Títulos falsos: farol o estafa

No sé por qué no aprenden. No se puede ser faltón cuando se tiene el techo de cristal. Eso es lo que les pasa a los sanchistas. Han estado no sé cuánto tiempo vociferando contra Ayuso acusándola de ser responsable a título lucrativo del fraude fiscal de su novio porque duerme en un piso de su propiedad. Primero, habría que demostrar que ese ático se ha comprado precisamente con el resultado de la defraudación, porque Alberto González Amador posee, parece ser, más negocios y recursos, como lo prueba el hecho de que haya estado dispuesto a pactar con el fiscal y por lo tanto a pagar una cantidad igual o mayor que la defraudada. Digamos de paso que lo realmente escandaloso de este asunto es que se haya negado esta opción a un contribuyente cuando se concede a todos los demás.

Por otra parte, no parece que el beneficio de la señora Ayuso pueda considerarse un gran lucro porque viva -más bien duerma- en un piso de su novio. Pero lo más llamativo es que el presidente del Gobierno, jefe del sanchismo, tenía dentro del armario el cadáver de haberse lucrado –y eso sí que fue lucro importante– de las saunas de su suegro.

Igual está ocurriendo con la guerra de títulos que se está extendiendo por toda la clase política. El PSOE creía haber encontrado carnaza en el hecho de que una diputada y vicesecretaria del Partido Popular, Noelia Núñez, había incluido un título del que carecía en la declaración del currículum presentado en el Congreso. Hay que reconocer la reacción de la diputada fue ejemplar. Alguien diría que hasta excesiva. Según como se mire. Es lógico que a un político se le exija veracidad, pero comparado con todo lo que está aconteciendo parece un pecado venial. Un farol sin mayores consecuencias.

No obstante, una vez más, la ofensiva se ha vuelto contra los inquisidores y han empezado a emerger en las filas del PSOE bastantes políticos incursos en la misma falta, incluso Óscar Puente, que parece que fue el que inició la ofensiva o la delegada del Gobierno en Valencia. Por supuesto, ninguno de ellos ha dimitido. Más bien han intentado de uno u otro modo justificar  la fanfarronada. Y ya puestos, han ido surgiendo más y más casos en las filas de todos los demás partidos. Falsos títulos a gogó. Es una epidemia, y parece que estamos solo en los inicios del contagio.

Entre esta plétora de embustes en los currículos sobresale el de José María Ángel, que en estos momentos ocupaba el cargo de Comisionado del Gobierno para la dana de Valencia, funcionario de la diputación, que no es que mintiese sobre la posesión de un determinado título, sino que lo falsificó, aunque de una manera tan burda que escogió una carrera que no existía en la Universidad de Valencia en el momento de su expedición. Pero el agravante mayor se encuentra en que presuntamente dicho título fue empleado para adquirir una categoría en la administración local superior a su cualificación y a los estudios que poseía. Ya no estamos en presencia tan solo de un farol, un embuste, o de un alardear de algo que no se tiene, sino que nos encontramos ante una presunta estafa.

«La mentira está instalada como parte consustancial de nuestros diputados y cargos públicos»

Es necesario por tanto analizar los casos por separado, ya que las derivadas y enseñanzas son muy distintas. Farol o estafa. La simple mentira en el currículum, con el mero objetivo de lucir lo que no se posee, pero sin que haya tenido implicaciones prácticas, al no ser exigible para el puesto que se desempeña, no pasa de ser eso, una fachenda, una jactancia estúpida. El fenómeno comienza a tener consistencia cuando el fingimiento adquiere cierta generalidad y se extiende como una ola el número de políticos que se aprestan a modificar sus currículos para no ser expuestos a la vergüenza pública.

Es esa cierta generalidad la que convierte el problema en preocupante y habla muy mal de nuestra clase política. En primer lugar, porque se hace patente que la mentira está instalada como parte consustancial de nuestros diputados y cargos públicos. Y, en segundo lugar, porque surge la sospecha de la pobreza intelectual de una buena parte de los políticos. Ellos mismos son conscientes de este extremo hasta el punto de estar acomplejados, y lanzarse en avalancha a disimular su falta de conocimientos.

Ciertamente, para ser ministro –mucho menos diputado–, no hace falta una carrera universitaria, pero cuando el tema se generaliza y sobre todo si se extiende también a muchos cargos que precisan conocimientos técnicos, la política, las leyes, el gobierno, la gestión se resienten y surge la más absoluta incompetencia. Muchas veces una mala gestión tiene para la sociedad consecuencias más negativas que la propia corrupción.

La actual guerra de títulos es tan solo el síntoma de algo mucho más grave. En la democracia española, pero supongo que también en la europea, se cumple la llamada ley de Gresham que los economistas aplicamos a la teoría monetaria: «La moneda mala expulsa del sistema a la buena». Aplicada a la política, diríamos que los políticos malos expulsan a los buenos. Se ha generalizado un fenómeno preocupante: la entrada en la actividad política se realiza a una edad excesivamente temprana. En muchos casos se abandonan los estudios y se renuncia a cualquier trabajo previo.

