Aquí no hay quien viva

Si fuera por las promesas de los políticos a cada español le saldrían los pisos por las orejas. Desgraciadamente, sus promesas solo ocupan titulares de prensa. El Gobierno de Sánchez ha hecho una nueva ley, que se acopla a otra ya aprobada en 2023, y será tan inútil como la anterior. No quieren aceptar que los precios de la vivienda, tras ocho años de Gobierno de izquierdas, siguen subiendo debido al aumento de habitantes y a la insuficiente oferta habitacional. Es la ley de la oferta y la demanda, en un país en el que ya viven 49,3 millones de personas. Sin suelo edificable no hay vivienda asequible. Ni de protección oficial (VPO) ni de ningún tipo. 

En la primavera de 2024, el Banco de España advirtió que el déficit de viviendas llegaría a unos 600.000 lares. Y las cifras se han quedado cortas. En 2025, se sumarán otros 100.000, por lo que el déficit acumulado será de 700.000 hogares. El constante aumento en la entrada de inmigrantes requiere de residencias. Solo en 2023, llegaron 1.250.000. A finales de 2024, el total de inmigrantes subía hasta nueve millones. «No hay cama pa tanta gente», que cantaría el Gran Combo.

Señalar a los pisos turísticos, a los extranjeros millonarios (los venezolanos ricos de Madrid son leyenda) o a los grandes fondos de inversión como responsables de la subida de los precios es puro populismo barato. De hecho, la vivienda sube en los barrios ricos y en los humildes. Según el Observatorio del Alquiler, el 93% de los arrendatarios españoles, cuya edad media es 59 años, solo tiene un inmueble en alquiler, que arrienda para completar sus ingresos. 

Cualquier economista o persona con algo de experiencia y sentido común sabe que la falta de oferta genera la subida de los precios, más aún en un país que lleva años retrasando la habilitación de suelo disponible. Esa realidad es difícil de aceptar por quienes llevan desde 2018 gobernando. Partidos como Sumar o Podemos siguen decididos a impedir la edificación, por motivos ecológicos/ideológicos. 

Hasta las ministras del PSOE, supuestamente socialdemócratas, se han lanzado a la batalla por el votante de la izquierda radical. Hace unos días, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sorprendió a propios y extraños al señalar que, «si pudiera» aplicaría el artículo 155 de la Constitución (el que se impuso a los independentistas) para intervenir la Comunidad de Madrid y obligar a Ayuso a aceptar, sí o sí, la nueva Ley de Vivienda. Según Rodríguez, «no se puede construir a lo loco» ni dejar que «el mercado ahogue a las familias». O sea, que en Madrid sí que se construye.

«Ada Colau prometió 8.000 pisos de protección oficial. Se fue, ocho años después, y solo encontraron 4.000 viviendas»

Pedro Sánchez anunció ayudas al alquiler con opción a compra de hasta 30.000 euros para jóvenes de menos de 35 año. También prometió el cierre de miles de viviendas turísticas, que, gracias a sus leyes, se dedicarán «a rentas de larga duración». Así estamos, haciendo promesas de futuro incierto.

La última ocurrencia es de Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña. Hace un año anunció la construcción de 50.000 pisos públicos hasta 2030. Ahora ha elevado la oferta a 210.000. Fuegos artificiales.

En Madrid, situada en un inmenso llano, es más factible y creíble. Solo el proyecto llamado Madrid Norte ya prevé 10.700 viviendas (2.100 sociales); en Campamentos son 10.500 hogares y, en Valdecarros, 50.000. Son proyectos aprobados, no ideas. 

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, luchadora contra el desahucio y ahora activista en la flotilla, prometió 8.000 pisos de protección oficial. Se fue, ocho años después, y por más que buscaron, sólo encontraron 4.000 viviendas, una buena parte ya empezada por el anterior alcalde Xavier Trías. 

«¿Qué ha pasado con los 50.000 pisos que el Gobierno sacaría de la Sareb? Fue hace dos años»

La clase política nos quiere desmemoriados. ¿Qué ha pasado con los 50.000 pisos que el Gobierno sacaría de la Sareb? Fue hace dos años. Otro buen titular para la prensa afín.

Para ir al grano, entre tanta cifra y porcentaje, el pasado año, se iniciaron 136.000 proyectos de edificación en todo el Estado español. Y se vendieron/adjudicaron poco más de 100.000. En 2006 y 2007, en aquellos tiempos del boom inmobiliario, se construían hasta 700.000 viviendas anuales. Una locura, desde luego, que acabó en crisis financiera mundial, en cierre de cajas en España y largas okupaciones en las grandes ciudades de la península ibérica. 

Hoy, el famoso parque de vivienda social español, lo constituyen unos 318.000 hogares. Según el censo, ofrece amparo a un 1,72% de los 18,5 millones de hogares españoles. La media de vivienda pública en Europa es del 9,2% del parque total, aunque en países como Francia, llega al 25% en sus zonas urbanas. Ese dato ofrece nubes y claros. Los franceses, al igual que alemanes o ingleses, se quejan hace tiempo de las múltiples subvenciones y pisos baratos que crean barrios poco integrados. Y votan en consecuencia: la derecha radical y antiinmigración no para de crecer. 

Seamos optimistas y esperemos que las cifras, tan tercas, tan aburridas, nos acompañen. En 2023 y 2024 según datos del Ministerio de Vivienda, España ya aumentó la construcción de domicilios tanto libres como protegidos, pero el ritmo al que se edifica (entre 90.000 y 100.000 viviendas anuales) es insuficiente para cubrir el actual déficit de 700.000 hogares. 

El Ejecutivo de Sánchez no consigue centrarse en crear suelo y reducir la burocracia para habilitarlo. Con tanta ley, solo consiguen demonizar el mercado de pisos turísticos, asustar al arrendador particular y pasar el muerto al malvado propietario o a Isabel Ayuso, la mala de cualquier película. Y así no hay quien viva.