Sin novedad en el frente de Flandes

Todos los medios se exclaman ante la amnistía con la que Illa ha ungido a Puigdemont. Una entrevista fraguada en La Mareta, tras discretas intervenciones zapateriles alrededor de una buena fondue, celebrada en la representación institucional de la Generalitat de Cataluña en Bruselas, pretende dejar sin efecto cualquier resolución judicial en torno a la discutida amnistía de iure, que ha sido sustituida por una efectiva amnistía de facto.

No sé de qué se extrañan. Con anterioridad a las últimas elecciones europeas y catalanas, Nicolás Redondo, Miriam Tey, Sergio Fidalgo, Joaquín Villanueva y yo misma, lanzamos a la opinión pública un manifiesto bajo el lema: «Por un constitucionalismo sin engaños». Nos hacíamos eco, en el mismo, de la errática trayectoria que se evidenciaba en el que entonces era candidato del PSC, que nos había acompañado en las movilizaciones de 2017 contra el golpismo y que se había mostrado contrario a las exigencias del secesionismo, amnistía incluida.

Lejos de mantener una postura coherente, y concorde con la gran mayoría de los catalanes, donde Salvador Illa dijo «digo» comenzó a decir «diego» desde el primer momento en que vislumbró que podía alcanzar la Presidencia de la Generalitat como consecuencia del vacío que dejó en el constitucionalismo catalán el lamentable fracaso de Ciudadanos.

Explicábamos en ese manifiesto cómo el voto al PSC se estaba transformando en un aval al secesionismo golpista y a las políticas de exclusión que se estaban generando, no sólo desde la Generalitat de Cataluña, sino también desde la concomitancia que estas políticas encontraban en el seno de un Gobierno de España en el que populismo, secesionismo y golpismo marcaban una hoja de ruta en la que la aportación de los sedicentes socialistas catalanes se iba manifestando como substancial.

Lejos de colaborar en que desde España se integrara a esa Cataluña desnortada por el denominado procés en la senda de la razón, la transversalidad y el respeto a la Constitución y al Estado de derecho, la «aportación pesecera» ha ido incorporando cada vez más las exigencias del golpismo a la política nacional, traspasando incluso las fronteras.

Aún con tales temores, saludamos la investidura de Salvador Illa por representar una imagen más «saludable» que la que podría ofrecer la de cualquier vástago del golpismo presidiendo el Gobierno catalán. Representaba, además, para muchos catalanes, una opción que creyeron constitucionalista, a pesar de que ya amagaba entonces con lo que ha instaurado después. Y de buena fe, esos votantes que legitimaron al nuevo primer partido, pensaron que, aún sin mayoría absoluta, podría articular unas políticas inclusivas que frenaran, al menos, si no conseguían desarticular, las que desde la Generalitat del secesionismo se habían impuesto.

Nada más lejos de la realidad. La Generalitat de Illa ha dado su total apoyo a la instauración de un régimen singular de financiación para Cataluña, frontalmente anticonstitucional por discriminatorio, contrario a la solidaridad exigida por la Constitución y de cuestionada compatibilidad con los valores de la misma Unión Europea. Incluso nos intentan engañar, presentándonos como federal una propuesta que no puede estar más lejos del federalismo, puesto que éste se basa en la cohesión, la cooperación y la igualdad de derechos. Nunca un Estado federal se ha construido sobre la base de la bilateralidad y la ordinalidad, sino desde la coordinación y la cooperación.

La Generalitat de Illa favorece la exclusión del bilingüismo en una sociedad, como la catalana, fundamentalmente bilingüe desde hace siglos y apoya la exclusión del español con todo tipo de sanciones y amenazas, incluso sobre el comercio y las relaciones privadas, contrariamente a lo que disponen las normas internacionales y europeas, la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la misma Ley catalana de normalización lingüística. Incluso apoya y favorece la no aplicación de las sentencias judiciales que reconocen el derecho de los padres a que sus hijos reciban un 25% de la enseñanza en español, para favorecer un igual dominio de las dos lenguas que son oficiales en Cataluña. 