«Caso mucho más grave es el que se ha planteado con José María Ángel: ya no se trata de un farol, sino de una estafa»

Frecuentemente, la incorporación a las Juventudes Socialistas o a Nuevas Generaciones lleva aparejada con demasiada prontitud el acceso a cargos y prebendas, incluso a puestos en las administraciones locales o autonómicas. Hay quien dice que un cargo público puede enseñar más que una carrera, y puede ser que tenga razón, pero sería conveniente que con carácter general se llegue a los puestos ya aprendido y con cierta madurez. De lo contrario, los resultados pueden ser desastrosos.

Pero caso mucho más grave es el que se ha planteado con José María Ángel, tanto desde un punto de vista individual como de las creencias y conductas que descubre en determinados ámbitos políticos. Ya no se trata de un farol, sino de una estafa. La prueba de que lo es, en lo personal, sin juzgar la posible culpabilidad o inocencia, se encuentra en que el asunto está ya en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de falsificar un título con la intención de ocupar un puesto en la diputación de Valencia al que no se tiene derecho por el nivel de conocimientos que exige y que no se posee.

Si al caso particular del Comisionado para la dana y los apéndices que conlleva –hermana, padre, funcionarios implicados– añadimos lo ocurrido en Badajoz con la contratación del hermano de Sánchez, se extiende la sospecha de que la parcialidad y el favoritismo se encuentran muy presentes en la contratación del personal de las diputaciones y ayuntamientos y que incluso puede extenderse a las comunidades autónomas y a los entes y empresas públicas. Es más, existe la amenaza de que sea en la propia administración central en la que se quiera sustituir el sistema de oposiciones por mecanismos más manejables

No hay procedimiento más objetivo y menos discrecional que el sistema de oposiciones para garantizar el mérito y la capacidad de todos los funcionarios públicos. Un destacado administrativista escribió que las oposiciones han sido el único elemento democrático que permaneció durante el franquismo. Al menos en el tardo franquismo, la inamovilidad en el empleo de los cuerpos superiores fue un factor que incidió positivamente en la neutralidad de la Administración, y permitió ocupar puestos relativamente relevantes a funcionarios con ideología alejada e incluso opuesta a la del régimen.

«Pocos sistemas garantizan mejor la igualdad de oportunidades en cuanto al sexo y la situación económica que el de oposiciones»

En 1976, recién muerto Franco, fui testigo directo de la diferencia que había entre una Administración basada en las oposiciones como la española y la de otras Administraciones en las que el acceso se fundamenta en procedimientos más arbitrarios, como las que mantenían, al menos entonces, la mayoría de los países latinoamericanos. Trabajaba en el Servicio de Estudios del Banco de España y tuve que participar durante seis meses en el FMI en un curso de análisis monetario y política financiera, en el que el resto de los asistentes (excepto uno que también era español) eran latinoamericanos.

Como yo adoptase en público, con frecuencia, posturas críticas sobre las ideas y teorías que desde el FMI se vertían en el curso, aquellos de los participantes que habían adquirido más confianza conmigo se acercaban asustados a recomendarme más prudencia, pues temían que desde el Fondo escribiesen quejándose a las autoridades de mi país, y que estas me expulsasen de la Administración. Comprendí entonces la libertad que concedía haber ganado el puesto de trabajo por oposición, y al mismo tiempo la garantía de objetividad que otorgaba a los ciudadanos este sistema de acceso a la función pública.

Pocos sistemas garantizan mejor la igualdad de oportunidades en cuanto al sexo y la situación económica que el de oposiciones. Ha sido uno de los mecanismos más eficaces de movilidad social, permitiendo el acceso a puestos socialmente elevados a personas de extracción humilde. Y en cuanto al género, actualmente ingresan más mujeres que hombres en la función pública. En la Administración no ha sido necesario establecer ninguna regla de paridad para que el número de puestos de relevancia ocupados por mujeres sea mayor, o al menos igual, que el de los que mantienen los hombres.

Casos como el de José María Ángel o el de David Sánchez Pérez-Castejón o el de las distintas amigas de Ábalos crean enormes recelos sobre la forma de incorporar personal a las administraciones locales o a las empresas públicas. Pero el recelo se vuelve indignación cuando se conoce que el Gobierno, lejos de proponerse modificar la forma de acceso en todos estos ámbitos, proyecta eliminar en la administración central el proceso de oposiciones para sustituirlo por mecanismos mucho más subjetivos y discrecionales que permitirán al órgano seleccionador separarse de los criterios de mérito y capacidad y atender a otros más partidistas o doctrinarios.

La indignación aumenta y va unida a una cierta incredulidad cuando se escucha a la ministra de Universidades y candidata por el PSOE a presidenta de la Generalitat de Valencia defender y elogiar una estafa, la falsificación de un título universitario y la usurpación de un puesto de funcionario sin tener los requisitos exigidos. Sin duda, a los cargos públicos y muy especialmente al de ministro se debería llegar ya aprendido.