Lo que nos cuestan las concesiones de Sánchez a Cataluña
«Cataluña gana autonomía y más recursos, Sánchez gana estabilidad política y el resto de España pierde equidad y solidaridad»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Pedro Sánchez ha mantenido su gobierno gracias a un pacto continuo con los independentistas catalanes. El precio: concesiones económicas de un calibre que transforman la relación fiscal entre Cataluña y el resto de España. Son decisiones políticas presentadas como técnica presupuestaria, pero en la práctica significan que millones de españoles fuera de Cataluña pagarán más por tener menos.
El perdón de deuda: dinero que alguien tiene que poner
En 2023 se anunció la condonación de 15.000 millones de euros de deuda principal de Cataluña con el Estado, más 1.300 millones de intereses. En 2025 la cifra ya se elevaba a 17.100 millones de principal y un total de 18.400 millones. Esa deuda no desaparece: se reparte sobre el conjunto de contribuyentes españoles, ya sea como más deuda nacional o menos gasto en servicios públicos en otras regiones.
El modelo de financiación singular: un cupo a la catalana
El verdadero giro llega con el acuerdo de julio de 2025: a partir de 2026 Cataluña recaudará y gestionará todos sus impuestos, al estilo del concierto vasco-navarro. Eso significa que el Estado dejará de ingresar unos 22.000 millones de euros anuales.
La promesa de duplicar el Fondo de Compensación Interterritorial hasta 900 millones apenas tapa una fracción del agujero: el déficit neto anual para el resto de comunidades será de unos 21.100 millones.
Cataluña gana, el resto ajusta
Cataluña pasará a tener más de 5.000 millones adicionales cada año para reforzar su sanidad, educación o infraestructuras. Su financiación por habitante superará el 120% de la media nacional. Para la Generalitat, es soberanía fiscal; para el resto, es un corte en la solidaridad interterritorial.
Madrid, que en 2023 ya aportó casi 8.000 millones netos al sistema, tendrá que asumir más carga. Lo mismo Baleares y Valencia. La factura de Cataluña no se esfuma: se redistribuye, y alguien la paga.
Comparación internacional: un caso único
En Alemania, Baviera —la región más rica— sigue aportando a los Länder menos desarrollados. En EE. UU., California no puede decidir unilateralmente quedarse con todos sus impuestos. En Canadá, Quebec disfruta de competencias singulares, pero sigue contribuyendo al presupuesto federal.
España va en dirección opuesta: crea islas fiscales que rompen el principio de igualdad entre ciudadanos.
Tres escenarios de futuro
1. Si se mantiene el pacto actual: en cinco años, la pérdida para el resto de España superará los 110.000 millones.
2. Si otras comunidades piden lo mismo: el Estado se quedaría sin recursos comunes y el modelo autonómico colapsaría.
3. Si se revisa el sistema: habrá conflicto político, pero también la posibilidad de volver a una equidad básica entre ciudadanos.
Una fractura también generacional
Estos acuerdos cargan sobre los hombros de los jóvenes españoles más deuda y menos servicios comunes. En un país con un sistema de pensiones ya tensionado y una deuda pública superior al 110% del PIB, cada concesión hoy es una hipoteca sobre el mañana.
‘Makers’ vs ‘takers’ territoriales
La cuestión de fondo no es solo económica: es cultural. ¿Queremos un país donde algunas regiones jueguen el papel de takers permanentes, asegurando privilegios a costa de los demás, mientras que otros como Madrid, Baleares o Valencia son siempre los makers que pagan la factura?
Balance
Hasta agosto de 2025, el coste inmediato ya suma 20.500 millones (18.400 millones de deuda condonada más 2.100 millones de transición fiscal). Y a partir de 2026, se añaden 22.000 millones al año que dejan de fluir hacia el resto de España.
Cataluña gana autonomía y más recursos; Sánchez gana estabilidad política; el resto de España pierde equidad y solidaridad.
El dilema es simple: ¿puede sobrevivir un Estado donde la igualdad fiscal entre ciudadanos deja de ser principio y se convierte en moneda de cambio política?