La democracia traicionada

Acaba de ser resuelto uno de esos laberintos judiciales que atraen a la opinión pública francesa y que servían de argumento a las películas sobre crímenes de provincia para Claude Chabrol. Una joven madre de familia sale de su casa de noche, sin documentación ni dinero, y desaparece sin dejar rastro. Su matrimonio era un infierno que estaba a punto de abandonar. Todo indica que ha muerto y que el marido fue el culpable, pero el cuerpo no aparece. Finalmente, el jurado, compuesto por seis ciudadanos y tres magistrados, ratifica esa culpabilidad y condena al marido a 30 años de cárcel. Concluye que la mujer no había podido irse por su voluntad a sitio alguno, sufrir un accidente ni suicidarse y acuerda unánimemente la sentencia por «íntima convicción».

No soy jurista, pero por mis lecturas puedo opinar que la íntima convicción en nuestro país se ciñe a la valoración de una prueba objetiva, y que según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atendiendo al artículo 331, hubieran sido necesarios testigos que dieran fe de la desaparición del cuerpo del delito. Por su parte, el Código de procedimiento penal francés, en su artículo 353, admite que cada miembro del jurado decida por una «íntima convicción» la culpabilidad o la inocencia a partir de la valoración de conjunto de las pruebas aportadas por acusación y defensa. A pesar de la ausencia reseñada, la mencionada sentencia se basa en que con los datos y testimonios disponibles, los hechos no pudieron suceder de otro modo que mediante el asesinato cometido por el acusado sobre su mujer. No cabía una situación como la descrita, y que los lectores recordarán, en El crimen de Cuenca.

Por supuesto, descartamos aquí sugerir una modificación de nuestras normas que rigen el procedimiento penal. Se trata de aplicar ese sentido extensivo de la «íntima convicción» francesa a la valoración que ese jurado implícito que es la ciudadanía, debiera hacer de otro laberinto bien concreto, el de los procedimientos sobre delitos de corrupción que se acumulan en la España de hoy. No para establecer penas o absoluciones, sino para valorar en términos políticos lo que está sucediendo, porque una cosa son las presunciones de inocencia para cada caso concreto y otra cerrar los ojos al cúmulo de indicios y datos objetivos, así como ante los comportamientos reiterados del Gobierno respecto de ese proceso.

Porque lo que no está incluido explícitamente en cada uno de esos casos es el denominador común que caracteriza en conjunto a la actuación dictada por Pedro Sánchez. Nos referimos a la intervención permanente del propio Gobierno, y del aparato jurídico de Estado puesto a su servicio, para oponerse y desautorizar todo procedimiento sobre corrupción que directa o indirectamente pueda afectar al presidente y a su entorno. Antes de que lo pronunciase una fontanera del PSOE, alcanzar ese fin «caiga quien caiga» ha sido la regla general. A partir del desglose de sus componentes cabe apreciar hasta qué punto representa una subversión de la democracia, cometida por la institución política encargada de su salvaguarda.

Primero, ofensiva sin fisuras de los aparatos jurídicos del Estado, empezando por la Fiscalía General, contra los procedimientos que afectan al entorno de Sánchez. Segundo, usurpación simbólica de la competencia judicial por los ministros del Gobierno que proclaman hasta la saciedad la ausencia de base para dichos procedimientos y pronuncian la absolución de los imputados, con el fin de satanizar a los «jueces políticos» ante la opinión. Tercero, uso sistemático de los medios de comunicación al servicio del Gobierno para que la ciudadanía asuma esa descalificación.

«La intoxicación de masas, en la estela de los totalitarismos, ha logrado aquí un éxito total»

Cuarto, mutación de esos medios, siguiendo las pautas de la extrema derecha europea, francesa en particular, al sustituir sin excepciones la información documentada por «la opinión», a través de espacios de falso debate estrictamente dirigidos desde arriba y demagógicamente militantes (hacia una TVE «a lo Gonzalo Miró» o «a lo Intxaurrondo», con el complemento sanamente «apolítico» de La Revuelta). Quinto, puesta en marcha de mecanismos para desactivar y/o eliminar los órganos del Estado que cumplen su función indagatoria, tales como la UCO o la Fiscalía Anticorrupción, sin reparar en medios ni en el recurso a fraudes o a coacciones personales. Es un Gobierno que para ello necesita y produce impresentables fontaneros.

Objetivo último: no solo desmantelar las resistencias del Estado de derecho, sino consolidar la degradación en curso de un amplio sector de la opinión pública, convertida en un rebaño de cordeiros enfurecidos, por usar la divertida expresión portuguesa de los años 70, autolegitimados por la etiqueta de «progresistas» y seguidores ciegos de la subversión practicada por el Gobierno. La intoxicación de masas, en la estela de los totalitarismos, ha logrado aquí un éxito total.

