Pulseras contra el maltrato
«Llama la atención la voluntad de ahorro manifestada. ¿Y para qué querían ahorrar si el presupuesto iba a aumentar? Pues para sufragar campañas como ‘Por huevos’»
La exministra de Igualdad Irene Montero junto a la actual titular Irene Montero. | Europa Press
Hemos entrado definitivamente en el otoño, tal como nos ha hecho notar el brusco descenso de las temperaturas. Esto no impide que en el entorno del Gobierno se vaya a experimentar lo que en los años 70 se llamaba un otoño caliente. No por huelgas, que los sindicatos no consideran de buena educación hablar con la boca llena. Tampoco va a levantar la voz la oposición. La tarea de gritar y caldear los ánimos va a ser competencia de los socios de Sánchez, pongamos que Junts amenazado por la Esquerra y Podemos, que se muere por ir a elecciones para tratar de alcanzar a un Sumar que va a la baja.
Mientras, los ministros de Pedro Sánchez, y las ministras, claro, no alcanzan un conocimiento universal que digamos. Serán gentes de natural discreto, dirán ustedes en plan prudente, pero no es así forzosamente. La persona más conocida es la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, seguida de la primera, María Jesús Montero, el poncio de Interior, Grande-Marlaska, Félix Bolaños y Óscar Puente. En cuanto a su valoración, salvo Yolanda, los otros cuatro están en los últimos seis puestos de la tabla, todos por debajo del 4, junto a Óscar López y Ángel Víctor Torres.
O sea, que pasar desapercibido entre toda esta tropa era casi un elemento de consuelo. Yo mismo no tenía una opinión demasiado negativa sobre la ministra de Igualdad, Ana Redondo, influido sin duda por la opinión que me merecía su antecesora, Irene Montero, aunque aquel día que estalló en el Congreso a los gritos de «¡Vergüenza, vergüenza!» para expresar su protesta por el caso de Begoña Gómez, me pareció propensa a la histeria. Ella ocupaba un 19º honroso puesto entre los 22 en cuanto al grado de conocimiento. Solo uno de cada cuatro españoles la conocen. Por detrás, Sira Rego, Sara Aagesen y Elma Sáiz. En la valoración está un poquito por encima; es la 16ª, justo antes del pelotón de los torpes formado por los seis del pelotón de cola. ¿Podría llamarlos ‘coleópteros’?
Pero Ana Redondo está a punto de adquirir más notoriedad y va a ser para mal. Pongamos que hablo de las pulseras contra los maltratadores, ese invento que vino funcionando mal que bien para garantizar que los condenados por violencia de género guardaran las distancias de alejamiento señaladas por los jueces.
El diario Público diluía las responsabilidades del presente en el totum revolutum del pasado, señalando que la Fiscalía había alertado en 13 ocasiones los fallos y las deficiencias de las pulseras y que «el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo había avisado en 2018, cuando gobernaba Rajoy, de fallos en las pulseras para maltratadores».
«¿Y qué ha dicho la ministra, si puede saberse? Pues una cosa y su contraria, en el mejor estilo del patrón»
Es el caso que el Ministerio del Interior tiene controlados a los presos en tercer grado mediante pulseras telemáticas de la empresa israelí Attenti Electronic Monitoring, según contrato adjudicado en 2021 y que estará vigente hasta 2026, sin que se hayan registrado disfunciones notables. El Ministerio de Igualdad, regido por Irene Montero, se negó a adoptar la tecnología israelí como negó a Marlaska aquella famosa compra de 16 millones balas a Israel. Tres días antes de las elecciones del 23-J la Secretaría de Estado de Igualdad abrió un proceso de contratación que se adjudicó a Vodafone y Securitas. La contratación se ejecutó en marzo de 2024. El Ministerio recibió todo tipo de avisos sobre disfunciones durante los ocho meses siguientes sin que se diera por enterado.
Las pulseras de siempre, gestionadas por Telefónica, costaban 1.500 euros. Las nuevas diez veces menos. Llama la atención la voluntad de ahorro manifestada por el Ministerio de la Cosa. ¿Y para qué querían ahorrar si el presupuesto de Igualdad iba a aumentar? Pues para sufragar bonitas campañas como la llamada Por huevos, otra para señalar que los españoles son violentos contra las mujeres; 1,2 millones para hacer que el miedo cambie de bando; 100.000 euros en contratar a una empresa que hiciera el seguimiento de las noticias referidas al Ministerio y, last but not least, 10.000 euros por un informe en el que se afirmaba que las mujeres trans sufrían más la menstruación que las mujeres biológicas.
¿Y qué ha dicho la ministra, si puede saberse? Pues una cosa y su contraria, en el mejor estilo del patrón. Sostuvo que las pulseras no habían fallado contra todas las evidencias y las observaciones de la Fiscalía y del CGPJ. Martialay y Marraco contaban un caso espectacular en el que el denunciado vivía en Canarias y la denunciante en Cáceres. La pulsera que le impusieron al primero hacía sonar la alarma a tantos kilómetros de distancia. Al mismo tiempo, la ministra le confesaba a Ferreras que ha tomado nota de las disfunciones que se han producido y se resolverán con una nueva licitación el mes de mayo. Por mucho que insista Sánchez en las cortinas de humo, no le va a dar tiempo hasta diciembre para organizar 295 actos antifranquistas, sus campañas contra Israel se quedarán en nada y el horizonte judicial se vuelve más y más oscuro hacia su mujer, el fiscal general y su hermano, al que la Audiencia de Badajoz decidía ayer sentar en el banquillo. Y le asaltarán más escándalos como el de las pulseras. No hay quien dé más, convénzanse.