Los miedos del PP con la inmigración
«Hasta que no entiendan que se trata de un enorme problema económico –no una cuestión de velos o bandas latinas– seguirán sin ser conscientes de la realidad»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Lenta, muy lentamente, a paso de tortuga, con parsimonia cansina, la dirección nacional del Partido Popular va enmendando la premisa errónea que había inspirado su posición tradicional sobre la avalancha migratoria que, a partir del cambio de centuria, ha venido experimentando España. Una posición al respecto, la de la derecha convencional, que desde un principio se basó en rehuir la principal dimensión problemática del fenómeno migratorio, desviando la atención hacia aspectos secundarios del mismo, los relacionados con peculiaridades culturales, usos y costumbres en la vía pública ajenos al canon occidental, la religión, el idioma o, en fin, la seguridad ciudadana.
Pero ocurre que el núcleo conflictivo de la acelerada transformación demográfica que está experimentando la sociedad española no remite a factores culturales, como tampoco a desencuentros entre grupos de origen heterogéneo que tengan que ver con las costumbres, las distintas obediencias confesionales o la delincuencia en sus múltiples variantes.
Y es que, resultando todo ello importante, la disfunción crítica provocada por la eclosión migratoria, la que está poniendo ya seriamente en cuestión la viabilidad de nuestro propio modelo de sociedad, apela al elefante en la habitación que el Partido Popular no había querido ver durante el último cuarto de siglo: su relación con la economía. Y hasta que el Partido Popular no termine de entender que lo que tienen delante es un enorme problema económico –no una cuestión de velos, mezquitas o bandas latinas–, seguirán sin resultar conscientes de la genuina naturaleza de realidad a la que se enfrentan.
Estando en la Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero, la Oficina Económica de Presidencia realizó un informe de difusión restringida acerca de los efectos a largo plazo de la inmigración para la Hacienda Pública. Y una de sus principales conclusiones cuantificó en 200.000 euros la pérdida financiera neta que supondría para el Estado cada trabajador extranjero no cualificado que permaneciera residiendo en España durante el resto de su vida.
El cálculo se realizó en base a, por un lado, una proyección de los aportes en concepto de impuestos que esos asalariados de ingresos bajos podrán realizar a lo largo de toda su trayectoria laboral y, por otro, del coste financiero agregado de los servicios públicos gratuitos que irán consumiendo durante idéntico período de tiempo. Naturalmente, el documento nunca se publicó. Y si tenemos noticia de su existencia es solo gracias a que el autor, Jesús Fernández Villaverde, lo ha contado.
«Los flujos de inmigración no cualificada que están llegando a España de forma constante son incompatibles con el Estado del bienestar»
Por lo demás, las cifras actuales no se deben alejar demasiado de las reflejadas en aquel estudio inicial. Por eso, en ambos casos, entonces y ahora, la conclusión se antoja demoledoramente simple, a saber: los flujos de inmigración no cualificada que están llegando a España de forma constante, año tras año, son incompatibles con el Estado del bienestar.
En Barcelona, desde la óptica convencional una de las ciudades más prósperas, modernas y económicamente dinámicas de Europa, el 40,6% de los niños y niñas empadronados se encuentra en riesgo de pobreza. Casi la mitad de la infancia de la segunda capital de España, sí, ya en la indigencia o al borde mismo de ella. No por casualidad ocurre que un tercio de los habitantes del municipio de Barcelona, uno de cada tres residentes, nació en algún país extranjero. Otro dato de fuente oficial: el 80% de las familias de nacionalidad marroquí que habitan en España igualmente forma parte de los grupos de población en riesgo de pobreza. También se sabe y ha sido cuantificado: cualquier persona que perciba unos ingresos anuales inferiores a 22.000 euros, ya se trate de un inmigrante o un autóctono, supone una carga financiera neta para el Estado.
No, esto no va de xenofobia ni de racismo, esto va de algo mucho más prosaico. Va de simples números y de elementales cuentas públicas, de columnas del debe y del haber cuyos saldos cada vez se distancian más y más entre sí. Nos tocará, pues, a todos, incluido el PP, elegir: o muchos más inmigrantes no cualificados o muchos menos servicios públicos.