Un fiscal y una madrota

Paco Narváez, que era un comercial de MENsual, revista orientada a lectores homosexuales, entrevistado en El Español, declaraba esta semana que entre los años 2003 y 2005 tuvo tratos con la hija de Sabiniano, que le pagaba en mano la publicidad que la empresa familiar insertaba en la publicación representada por Narváez. Todos los meses acudía a Saunadán, donde Bego le pagaba los anuncios en un sobre. Y contó el hombre que en la sauna había prostitución, que la mayoría de los chaperos eran brasileños y colombianos y que los había menores de edad y ocasionalmente tráfico de drogas. Hay que oír los 43 minutos de una entrevista que no deja lugar a dudas con lujo de detalles físicos y funcionales del establecimiento.

Begoña Gómez llegó a ser llamada «presidenta del Gobierno» por un Patxi López desbordante de entusiasmo, era llamada con frecuencia por los afines la primera dama. No era tal. La primera dama es la mujer del jefe del Estado, nunca la mujer del primer ministro. Primera Dama es en Francia Brigitte Macron; en EEUU, Melania Trump; y en todo régimen presidencialista, la mujer del presidente. Tras hacerse públicas las actividades de Begoña Gómez en la sauna familiar, Jiménez Losantos, que es un eficaz motejador, la rebautizó como la primera madama de España.

Y resulta que este miércoles se le vinieron a amontonar a Pedro Sánchez dos de sus preocupaciones más graves: su mujer era llamada a declarar por cuarta vez ante el juez Peinado en los juzgados de la Plaza Castilla. En las dos primeras se acogió a su derecho a no declarar, en la tercera solo respondió a las preguntas de su abogado y ayer, lo mismo.

Su asesora Cristina Álvarez compareció una hora antes que la hija de Sabiniano y en el estilo que había visto en casa se negó a declarar. Bego Fundraiser sí lo hizo, pero solo a las preguntas de su letrado, Antonio Camacho y a éste le explicó que las funciones de Cristina Álvarez como asesora consistían en llevar su agenda y acompañarla en los actos oficiales. La razón de que haya sido investigada por un delito de malversación de caudales públicos se debe a que la asesora cuyo sueldo venía de las arcas públicas hacía algunas labores relacionadas con las actividades privadas de Begoña Gómez. En su declaración, la mujer de Pedro Sánchez manifestó a su letrado, que en alguna ocasión pidió un favor a Cristina, «en ocasiones excepcionales» porque era «su amiga».

Una de esas ocasiones excepcionales fue un correo de Cristina al Grupo Reale sobre el patrocinio de la cátedra que Begoña codirigía en la Universidad Complutense.

El correo terminaba con una posdata que decía: «PD: Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis». Blanco y en botella. Estoy convencido de que correos como el reproducido ut supra tenían un carácter más bien excepcional, pero el asunto que preocupa al juez Peinado, y a un servidor, no es que Bego se lo encargase a una amiga suya sino a una funcionaria pagada con sueldo público. Eso, el origen público del sueldo de Cristina Álvarez, que dedicaba una parte de su jornada laboral a resolver los negocios privados de Begoña Gómez es lo que con toda propiedad puede calificarse de malversación de caudales públicos.

El otro gran disgusto de la jornada se lo dio al presidente el juez Hurtado, que anunció su intención de procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos del ciudadano Alberto González Amador, sin descartar la concurrencia de otros como prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos públicos. Lo de don Alvarone era un secreto a voces como el de la madama Begoña Gómez Fernández. Todo el mundo sabía que al fiscal general que inauguraba junto al Rey, la presidenta del CGPJ y el demediado ministro de Justicia le quedaba un cuarto hora para sentarse en el banquillo de los acusados.

En rigor algo más: fueron dos días, pero ya está procesado y es probable que resulte condenado por un tribunal compuesto por siete jueces del Tribunal Supremo. El presidente del Gobierno y su portavoz, Alegría Incontinente, se han adelantado al Supremo para proclamar su inocencia. Una sentencia de culpabilidad obligaría a dimitir a ambos y a todos los ministros que se han pronunciado en el mismo sentido.

También sabía todo el mundo lo de Bego en la gestión de las manflas de papá, pero no hubo revuelo hasta que Feijóo le preguntó en el Congreso: «Pero, ¿de qué prostíbulos ha vivido usted?». La oposición tendría que inspirar en ello preguntas sobre el plagio de la tesis.