Hay que cerrar el Ministerio de Igualdad

Urge cerrar el Ministerio de Igualdad, es imperativo para poder garantizar la seguridad de las mujeres. No es una exageración: desde que Pedro Sánchez llegó al poder, los españoles hemos gastado unos 2.000 millones de euros en ese chiringuito que solo ha servido para colocar a inempleables como Irene Montero y Ángela Rodríguez Pam y, lo que es peor aún, para ponernos en peligro.

El caso más reciente se ha conocido estos días y es realmente espeluznante: mujeres maltratadas han visto amenazada su integridad física y psicológica porque dicho ministerio decidió cambiar las pulseras telemáticas que tienen que llevar los malnacidos que las amenazan y estas han resultado fallidas. Pidieron 45 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que justificaron diciendo que crearían ad hoc los dispositivos y la configuración de su software y, en lugar de eso, compraron un producto barato fabricado en China.

El contrato lo licitó y adjudicó el equipo de Irene Montero, lo firmó la inefable Pam, lo gestionó Ana Redondo y el resultado ha sido que casi 5.000 mujeres en riesgo extremo han quedado desprotegidas. Las pulseras fallan constantemente y, además, los agresores se las pueden quitar con facilidad, lo que ha sumido a las víctimas en una situación de auténtico pánico. Y por si todo eso fuera poco, muchos agresores se han librado de sus respectivas condenas porque no se ha podido demostrar que hayan quebrantado la orden de alejamiento.

El maltrato no comienza nunca con una paliza: antes, el agresor se ha encargado de destrozar psicológicamente a la víctima con su constante desvalorización, menosprecio y luz de gas, es decir, la manipulación psicológica que consiste en hacer dudar a alguien de su propia percepción. Cuando una mujer reúne la fuerza para denunciar a su pareja, ha tenido que ser capaz de salir del noveno círculo del infierno y, además, a partir de ese momento queda expuesta a la ira y los deseos de dominación y venganza del maltratador y de ahí que necesiten una protección constante.

Pues bien, el Estado no solo ha dejado abandonadas a su (mala)suerte a estas mujeres, sino que, además, las ha revictimizado y, lo que es peor, han tenido que sufrir que los miembros de ese Gobierno que deberían velar por ellas hayan actuado igual que sus agresores y les hayan aplicado gaslighting –de forma pública y amplificada por sus concubinas mediáticas– negando que las pulseras hayan fallado y que hayan estado expuestas a ningún peligro. Se me parte el corazón al pensar en esas mujeres y se me revuelven las tripas al saber que el dinero de mis impuestos ha servido para ponerlas en peligro.

«Las más afectadas son las mujeres maltratadas porque muchos agresores han cambiado su género registral»

Y, para colmo, mientras nos horripilábamos al conocer todo esto, Pam posteaba fotos de su boda comiendo a dos carrillos su tarta nupcial de tortilla de patatas. Ella es una de las culpables directas y desde noviembre de 2023 se embolsa cada mes 7.500 euros que salen de nuestras costillas en concepto de indemnización por haberse quedado sin el cargo desde el que perpetró sus fechorías.

Desgraciadamente, este no es el único caso en el que el Ministerio de Igualdad ha puesto en peligro a las mujeres, ya que con su ley de solo sí es sí, se han reducido las penas de más de mil violadores y muchos de ellos ya andan sueltos por la calle. Dados los altos índices de reincidencia de este tipo de delitos, nos perjudica a todas, pero es que, además, con la reapertura de los casos, las víctimas tuvieron que ir otra vez a juicio a revivir el horror pagando de sus bolsillos el coste de esta nueva tortura.

Y también nos han expuesto al peligro al permitir que hombres se puedan meter en nuestros lavabos y vestuarios por culpa de la ley trans que permite que cualquier varón tenga pase libre a lo que deberían ser espacios seguros para nosotras con un simple trámite burocrático para el que no necesitan ni tan siquiera cambiarse el nombre. Y, de nuevo, las más afectadas son las mujeres maltratadas, porque muchos agresores han cambiado su género registral y al ser legalmente mujeres, ya no se les aplica la VioGen. Y qué decir de las presas obligadas a convivir en un espacio cerrado y sin posibilidad de escapatoria con maltratadores y agresores sexuales que han decidido autoidentificarse mujeres y piden su ingreso en cárceles femeninas.

«Desde que Pedro Sánchez llegó al poder, las agresiones sexuales se han multiplicado»

Como pueden ver, estas acciones del Ministerio de Igualdad nos ponen en peligro, pero es que, además, desde que Pedro Sánchez llegó al poder, las agresiones sexuales se han multiplicado y hemos caído en la lista de mejores países para ser mujer pasando del puesto 5º al 27º durante el mandato del que nos vendieron como Gobierno más feminista de la historia y que, en realidad, solo ha servido para empeorar la vida de las mujeres y para desprestigiar la legítima lucha feminista.

En 2018, el feminismo gozaba de un amplio apoyo, pero ahora mismo es visto como una serie de chiringuitos que se dedican a dilapidar el erario público para lucrarse –desde los puntos lilas a los innumerables talleres majaretas en los que estos miserables han gastado el dinero que debía destinarse a las mujeres maltratadas– y para montar manifestaciones por el pico de un impresentable como Rubiales, pero callar por motivos ideológicos ante violaciones atroces a mujeres y niñas o mirar hacia otro lado en casos de supuestos abusos sexuales como los sufridos por adolescentes en el campamento de Bernedo o por las menores tuteladas.

De hecho, fueron las verdaderas feministas, a las que desde el Gobierno y sus tentáculos llaman terfas, las que denunciaron a estos depravados, que bajo el epígrafe de transfeministas tenían la intención declarada de «llevar a cabo el adoctrinamiento transmaricabollo». Pues bien, queridos lectores, esta ideología perversa es la que llevamos pagando de nuestros bolsillos desde hace siete años. No me digan que no es para cerrar de una vez el Ministerio de Igualdad.