Cómo ganar las elecciones

La política a veces encuentra tesoros de forma inesperada. El PP acaba de hallar uno en la inmigración. Con su plan migratorio, ha descubierto que, cuando toma la palabra, el PSOE pierde la voz.

El clamoroso silencio del PSOE demuestra que este PP desesperante va aprendiendo a tomar la iniciativa, aunque, de momento, solo sea para dar batallas fáciles: aquellas que dividen al electorado socialista y que su propio electorado apoya sin fisuras (el 97 por ciento de los votantes populares respalda endurecer la política inmigratoria). 

La propuesta no es nueva. Consiste en crear un visado por puntos para atraer inmigrantes con perfiles laborales necesarios y de culturas cercanas, expulsar a los delincuentes y poner fin a los «subsidios vitalicios». En el fondo, obviedades que cuentan con el apoyo de una gran mayoría, tanto de ciudadanos como incluso de los inmigrantes que ya residen en España. 

Lo relevante ha sido la tímida y contenida reacción del PSOE: en claro contraste con los ataques frontales y masivos que suele desplegar, no ha habido una ofensiva coordinada contra el plan migratorio, sino un par de reproches protocolarios, meros insultos de trámite de algunos ministros que calificaron el plan de «claramente xenófobo» y tacharon al PP de ser una sucursal de Vox. Pero los voceros del Gobierno han permanecido callados. Es lógico: son obedientes y no recibieron instrucciones desde la Moncloa para hablar del tema. 

¿Por qué el PSOE ha encajado con discreción un órdago en materia tan sensible? Sencillamente, porque la inmigración divide a su electorado casi tanto como une a la derecha: el 60 por ciento de los votantes socialistas está ya preocupado por la inmigración irregular y la seguridad; además, ese porcentaje sigue creciendo, e incluso entre los podemitas aumenta el número de los que respaldan endurecer las políticas de inmigración. 

El resultado: una respuesta dubitativa, con el Ejecutivo casi callado y sus marionetas mediáticas enmudecidas. El PSOE teme polemizar y abrir grietas internas. Si se opusiera frontalmente, como temían los seguidistas de Génova, hubieran enajenado a sus bases menos entusiastas con el «buenismo» migratorio, ampliando el trasvase de voto hacia los partidos que tienen un mensaje claro en la materia, entre los que ahora empieza a situarse el PP. Por eso han elegido el silencio, aun a sabiendas de que «quien calla, otorga», y de que el PP les ha colocado en una pendiente resbaladiza.

El caso de Dinamarca ilustra bien las posibilidades que se abren. Como comenté aquí mismo, la inmigración dejó de ser allí un arma arrojadiza entre bloques: tanto socialdemócratas como conservadores han acabado por suscribir políticas restrictivas, y la primera ministra, Mette Frederiksen (socialdemócrata), es la primera en abogar por una línea dura con la inmigración ilegal. Bajo su mandato, Dinamarca ha impulsado medidas que en otros tiempos eran tabú, como limitar el asilo a las cuotas de la ONU, deportar de forma expeditiva, establecer marcadas preferencias nacionales y demoler guetos, tras reubicar a sus habitantes. Izquierda y derecha danesas comparten desde hace años un consenso firme que resulta impensable en otros países, donde la inmigración es aún una trinchera ideológica, en vez de una política de Estado.

Es el caso de España. Aquí el debate migratorio sigue activado por emociones epidérmicas y usado por los cínicos habituales para hacer poses de superioridad moral a costa de los demás. La propuesta del PP obliga a examinar qué medidas cuentan con apoyo transversal entre los votantes y, más pronto que tarde, el PSOE se verá obligado a cambiar de postura para no quedarse fuera de juego. 

No es el único asunto con estas características. Si ambos partidos terminasen convergiendo en consensos de sentido común, la política española también podría centrarse en buscar soluciones con pragmatismo, en vez de lanzarse eslóganes huecos. Si sabe repetir, el filón descubierto por el PP, más que agravar la polarización, terminará forzando a todos a tender puentes en aquellos asuntos donde la mayoría social ya está de acuerdo. En orden creciente (decreciente) de unión (división) interna del PP (del PSOE), y requiriendo, por tanto, un mayor savoir faire político para manejarlos, esos temas van desde la educación y las autonomías, hasta el medioambiente, la vivienda y la igualdad de género. 

Además, alguna de esas cuestiones podría estar a punto de estallarnos en la cara, con consecuencias potencialmente graves sobre una opinión pública desasistida de liderazgo. Por ejemplo, urge revertir los disparates de los últimos años en materia de vivienda, culpables de que ya estén apareciendo patologías desconocidas desde la posguerra, como el chabolismo o la fragmentación extrema de los alquileres. Basta entrar en cualquier portal inmobiliario para comprobar cómo, en nuestras grandes ciudades, no solo se alquilan habitaciones, sino camas; y cómo el alquiler de muchas habitaciones ya especifica si se admiten niños. Ya no son solo individuos los que comparten piso, alquilando una sola habitación, sino familias enteras. Un panorama desolador pero perfectamente previsible: las leyes soviéticas terminan produciendo realidades soviéticas. 

Por ello, también es urgente que el PP aprenda a aplicar en otros ámbitos la lección de su propuesta inmigratoria. Le va mucho en ello porque si lo hace aún podría ganar las próximas elecciones de verdad y no de forma pírrica.