Miedo a preguntar

El grado de degeneración democrática al que estamos llegando en España en los últimos tiempos afecta a todos los planos de la vida social y política. El intervencionismo político ha existido, existe y seguirá existiendo. Por eso, los sistemas democráticos establecen mecanismos legislativos que sirven de protección y de contrapoder ante las tentaciones interesadas en controlar instituciones, que deberían tener un sentido estatal público y de consenso, y evitar un dominio partidista e intervencionista. Ahora, lo último es atacar la esencia del periodismo, atacar al que pregunta. Provocar miedo a preguntar.

Da igual dónde se mire. En los últimos años, las instituciones públicas españolas han sido invadidas y reconvertidas en instrumentos para el mantenimiento y control político del Gobierno de Pedro Sánchez con el único objetivo de perpetuarlo en el poder mediante el control total del Estado. Desde un Tribunal Constitucional –con exministros del Gobierno– que se arroga funciones de casación por encima del Tribunal Supremo a una Fiscalía General del Estado enfrascada en la lucha contra los rivales políticos del presidente. El estado de derribo es desolador. La credibilidad del Banco de España o del INE por los suelos, incapaces ambos de mostrar la menor crítica a la política del gobierno y adaptando siempre sus protocolos a los objetivos. 

Qué decir del CIS convertido ya por Tezanos en una institución que ha perdido todo prestigio académico para convertirse en una chanza que cuesta muchos millones de euros a los españoles. Sus últimos trabajos abandonan ya todo síntoma de vergüenza profesional y están tan desprestigiados que el punto de mira ha cambiado. Sus pronósticos electorales manipulados conscientemente siempre en beneficio de los intereses del PSOE son pagados por todos los españoles, lo que para muchos podría estar rozando ya la malversación y la prevaricación.

La invasión no para. RTVE, una televisión pública también pagada por todos, y que debería ser para todos, se ha convertido ya cautiva en la mejor expresión del Muro de Sánchez. La TeleMuro martillea hora tras hora con informaciones contra la oposición y esconde, minimiza o intenta ridiculizar las informaciones sobre los grandes casos de corrupción que rodean el entorno familiar y político del presidente. Grandes presupuestos para productoras amigas donde son ilimitadas las entrevistas a los ministros, especialmente a los que van a ser candidatos autonómicos, y sobre todo a Óscar López, el rival de la enemiga número uno de estos programas, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Como si fuera el gobierno, RTVE maneja los millones sin querer pensar en su creciente déficit. El Estado paga.

No les basta con ese control monopolizante de los contenidos de la televisión pública. También quieren asfixiar a esos medios críticos e independientes que osan seguir investigando e informando libremente de los casos de corrupción o simplemente de torpeza del Gobierno. En un cinismo que sonroja: han estado durante meses bombardeando con la necesidad de mecanismos justos y racionales en la distribución de la publicidad institucional. Es un reglamento europeo, impecable en su origen, antes de que lo retuerzan. La realidad es que nunca un gobierno ha dedicado tanto dinero para su propaganda y que nunca como ahora se ha llegado a unos niveles de secretismo y de ocultación sobre los criterios y repartos. La centralización en la propia Secretaría de Estado de Comunicación de todos los presupuestos y ejecución de la publicidad de los ministerios amenaza con mayores desequilibrios en favor siempre de los medios amigos.

«El presidente de la primera potencia del mundo no necesita que un periodista español le haga ninguna pregunta para tener clara su postura sobre el Gobierno de España»

Y en una vuelta más de tuerca, en ese afán infinito del Gobierno por controlar a la prensa libre, el relato y el mensaje, se inició hace unos días un ataque novedoso, surrealista y sin sentido. Se cuestionó la ministra de Defensa, Margarita Robles, que haya periodistas que hagan determinadas preguntas. No se referían sobre preguntas a Sánchez, porque es conocido que nuestro presidente no se deja hacer preguntas por nadie que no sea amigo. Era sobre preguntas hechas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre cuestiones que afectan, y mucho, al estatus español en el panorama internacional, tanto por su compromiso firmado en la OTAN de invertir un 5% en gastos de defensa y seguridad como por las amenazas de Trump por no cumplirlo. Pareciera por el tono de la crítica de Robles que por culpa de las preguntas de los periodistas Trump se acordaba de su malestar con el Gobierno español.

Lo cierto es que el presidente de la primera potencia del mundo no necesita que un periodista español le haga ninguna pregunta para tener clara su postura sobre el Gobierno de España y su compromiso con el 5%. Lo hizo en El Cairo, en la cumbre en la que se firmó el alto el fuego en Gaza, donde Trump incluso convocó al resto de líderes europeos a que forzaran a Sánchez a cumplir lo firmado. En los días previos y posteriores había amenazado con la expulsión de España de la OTAN o unos aranceles del 100% para nuestro país. La cuestión no es baladí porque hasta un portavoz de la UE tuvo que salir en Bruselas a recordar que los aranceles de España, como el resto de los países miembros, los negocia Europa. Está claro que es una información importante, de interés nacional e incluso europea, que desde la Casa Blanca se sigue de cerca y que en el ojo del huracán está Pedro Sánchez.

Y ese es el problema, el pánico que hay en la Moncloa a que, día sí y día también, se hable no de España, sino del Gobierno de España por incumplimiento de palabra. Pánico porque saben que con su inexistente mayoría cualquier intento de cumplir el 5% haría más inestable la posición del Gobierno. Pánico porque cada día Sánchez está más aislado y peor visto en Europa, donde son cada vez más los socios, sobre todo los cercanos a Rusia, que se lo echan en cara. Pánico porque no pueden responder nada más allá de alguna vaguedad contradictoria para intentar engañar a todos. Y rezar para que Trump calle. Algo que sí parece imposible.

En todo caso, la presión del Gobierno a los que preguntan ha sido canalizada por el equipo de opinión sincronizada contra el corresponsal de ABC en Washington, David Alandete. El que fuera director adjunto de El País, es un habitual en las ruedas de prensa de la Casa Blanca, donde suele preguntar siempre que puede. Lo ha hecho sobre muchas cuestiones, pero parece que preguntar a Trump en persona sobre posibles represalias contra España por incumplimiento de lo firmado en la OTAN es, según algunos, «dar combustible a Trump». El simplismo de la acusación es de tal calibre que rompe la base del periodismo, la de preguntar por lo que más nos afecta o interesa. 

En esta polémica solo faltaba el ministro tuitero, Óscar Puente, que en un acto de presión impresentable insinuaba una actitud traidora del corresponsal español. Terrible que ahora ya sea pecado incluso preguntar. Más terrible es que muchos supuestos compañeros compartan la opinión insultante del ministro. Deben de haber olvidado que fuera de España los dirigentes democráticos hacen ruedas de prensa con cierta frecuencia. Y deben de pensar que los que preguntan libremente lo que quieren deben de ser «pura fachosfera». Es el nuevo miedo que quieren crear en la prensa española: el miedo a preguntar. Pero en el fondo es miedo a las respuestas.