En defensa de la libertad de expresión

Nunca he sido partidario de exagerar los males del sanchismo. Entre otras razones, para no darles motivos para descalificar las críticas justificadas con el pretexto del supuesto catastrofismo de quien las formula. Me resisto a creer, por ejemplo, que la democracia en España esté en peligro o que Pedro Sánchez acabe convirtiéndose en un líder totalitario, por mucho que esa sea su naturaleza.

A medida que el declive del Gobierno se acentúa y que los valores en los que se sustenta se pervierten, aumentan, sin embargo, las amenazas contra nuestras libertades y contra nuestro Estado de derecho. Las más significativas de esas señales de peligro han sido los reiterados ataques de miembros del Gobierno contra los jueces por su disposición a investigar al partido en el poder y al entorno del primer ministro cuando los indicios así lo requieren. Los jueces en su mayoría han comprendido el riesgo que esos ataques representan y han reaccionado con firmeza y respeto en defensa de su labor o lo que es lo mismo, en defensa del sistema democrático.

No se ha producido, en cambio, una reacción semejante por parte de la profesión periodística ante la reiteración igualmente inquietante de amenazas contra la libertad de expresión. Las presiones contra las opiniones discrepantes y contra los medios cuya línea editorial se contrapone a la posición del Gobierno han sido frecuentes en los últimos años. Se han ejercido de diferente forma: impedirles preguntas en ruedas de prensa, excluirlos de las comitivas oficiales, negarles entrevistas con los principales miembros del Ejecutivo, situarlos a la cola de las subvenciones en forma de propaganda oficial. A eso se ha sumado siempre el acoso de los más fieles militantes en redes sociales y otras formas indirectas de deslegitimación que permitieran siempre entender a todos quienes eran los periodistas amigos y quienes los enemigos. En resumen, los métodos habituales del trumpismo.

«Duele ver al Gobierno de un país democrático atacar a periodistas simplemente porque hacen preguntas cuyas respuestas les incomodan, pero duele más aún ver a otros colegas que se colocan sin tapujos no del lado del periodista agredido, sino del Gobierno agresor»

Con la inclusión de Óscar Puente en el Consejo de Ministros, el asunto alcanzó una nueva dimensión, mucho más en línea con lo que venía ocurriendo con los jueces. Ahora es un ministro quien utiliza su relevante posición pública para señalar a los periodistas que no le gustan y tratar de desacreditar sus puntos de vista a base de insultos y descalificaciones zafias. En cuanto habla, no faltan voluntarios que se sumen al linchamiento, algunos de ellos en la propia profesión periodística. 

Parece ser que el método Puente ha encontrado imitadores entre sus propios compañeros del banco azul y ahora ha sido Margarita Robles quien ha criticado la labor de un periodista español, corresponsal en Washington para más seña, que se dedica a preguntar sobre España a Donald Trump. ¡Antipatriota, le han llamado, nada menos! La crítica es tan descabellada que debería inducir a la burla y poco más. Pero si debe ser tomada muy en serio es porque resulta reveladora sobre la clara disposición del Gobierno de acallar cualquier voz crítica, incluida la de aquellos que se limitan a hacer preguntas que le perjudican.

«Nunca como ahora se había producido en la democracia española un ataque frontal contra la labor periodística»

El señalado era David Alandete, actual corresponsal del diario ABC en Estados Unidos. Como algunos de ustedes sabrán, conozco muy bien a Alandete, que formó parte de la dirección de El País en los años en los que yo fui director. No me mueve la amistad, sin embargo, para afirmar que es uno de los mejores periodistas de su generación, independiente a carta cabal y libre por completo de cualquier sesgo ideológico. Alandete ha conseguido aquello con lo que cualquier corresponsal en Washington –yo diría que cualquier periodista– ha soñado siempre: ganar tal estatura entre el cuerpo de corresponsales extranjeros como para gozar del privilegio de preguntar al presidente de Estados Unidos de vez en cuando. Lo hace sobre Venezuela, lo hace sobre Ucrania, lo hace sobre la Unión Europea y lo hace, por supuesto, sobre España. Y pregunta como debe de preguntar un periodista: buscando siempre el ángulo más polémico y controvertido de la actualidad, que, como sabemos los más veteranos, suele coincidir con el ángulo que los dirigentes tratan de mantener invisible.

Duele ver al Gobierno de un país democrático atacar a periodistas simplemente porque hacen preguntas cuyas respuestas les incomodan, pero duele más aún ver a otros colegas que se colocan sin tapujos no del lado del periodista agredido, sino del Gobierno agresor, simplemente porque este se corresponde con su color ideológico favorito. Algunos de esos periodistas están en la mente de todos, son habituales defensores de la causa, vulgares activistas que atienden al sonido del silbato. Otros aún tratan de camuflar su deshonestidad escondiéndose tras cabeceras de pasado glorioso. Alguno de ellos, del mismo periódico en el que David y yo trabajamos muchos años, le reprochaba a Alandete que, si no hubiera sido por su pregunta, Trump jamás hubiera atacado a España. Triste personaje que confiesa en público que su interés en el periodismo no es la búsqueda de la verdad, sino hacer méritos ante los suyos.

El asunto es, en todo caso, más grave que el resentimiento de un puñado de cobardes oportunistas. La profesión periodística tiene la obligación de defender la libertad de expresión. Contra todo, frente a todos, de cualquier signo político. No es una opción, es una obligación. Los periodistas tenemos el privilegio de disponer de los medios de comunicación para expresar nuestras ideas. A cambio, tenemos la obligación de asegurarnos que la sociedad dispone de información imparcial y veraz. Los periodistas no tenemos el derecho de la libertad de expresión, somos meros administradores de ese derecho, que le corresponde a los ciudadanos. En esa condición, somos moralmente los primeros implicados en su defensa. Hoy ese derecho está amenazado por el Gobierno. Nunca lo ha estado como ahora. Otros Gobiernos trataron de limitar en la medida de sus posibilidades el acceso a la información oficial y se escurrieron en lo posible de su deber de rendir cuentas ante la prensa. Pero nunca como ahora se había producido en la democracia española un ataque frontal contra la labor periodística. Coincidentemente, el ataque proviene de un Gobierno que se dice de izquierdas. Es lo de menos. Lo importante es, como hacen los jueces, salir en defensa del compromiso que adquirimos con la sociedad, el de informarles de forma profesional, honesta y ecuánime.