Un fiscal muy particular
«¿Qué dirá ‘don Alvarone’, un procesado cuya dimisión reclaman jueces y fiscales para salvar en lo que se pueda el prestigio de la institución?»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Hace algunos años, un amigo mío escribió un artículo que comenzaba destacando la paradoja que encontraba en el hecho de que un líder nacionalista catalán construyera una nación para esquilmarla. Yo le dije que me parecía un buen comienzo, pero el jefe de opinión de aquel periódico se lo rechazó porque le parecía “un artículo al uso”. Sin llegar a saber qué cosa es un artículo al uso, hubo dos aspectos de aquella anécdota que me llamaron la atención: la voluntad del líder catalán y el criterio del jefe de opinión.
Desde entonces, y aún antes, he tenido una debilidad por estas paradojas funcionales: el constructor del país que lo saquea, el bombero pirómano, el periodista que miente y el fiscal que perpetra los delitos cuya persecución tiene legalmente encomendada.
En esas estamos. Resulta que este viernes va a tener lugar en el Supremo el acto de apertura del Año judicial. Intervendrán, además del jefe del Estado, la presidenta, el alto tribunal y del CGPJ y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. ¿Qué dirá don Alvarone, un procesado cuya dimisión reclaman jueces y fiscales para salvar en lo que se pueda el prestigio de la institución?
El fiscal general, según el artículo 124 de la C.E., tiene por misión «promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales». Pero no se puede promover la justicia ni defender la legalidad mediante la vulneración de la ley, que es lo que Don Alvarone ha hecho. Presuntamente, que no se me olvide el presuntamente. Así lo establece el artículo 197 del Código Penal, aunque el presidente del Gobierno tiene otra opinión. La tiene sobre la jerarquía a la que debe someterse la fiscalía, según explicó el periodista de RNE, Íñigo Alfonso, a quien Sánchez manifestó su esperanza de que «el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la Justicia española» y que remató con aquella pregunta a su entrevistador: «¿La fiscalía de quién depende, eh?» A lo que el interpelado respondió mansamente: «Del Gobierno», para que el presidente abrochara la conversación: «Pues ya está».
A Sánchez le pareció indecente «ver cómo dirigentes del PP están diciendo que se va a imputar al fiscal general… Lo que ha hecho el Gobierno de España es liberar del secuestro al fiscal general del Estado», cuya actuación se había limitado a «defender a la Fiscalía de Madrid» por aclarar «un bulo» de Miguel Ángel Rodríguez. «¿Y se le va a imputar por eso al fiscal general del Estado?».
«¿Qué dirá el fiscal general? Su presencia en el acto y su discurso comprometen a todos los presentes, empezando por el Rey»
La independencia de los poderes del Estado no ha sido nunca una de las convicciones más firmes de los socialistas, desde que Alfonso Guerra comentara la Ley del Poder Judicial de 1985 con aquel juicio categórico: «Montesquieu ha muerto», que él siempre ha negado, pero que define con mucha precisión la actitud del PSOE frente a la Justicia: la muerte de la separación de poderes.
Por otra parte, en ningún artículo de la Constitución, ni del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice o insinúa que la función social de la Fiscalía sea deshacer bulos de la oposición, como parece creer el presidente del Gobierno. ¿Qué dirá el fiscal general? Su presencia en el acto y su discurso comprometen a todos los presentes, empezando por el Rey. Dicen los portavoces que no habrá una reacción por respeto al jefe del Estado, lo que constituye un error de bulto para gente con estudios. El pueblo llano ha sabido distinguir muy bien entre Sánchez y los Reyes cuando han comparecido juntos; no había confusión alguna entre los insultos al presidente y los vítores y aplausos a los Monarcas.
El PSOE ha nombrado fiscales a deshechos de la judicatura, como Cándido Conde-Pumpido que aun hoy sigue sirviendo a la misma causa desde la presidencia del Tribunal Constitucional, o a Dolores Delgado, que pasó sin más dilación del Ministerio a los asuntos. Tuvo también al recientemente desaparecido Javier Moscoso, que se hizo muy popular entre los funcionarios gracias a sus días de asueto. Hay que volver la vista atrás para añorar a Eligio Hernández, el Pollo del Pinar, así llamado por el alias de su padre que era un campeón de lucha canaria. El PP estuvo más acertado en líneas generales: José Manuel Maza, fallecido cuando apenas llevaba un año en el cargo; María José Segarra y Eduardo Torres-Dulce, que dimitió por su falta de sintonía con el Gobierno. Era inevitable. Un cinéfilo acreditado como él firmó su abandono con el gesto de Will Kane, el sheriff de Headleyville, en Solo ante el peligro. Rodeado por todos sus vecinos que lo habían dejado solo frente a Frank Miller y su banda, dejaba caer al suelo la estrella del cargo en un gesto irrepetible de desdén.