Un presupuesto paralelo que no para de crecer
«Nunca hasta hoy se había llegado a tal extremo en una prórroga presupuestaria. Pero nunca se había contado con tal apoyo por parte de los ingresos públicos»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Bien rebasado el límite del 30 de septiembre para presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) para 2026, el Gobierno está obligado a prorrogar los existentes por un tiempo incierto. Nada que ya nos pueda extrañar viendo la progresiva pérdida de respeto al presupuesto, convertido en un objeto de mercadeo político sin fin. Una epidemia que rebasa nuestras fronteras. Sin ir más lejos en Francia, donde un «primer ministro intermitente» como Sébastien Lecornu se afana en formar un Gabinete que pueda llevar a la Asamblea Nacional un proyecto de presupuesto, ya que, de lo contrario, habría de aprobarse una ley especial que permita seguir funcionando con las partidas de ingresos y gastos consignadas en el presupuesto vigente.
Lejos del rigor francés, en España el Gobierno tiene mucho más margen de maniobra para seguir operando con lo que en toda regla es un «presupuesto paralelo». Es una expresión heterodoxa que ayuda a condensar la maraña de operaciones que se pueden realizar con unas cuentas prorrogadas que no pasan por las Cortes por los estrictos procedimientos que establece la Ley General Presupuestaria. Más concretamente, el tamaño del «presupuesto paralelo» alcanza los 33.292 millones de euros hasta agosto, cifra que es la suma de los créditos extraordinarios, suplementos, ampliaciones, transferencias, incorporación de remanentes, créditos generados por ingresos, bajas por anulación y rectificación y otras modificaciones, publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Si, teóricamente, la prórroga de un PGE supone en la práctica una «congelación» del gasto público, ¿cómo es posible que se gasten más de 33.000 millones adicionales? La respuesta está en los ingresos. Hasta el 31 de agosto, los recursos con los que cuenta la Administración General del Estado y sus organismos autónomos crecieron en 48.939 millones de euros, de los cuales 17.430 millones provienen del crecimiento de la recaudación fiscal en los primeros ocho meses del año y el resto del ingreso de fondos europeos y otras operaciones financieras. Los impuestos directos (IRPF, Sociedades, IRNR…) están aumentando a una tasa del 17,6% interanual (18,7% en recaudación neta) mientras que los impuestos indirectos (IVA, II. EE…) lo hacen al 20,5% (23,2% en recaudación neta).
Por tanto, mientras los ingresos fiscales sigan creciendo al ritmo que lo hacen, los gastos reales podrán seguir aumentando por encima de lo consignado en el presupuesto prorrogado y, en consecuencia, menos incentivos tendrá el actual Gobierno de coalición para presentar nuevas cuentas sin tener seguro el respaldo parlamentario. A ello se añade la obtención de recursos provenientes del endeudamiento neto del Estado. Hace escasos días, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se felicitaba porque se iba a reducir en 5.000 millones la emisión neta de deuda pública. Nadie (o casi nadie, que me conste) apostilló que a estas alturas de cuatro años de ciclo expansivo (ahora ya en fase de desaceleración) la emisión neta de deuda debería ser negativa para amortizar un pasivo que bajo las reglas de cálculo de Bruselas está por encima del 103% del PIB.
Probablemente continúe, al menos unos meses más, este juego constante de transferencias, ampliaciones y altas de nuevos créditos presupuestarios. Hay cuestiones prioritarias como la financiación autonómica y local (10.054 millones de euros más en forma de suplementos y ampliaciones de crédito hasta agosto), los casi 7.500 millones para la inmigración o la Seguridad Social, la Defensa, cuyo Ministerio ha modificado su participación en 6.247 millones, el incremento del gasto en intereses de la deuda pública (4.509 millones) o los 3.460 millones para el Ministerio de Industria, en su gran mayoría como incorporación de remanentes de crédito. Pero también otros incrementos menos comprensibles como los 2.874 millones del Ministerio de Vivienda (cuando las competencias son fundamentalmente autonómicas), los más de 2.000 millones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática o los 681 millones al Ministerio de Derechos Sociales, entre otros.
Nunca hasta hoy se había llegado a tal extremo en una prórroga presupuestaria. Pero tampoco nunca antes se había contado con tal apoyo por parte de los ingresos públicos. En una economía que depende sobre todo de los bienes y servicios de consumo (sea interno, público o privado, o externo, vía exportaciones) la recaudación a corto plazo se ve ampliamente beneficiada porque la tasa de crecimiento del PIB a corto plazo crece sustancialmente por encima de su nivel potencial de largo plazo (en torno al 2% frente a una estimación de cierre de año cercana al 3%), además en un contexto de falta de ajuste por inflación de las bases y tipos impositivos.
Esperemos que de aquí a final de año se cumpla con la obligación constitucional de presentar el presupuesto en el Congreso de los Diputados, previa discusión del techo de gasto no financiero. Acudiendo a la celebérrima frase de Brecht, «qué tiempos serán los que vivimos, que hay que defender lo obvio». A lo que añado: convertirse en noticia cualquier elemento normal del trámite de elaboración de los PGE es un símbolo de la anormalidad de nuestra época.