La Generalitat de Illa sostiene la torre de Babel en que se pretende convertir al Parlamento Europeo y otras instituciones y órganos de la UE, exigiendo que el catalán sea lengua oficial y de trabajo en ellos, sin tener en cuenta que ello precisa modificar los Tratados y el Reglamento del uso de las lenguas y que, de crearse este precedente, más de 60 lenguas habladas en distintos Estados miembros tendrían que recibir el mismo trato. Y financia sin control pseudo-embajadas que en vez de favorecer el intercambio cultural y económico se dedican preferente a la difusión de la «buena nueva» que un secesionismo encubierto, disfrazado de «normalización» de la situación en Cataluña, infiltra sibilinamente a diestro y siniestro.

La Generalitat de Illa se llena la boca de gestos con los que pretende confundir a la ciudadanía, dando la impresión de que Cataluña ha «normalizado» su situación interna y sus relaciones con el resto de España. Ciertamente, ya no le hace un feo a la Corona y recibe a S.M. Felipe VI y sustituye la utilización sesgada de las banderas oficiales por un disimulado cumplimiento de la legalidad vigente, cuando le conviene. Parece como si en Cataluña se hubiera impuesto la sensatez y todo se hubiera, cual mantra repetido por la opinión sincronizada que nos invade, «normalizado». Miel sobre hojuelas.

Pero quizás donde más se evidencia la contradicción y el desaguisado que cocina el Sr. Illa es alrededor de la amnistía que pretende para los golpistas. Del «no dejaremos a nadie atrás» que lanzaba a los cuatro vientos cuando pretendía la investidura, ha pasado a ningunear al constitucionalismo sobre el que pretendía edificar su falso bastión para conseguirla. No contento con ello, como el hombre que susurraba a los caballos (con finalidades más legítimas) se dedica sistemáticamente a insuflar la metodología del procés en todo aquello que toca. Incluso llegando a sugerir que los jueces no pueden constreñir la voluntad política.

De este modo, como no consigue convencer jurídicamente, puesto que la aplicación de la amnistía, aún con la controvertida sentencia de un Tribunal Constitucional que está en las horas más bajas de su historia, depende de los jueces que tienen que decidir sobre cada caso concreto y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha decidido tirar por lo sano y amnistiar políticamente a Puigdemont.

En efecto, reuniéndose con el prófugo golpista en la sede de la representación de la Generalitat en Bruselas, no es que haya puesto una pica en Flandes, sino que se ha saltado todos los contrapesos que en un Estado de derecho, en una democracia, están en la base de toda acción política. Siguiendo ese procesismo que ha debido penetrar en lo más profundo de su ser, fiel al lema golpista consistente en que la política está por encima de la ley, acude cual lacayo del sanchismo a entrevistarse con quien no tiene legitimidad alguna para representar a nadie más que a sí mismo. 

Con ello, el Sr. Illa pretende que ese agente político disruptivo cuya inmunidad como eurodiputado le ha sido negada por el Tribunal General de la UE (está pendiente la ratificación de esta sentencia por parte del Tribunal de Justicia, quien decidirá en Gran Sala) por no acreditarse cumpliendo con la legislación española como es preceptivo, pueda aparecer ante la sociedad española como interlocutor no sólo de la Generalitat, sino del propio Gobierno de España. A saber cuál ha sido el contenido real de la entrevista: ¿Presupuestos? ¿Financiación singular? ¿Quita de la deuda? ¿Reducción de la jornada laboral? ¿Inmigración? Ni tan siquiera temas bilaterales, sino que es posible que se trate de asuntos que pueden condicionar la política española, interna e internacional. Ellos callan, pero ya veremos los efectos.

Por lo pronto, si no podemos aplicar la amnistía como nos dé la gana, amnistiaremos políticamente, dando carta de naturaleza relacional, sin ningún atisbo de legitimidad, a un prófugo de la justicia. Les da ya lo mismo que el Consejo de Europa haya calificado los hechos de 2017 como golpe de Estado. Para ellos se trata de peccata minuta que no tiene ninguna importancia y que fundamenta liderazgos en los que la voluntad popular brilla por su ausencia y el procedimiento democrático, encauzado por las leyes, no es más que un estorbo político. 

Lejos de intentar conciliar voluntades y de aunar posiciones, este refuerzo de la política de la confrontación es un lastre, no sólo en la política interna, sino en la política internacional. Los ridículos más refulgentes los estamos padeciendo día a día. Y el president Illa no es ajeno a los mismos. Si pensaba que con este gesto legitimaría a Puigdemont, lo que ha conseguido no es sólo lo contrario, sino su propia deslegitimación. Quizás sea ésta la novedad del frente de Flandes.