La Babel íntima de Sánchez
«Se especuló con la posibilidad de un encuentro entre el prófugo de Waterloo y el yerno de Sabiniano, pero parece que aquel no se trata directamente con el servicio»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Lo de la lengua es siempre un pretexto para líos y esto ocurre desde el origen de los tiempos, la torre de Babel, no les digo más. Desde entonces pasa porque nos empeñamos en hacer del idioma una seña de identidad y no simplemente una herramienta de comunicación.
No hemos terminado de aclarar en consecuencia si en las últimas noticias sobre el catalán debemos atender la versión de Junts o hacer más caso al ministro Bustinduy y a los socialistas. Sostiene Miriam Nogueras que han convencido al Gobierno para que el catalán sea obligatorio para empresas con más de 250 trabajadores, o que facturen más de 50 millones de euros anuales, o que presten servicios básicos de interés general, aunque dichas empresas estén situadas fuera de Cataluña.
El ministro de Derechos Sociales y sus socios sanchistas afirman que la medida afectará a todas las lenguas cooficiales y que sólo será obligatorio responder a los clientes en catalán, gallego o euskera cuando hayan adquirido los bienes o servicios en comunidades con lenguas cooficiales. Ellos siguen la tradición española del «café para todos» con la que se quiso cubrir los hechos diferenciales catalán, vasco y gallego y que dio lugar a la España de las autonomías.
Sánchez se sometía a una humillación más ante los golpistas de Junts por sus siete votitos, pero había que cubrir la responsabilidad por generalización. Había más contradicciones: Gabriel Rufián reprochaba a Junts que se hubiese apropiado del acuerdo sobre la imposición del catalán en la atención al cliente. Finalmente, la propia Nogueras reivindicaba, con un razonamiento que bordeaba la aporía, que los catalanes tuvieran en España «los mismos derechos lingüísticos que un francés o un inglés». Es decir, ninguno. Si cualquiera turista galo o británico quisiera ser atendido en, pongamos El Corte Inglés, en su idioma natal vería que no hay disposición legal que le garantice tal cosa; para su satisfacción dependería de la buena voluntad de un dependiente políglota.
El nacionalismo siempre está entre el cielo y el infierno con las cosas relativas a su identidad. El vasco se mueve entre la lengua del Paraíso, el euskera, que fue infuso directamente por Dios al hombre y hablada en el Edén, según explicó Juan Bautista de Erro hace más de un par de siglos. Su antónimo, el español, fue calificado por Arzalluz como «la lengua de Franco». Esta perversión definitoria no es generalizable. Cuesta imaginar que el presidente del PNV tantos años, redactara un currículum en el que afirmara «hablar a la perfección la lengua de Franco, la de Josu Ternera y la de Adolf Hitler. Habla, aunque no escribe, el idioma de Landrú y en 1984 hizo un cursillo en Cambridge en la lengua de Jack el Destripador».
Todo parece indicar que los golpistas catalanes seguirán haciendo venta libre de la última conquista arrebatada a Sánchez, mientras este se hará el loco e incumplirá el supuesto acuerdo, como ha hecho con todos sus pactos hasta ahora. En esto puede que haya algo de masoquismo. Aparte de la inclinación natural del doctor Sánchez a pasarse por salva sea la parte el artículo de la Constitución que Miriam Nogueras le sople al oído por encargo de Puigdemont. Se especuló con la posibilidad de un encuentro entre el prófugo de Waterloo y el yerno de Sabiniano, pero parece que aquel no se trata directamente con el servicio.
Esto del catalán es una reforma subrepticia de la Constitución, que sin necesidad de ser aprobada por tres quintas partes el Congreso y el Senado y ser refrendada después en referéndum por los ciudadanos españoles, va a ser reformada. O se quedará como está, pero su lectura correcta será la que sigue: «Artículo 3.1. El catalán es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y del derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. El castellano o español tendrá rango de cooficialidad en todas ellas junto a –o detrás de– sus lenguas propias».
Una ley que obligara a cualquier empresa española a atender a sus clientes en una lengua distinta del español sería rabiosamente anticonstitucional y delictiva, pero no podemos descartar ninguna hipótesis. Por eso, me gustaría dar un consejo práctico a todas las empresas españolas con más de 250 trabajadores o que facturen más de 50 millones de ingresos al año. Si en esta Babel íntima un presunto cliente exigiera ser atendido en una lengua vernácula, deberían extremar su amabilidad ofrecerle asiento y decirle que van a buscar a su especialista en lenguas diversas: «Un momento que lo están peinando» y tenerle esperando una hora y media o dos horas o el tiempo necesario para que diga: «mire, me lo he pensado mejor y quiero que me atiendan en la koiné».