Sánchez, mil días con las luces apagadas

La Ley de Presupuestos Generales del Estado es la norma recurrente más importante que se debe aprobar anualmente. Son la plasmación contable y jurídica del programa económico del Gobierno; un instrumento fundamental en la definición de las principales propuestas de política económica que plantea el Ejecutivo. En ellos están incluidas las partidas de gasto público y asimismo se realiza una estimación de los ingresos necesarios para financiar las mismas. Suponen una concreción clave en la definición y desarrollo de la política económica, que debe de servir de referencia a los agentes económicos; máxime en un país como España en el que el sector público representa casi el 50% del PIB.

La aprobación anual de los Presupuestos se trata de un acto democrático claramente asociado a la necesaria división de poderes y al control. En efecto, presentar anualmente unos presupuestos, conseguir su aprobación y ejecutarlos, es un ejercicio constitucional democrático y eficiente desde el punto de vista de la asignación de recursos.

El artículo 134 de la Constitución Española establece que en caso de que no se apruebe una nueva Ley de Presupuestos antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considera automáticamente prorrogada la del ejercicio anterior, hasta la aprobación de unas nuevas cuentas públicas. Con esta medida se evita paralizar el funcionamiento de la Administración.

Durante los casi 50 años de democracia se han producido nueve prórrogas presupuestarias, cinco de ellas corresponden a los ejercicios recientes del 2011, 2016, 2017, 2018 y 2024. En la mayoría de ellos, el periodo prorrogado fue de unos meses.

Sin embargo, la situación presente representa un cambio fundamental en la lógica presupuestaria. Desde el año 2019, las prórrogas con carácter indefinido han pasado a ser una práctica habitual, en lugar de extraordinaria.

«La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado se está convirtiendo en una peligrosa rutina»

Durante este periodo tan solo se mantuvo una coherencia respecto al ciclo presupuestario normal entre los ejercicios del 2021 al 2023; puesto que el Proyecto de Presupuestos del Estado de 2019 fue rechazado y no se presentó alguno alternativo. En el año 2020, la pandemia «impidió» su tramitación. Asimismo, en el año 2024 el Gobierno no presentó proyecto para el 2025 al Congreso, tal y como establece la propia Constitución. De hecho, el Pleno del Congreso instó al Gobierno el pasado 8 de mayo, a cumplir su deber Constitucional de presentarlo, puesto que previamente el presidente del Gobierno había declarado que se estaba trabajando con los grupos parlamentarios para presentar los Presupuestos Generales del Estado cuando existiese un apoyo suficiente; lo que evidentemente no se ha producido.

La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado se está convirtiendo en una peligrosa rutina. La realidad es que actualmente, casi a finales del año 2025, siguen en vigor los presupuestos del año 2023 con más de mil días de vigencia, lo que es absolutamente inaceptable. El Gobierno, a diferencia de lo que ocurre en Europa, no sufre el lógico coste político que significa no sacar una nueva ley para el ejercicio correspondiente.

En Europa existen importantes asimetrías respecto a la posibilidad de prorrogar automáticamente los Presupuestos, y las características de ésta. En la mayoría de los países desarrollados, el rechazo de unos nuevos Presupuestos provoca altos costes políticos, económicos y sociales, y normalmente la caída del Gobierno o la convocatoria anticipada de elecciones

En algunos países como Italia y Portugal, se amplían automáticamente los anteriores, si no hay uno nuevo. En el caso concreto de Italia, el artículo 81 de la Constitución prevé una prórroga de cuatro meses con previa activación legal que en caso de no aprobarse, será permitido vía decreto Ley, lo que provocará una posterior disolución de las Cámaras.

«En Alemania, la prórroga solo afecta a los gastos públicos esenciales para el funcionamiento de la Administración»

En el caso de Portugal hubo dificultades para aprobar su Presupuesto de 2022; lo que llevó a una crisis política que provocó la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas.

En Francia la prórroga presupuestaria permite al Gobierno aprobar unas cuentas que le permiten operar, pero por tiempo limitado. En el caso de Alemania, la prórroga solo afecta a los gastos públicos esenciales para el funcionamiento de la Administración, como los salarios de los empleados públicos y los servicios básicos. En estos países la situación provoca la destitución del Gobierno.

