No es país para autónomos

Los españoles somos cada vez más dependientes del Estado. Desgraciadamente, esta afirmación no es una opinión, es una realidad. Por un lado, si sumamos los diferentes colectivos dependientes directamente del Estado, estos superan a la población ocupada real con sueldo de una empresa.

Entre empleados públicos, más de tres millones; pensionistas, casi 10 millones; parados, 2,5 millones; los llamados fijos discontinuos, en torno al millón; y beneficiarios directos e indirectos del llamado ingreso mínimo vital, 2,2 millones, según datos del Gobierno. Tenemos a casi 19 millones de españoles, de facto, dependientes del Estado, mientras que los trabajadores por cuenta ajena empleados por empresas, estarían en torno a los 17 millones, un drama. Los autónomos somos 3,4 millones.

Con este panorama, es obvio que esa dependencia del Estado, además de hacer insostenible nuestro sistema de pensiones a medio plazo y nuestro modelo de bienestar, conlleva también un preocupante poder en manos de los políticos de turno. Cuanto más dependientes seamos, menos libres somos para decidir nuestro futuro, incluida la elección de nuestros gobernantes o la forma de vivir o de ganarnos la vida.

Y mientras el Gobierno trata de conquistar los votos de los dependientes del Estado con subidas de salarios públicos, subidas de pensiones insostenibles, o saca pecho por tener a más de dos millones de españoles dependientes del subsidio llamado ingreso mínimo vital, ha decidido asestar un nuevo golpe a los trabajadores autónomos, que ya sienten la asfixia fiscal y burocrática, a la que ahora se sumará un incremento de la cuota de autónomos.

Agricultores, médicos, conductores, artistas, fontaneros, comerciantes, restauradores, comerciales, abogados, arquitectos, consultores, fisioterapeutas, mecánicos, periodistas… y muchos otros colectivos profesionales vuelven a ver cómo les meten la mano en el bolsillo.

Pero más allá del sablazo que supondría esta medida, hay un aspecto de fondo mucho más preocupante si cabe. Ya no se trata solo de recaudar más de los emprendedores, profesionales o pequeños empresarios. Se trata, sobre todo, de penalizar a aquellos que no quieren ser dependientes del Estado ni de una gran empresa, que prefieren montar la suya propia o vivir de sus clientes. 

Estos días hemos tenido que escuchar y leer a algunos opinadores del poder decir que esta subida a los autónomos es buena, porque así habrá menos autónomos y eso es síntoma de estabilidad económica. Es decir, que prefieren a millones de personas en el paro o acogiéndose al ingreso mínimo vital que financiamos el resto, que siendo autónomos, y aportando a las arcas públicas. Alucinante. 

Ser autónomo, en muchos casos, es mucho más que una categoría laboral, es una forma de ver el mundo, la economía, de vivir y de ganarte la vida, sin depender de las decisiones de terceros.

Y otro daño colateral de esta medida: crear un ecosistema emprendedor conlleva apoyar a los autónomos, porque la inmensa mayoría de futuras empresas serán creadas por trabajadores autónomos más que por pensionistas o funcionarios, por personas con la valentía, las ganas, la libertad y la responsabilidad de poner en marcha un negocio, endeudarse o contratar a otros trabajadores. Zara, Cabify, Glovo, Mango, Mercadona, NH, Jobandtalent o Wallbox no existirían si uno o varios autónomos no las hubieran fundado y levantado. 

Los políticos intervencionistas prefieren tener en sus manos el futuro económico de las familias españolas. Por eso también hay que oponerse a esta medida, porque también nos jugamos ser un país de emprendedores y de ciudadanos más libres.

La última ley que se aprobó en el Congreso de medidas en favor de los autónomos la presentó el grupo de Ciudadanos, la ley 6/2017. Tuve el honor de defenderla en la tribuna del Congreso y se aprobó por unanimidad de ambas cámaras. Logramos un oasis de consenso en medio de la batalla partidista, y con el amparo de los Presupuestos Generales, que también aprobamos en las Cortes Generales para 2017.

En cambio, la medida que ha anunciado el Gobierno no tiene el apoyo de la mayoría parlamentaria, hoy por hoy. De hecho, ni siquiera hay presupuestos aprobados ni presentados desde 2023.

Espero que esta propuesta, por el bien de la economía y de las pymes españolas, y especialmente por la realidad que soportan casi 3,5 millones de autónomos y sus familias, no se apruebe, y que la legislatura que viene el debate no gire en torno de cómo esquilmar más a los autónomos, sino de cómo ayudarles y quitarles trabas y cargas fiscales y laborales para que España también pueda ser un país para los autónomos.