentira y falsificación curricular sea la aplicada a la educación con la LOGSE. Entonces, el PSOE, para que no hubiera fracaso escolar, estableció que el nivel de toda la clase debía ser el del más tonto. Y cuando no se llegaba a ese nivel, aprobado general o pasar de curso con todo suspendido. Lo que no puede ser es que para evitar intentos de suicidio de los compañeros políticos cazados en la mentira y/o falsificación, se dé un «titulado general» validando todos los currículos. Porque teniendo en cuenta que los títulos no son necesarios, qué más da. Pues da y mucho y deberían dimitir y renunciar a sus cargos todos aquellos que —da igual el partido y su ideología— hayan falsificado su currículo y ahora estén haciendo los oportunos ajustes. Es inadmisible.