La ONU confunde justicia con propaganda contra Israel
«El objetivo real del informe no es la justicia, sino la propaganda. Sirve para reforzar campañas contra Israel, para legitimar boicots y para dar munición a gobiernos»
Sede central de la ONU en Nueva York. | Europa Press
En septiembre de 2025, la Comisión de Investigación de la ONU encabezada por Navi Pillay presentó en Ginebra un informe que acusa a Israel de cometer actos genocidas en Gaza. A primera vista, parece un documento jurídico sólido. Sin embargo, al analizar quiénes lo redactaron y qué omiten deliberadamente, se percibe con claridad que no estamos ante un informe imparcial, sino ante una pieza más en la larga tradición de la ONU de demonizar a Israel.
La presidenta de la comisión, Navi Pillay, tiene un historial conocido de hostilidad hacia el Estado judío. Durante años ha respaldado narrativas y campañas como el BDS, que buscan el aislamiento económico y político de Israel. La acompañan Miloon Kothari y Chris Sidoti. Kothari llegó a cuestionar en público la legitimidad de Israel como miembro de la ONU y sugirió que los «judíos influyen demasiado» en redes sociales, un comentario que levantó acusaciones de antisemitismo en todo el mundo. Sidoti, por su parte, ha colaborado con organizaciones que llevan tiempo calificando a Israel de «régimen de apartheid», incluso antes de que existiera investigación alguna. Con semejante trío, el veredicto estaba escrito desde el principio: Israel sería declarado culpable, ocurriera lo que ocurriera.
El informe sostiene que Israel ha cometido cuatro de los cinco actos de genocidio recogidos en la Convención de 1948 y nombra directamente al primer ministro Netanyahu, al presidente Herzog y al exministro de Defensa Gallant como responsables. Sin embargo, lo más llamativo no es lo que dice, sino lo que calla. Apenas menciona a Hamás, el grupo terrorista que el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra con una masacre brutal contra civiles israelíes. Ese día fueron asesinados más de 1.200 hombres, mujeres y niños, hubo violaciones sistemáticas, mutilaciones y secuestros de más de 200 personas. Un ataque planificado y ejecutado con una crueldad que recuerda, en escala y simbolismo, al 11 de septiembre en Estados Unidos. Y como ocurrió tras aquel atentado, era de esperar que la reacción militar posterior derivara en un conflicto mucho mayor, con muchas más víctimas.
El informe Pillay oculta que esta es, ante todo, una guerra. No un genocidio, sino una guerra iniciada por Hamás contra Israel. Y en toda guerra los resultados son horribles: destrucción masiva, víctimas civiles, sufrimiento humano. Pero culpar exclusivamente a Israel es manipular la realidad. Hamás utiliza a su propio pueblo como escudo humano, construye su infraestructura militar bajo hospitales y escuelas, y mientras su dirección vive con lujos en Qatar, enriquece sus arcas a costa de la miseria de Gaza. Han rechazado ofertas de Israel de liberar rehenes a cambio de treguas, y todavía hoy quedan 48 secuestrados en condiciones desconocidas. Cada negativa de Hamás prolonga la guerra y condena a los gazatíes a una vida de terror y privación.
La fragilidad jurídica del informe es evidente. Para probar un genocidio no basta con mostrar daños civiles o destrucción urbana; hace falta demostrar la intención específica de exterminar a un pueblo. Incapaz de aportar esa prueba, la comisión se limita a citar frases polémicas de dirigentes israelíes y a reproducir sin contraste las cifras de víctimas que difunde Hamás. Trata cada edificio destruido como prueba de genocidio, sin admitir que se trata de una guerra urbana en la que los terroristas se esconden entre civiles. Ignora que Israel ha abierto corredores humanitarios y emitido advertencias antes de atacar zonas con presencia militar de Hamás. Usa un estándar de prueba mínimo para sostener la acusación más grave del derecho internacional, lo que convierte el informe en una pieza de propaganda más que en un análisis legal.
Todo esto ocurre en el marco de un Consejo de Derechos Humanos que ha aprobado más resoluciones contra Israel que contra Siria, Irán, Corea del Norte y Rusia juntos. La Comisión Pillay es simplemente otro capítulo de esa obsesión. Que figuras con antecedentes antisemitas y militancia política contra Israel hayan sido designadas para esta investigación debería invalidar de raíz cualquier conclusión que presenten. Ningún tribunal serio permitiría semejante parcialidad.
El objetivo real del informe no es la justicia, sino la propaganda. Sirve para reforzar campañas internacionales contra Israel, para legitimar boicots y para dar munición política a gobiernos que buscan distraer a sus ciudadanos con un enemigo externo. Mientras tanto, se blanquea la violencia de Hamás y se trivializa el concepto mismo de genocidio, que debería reservarse para tragedias históricas como el Holocausto o Ruanda.
Dicho todo esto, no se puede perder de vista que las guerras son horribles y que todos queremos la paz. Israel ha ofrecido repetidamente treguas y liberaciones de presos a cambio de los rehenes, pero Hamás se ha negado. El precio lo pagan los inocentes de ambos lados. Por eso, aunque la responsabilidad de lo que ocurre hoy recae sobre Hamás, espero que algún día los gazatíes puedan vivir con dignidad bajo un gobierno diferente, sin ser utilizados como carne de cañón por líderes corruptos y fanáticos, y que puedan convivir en paz con Israel.