En Suecia el Parlamento debe aprobar la asignación temporal de financiación para evitar la paralización de los servicios. Bélgica es un caso paradigmático de bloqueo presupuestario puesto que el periodo 2010/2011 estuvo más de 500 días sin un Gobierno formado y, por tanto, sin capacidad de aprobar un nuevo Presupuesto. Esta situación impidió la implementación de nuevas políticas fiscales y ajustes necesarios ante la crisis. El proceso de bloqueo provocó la degradación de la calificación crediticia del país y un incremento de los costes de la deuda.

En el caso de EEUU, la situación es mucho más radical, puesto que la no aprobación de los presupuestos significa un alto coste político para el Gobierno que produce la paralización de la actividad administrativa y colapso institucional tal y como ha ocurrido en el pasado 1 de octubre por la falta de acuerdo en el Congreso, activándose un cierre parcial del Gobierno Federal.

«La capacidad del Gobierno de presentar nuevas iniciativas de recaudación fiscal, no se ven limitadas por la prórroga presupuestaria»

En España la prórroga presupuestaría no impide completamente la acción de gobierno, aunque reduzca de manera significativa su capacidad de respuesta eficiente a los desafíos de cada momento concreto, como el incremento del gasto en defensa, o la política de vivienda.

La prórroga presupuestaria, que en teoría tiene un efecto restrictivo en el gasto, en la realidad no impide que éste se incremente en más de 34.000 millones este año 2025, impulsado principalmente por el crecimiento de las prestaciones sociales, sobre todo de las pensiones

La capacidad del Gobierno de presentar nuevas iniciativas de recaudación fiscal, no se ven limitadas por la prórroga presupuestaria, aunque es recomendable procurar que las modificaciones que se deban realizar respeten el principio de seguridad jurídica y se evite perjudicar las expectativas legítimas de los contribuyentes.

Desgraciadamente, esta recomendación no ha sido respetada en diversas ocasiones por el Gobierno actual. Para este año se estima un incremento de la recaudación fiscal de 37.000 millones de euros.

«En caso de una muy poco probable aprobación de unos presupuestos para el 2026, estos serán expansivos en el gasto»

Según el Gobierno, se están preparando unos Presupuestos para el año 2026, que en cualquier caso ya no cumplen el ciclo presupuestario normal: puesto que no se ha aprobado el necesario techo de gasto, ni se han presentado al Parlamento para su tramitación antes del 30 de septiembre.

Según parece, este supuesto proyecto, tendría nuevamente un carácter muy expansivo del gasto, por las revalorizaciones previstas de pensiones y de sueldos públicos. Asimismo, el presupuesto tendría que incluir las reivindicaciones económicas de sus socios de Gobierno y aliados parlamentarios y cumplir con los compromisos adquiridos, como el gasto en defensa.

Todo indica que en caso de una muy poco probable aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, estos serán expansivos en el gasto; y los haría absolutamente inadecuados para nuestra economía por no poder reducir apenas el déficit público y la deuda seguiría elevándose. Además, existe el peligro de que establezcan una elevación de impuestos, a pesar de la alta presión fiscal confiscatoria que ya sufrimos. No resulta válido cualquier presupuesto. En los momentos actuales debería ser restrictivo en el gasto público.

España es el único país de la Unión Europea que no ha presentado ante Bruselas el Plan Presupuestario del año 2025. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo encargado de supervisar las cuentas públicas, ha denunciado que esta situación provoca «trabajar a ciegas». En efecto, este escenario de falta de supervisión resulta muy cómodo para el actual Gobierno, en una deriva muy poco democrática y opaca. El Gobierno no puede seguir conduciendo sin unas luces presupuestarias que iluminen una política económica ortodoxa

Resulta urgente convocar elecciones generales, e iniciar un nuevo ciclo político y, por tanto, presupuestario, por el bien de nuestra economía, de la sociedad en conjunto y de la propia democracia.