Hay otra cara del espejo, menos conocida y complementaria de la anterior: el papel que un gobierno democrático hubiera debido asumir ante la abrumadora serie de indicios delictivos que le rodean, y más aún, si como proclama, el cáncer del trío de presuntos corruptos nada tenía que ver con los impolutos Gobierno y PSOE. Hasta el último clavo ardiendo sirve de base a la mentira exculpatoria sobre esto último: la UCO prueba, dice Bolaños, que no hubo caja B en el PSOE, cuando la UCO no investigaba al PSOE, sino a Ábalos, y no pudo así ni acusar ni exculpar. Bastante aportó indirectamente en sentido contrario. ¿Y qué decir de los sobres repletos de chistorras? Una señora hiperactiva, que chilla sobre casi todo y se ocupa de la Hacienda, ha omitido en cambio declarar algo tan obvio como que los pagos en metálico son irregulares cuando se trata de pagos por organismos públicos, aunque vayan anotados en la contabilidad de los mismos.

La experiencia de cualquier ciudadano lo prueba sin excepción alguna. Para desmentirlo, un señor que pasaba por allí, Pedro Sánchez, adobó la imagen de la falsa regularidad de lo irregular, diciendo que él había cobrado «alguna vez» en metálico. ¿De qué? Engaña que algo queda. Nos van ahogando en una charca de medias verdades y mentiras.

«Desde que nació el clan del Peugeot en torno a una estrella política en ascenso, formaron un potencial grupo dirigente, de carácter mafioso»

De estos datos, y de la constatación de que el Gobierno no ha aportado elemento alguno de cuantos dispone para arrojar luz sobre los casos del trío apestado, sino todo lo contrario, la íntima convicción suscribe la tesis del silencio cómplice. Complicidad, ¿por qué y para qué? Es muy sencillo. Como en el caso de la pobre esposa desaparecida, no cabe otra explicación que desde que nació el clan del Peugeot en torno a una estrella política en ascenso, formaron un potencial grupo dirigente, de carácter mafioso, destinado a servirle en el asalto al poder primero y luego de correa de transmisión para imponer su decisionismo al partido que antes se le había opuesto. A modo de justa compensación, tan eficaces auxiliares obtuvieron barra libre para sus negocios y pasiones particulares.

Por encima de los estatutos del partido hasta el despotismo en lo primero, según mostraron los mensajes de Ábalos, y creando un mundo feliz de concesiones, comisiones millonarias y hetairas de todo pelaje para lo segundo, que ahora está saliendo a la luz de manera incuestionable. Eso sí, sin perjuicio de las respectivas presunciones de inocencia. Y dentro de un paralelismo sorprendente con el caso de la mujer francesa asesinada, el cuerpo del delito, en este caso el dinero, hasta ahora ha desaparecido. Tener amigos como Maduro sirve de mucho, aunque bastaría con que la organización del PSOE, aquí y ahora, colaborase examinando y comunicando sus propios datos para que muchas cuentas estuvieran claras.

En principio, un esquema como el descrito requiere la pretensión de pureza e inocencia en el protagonista principal. Llegada una situación de peligro, tendrá entonces que dejar caer a sus fieles, no sin darles algún grado de protección indirecta para que no canten. Hay que ponerles en cuarentena, y así se hizo. La infracción a esa cláusula tiene lugar, en el caso de Sánchez por estimar que su entorno más próximo, familiar, debía tener asegurada la impunidad, en pequeños nepotismos (David) o en aventuras rentables de tipo académico (Begoña).

El presidente pudo muy bien aparentar la neutralidad, sin demasiado riesgo: no hay en esas chapuzas nada parecido a lo que acaba de llevar a Sarkozy a la prisión de la Santé. Ha optado en cambio por una respuesta visceral, comprometiendo a toda instancia jurídica del Estado, en defensa de su privilegio, extensible a los suyos, y en la descalificación consiguiente de los jueces. De modo implícito, pero también inequívoco, asume el riesgo de aparecer como cabeza de un régimen de corrupción. La apuesta es excesiva.

«Se trata de contentar al precio que sea a quien encabezó el 27-O una rebelión contra el Estado»

El punto de llegada es también excesivo y al mismo tiempo lógico: si el presidente se cree por encima de la ley, y está dispuesto a someterla a sus intereses y a sus infracciones, otro tanto ha de suceder con su obligación esencial de defensa del orden constitucional, del Estado. Toda la trayectoria de degradación del «diálogo» en entrega de fragmentos de ese orden al independentismo catalán «por un puñado de votos», citando a Sergio Leone, no refleja otra cosa desde el 23-J.

Un extraño western político cuyo último episodio, en apariencia menor, es la lucha en todo y por encima de todo, para que la UE reciba como lengua oficial al catalán (¿y de paso al catalán y al euskera?). Sin duda se presenta a las lenguas cooficiales como oficiales al mismo nivel que el español, tal como han sido impuestas anticonstitucionalmente en el Congreso. Se trata de contentar al precio que sea a quien encabezó el 27-O una rebelión contra el Estado, proporcionándole un argumento decisivo en Europa para reivindicar en el futuro la independencia.

La convicción íntima no ofrece dudas: estamos ante una traición más a la democracia, ejecutada únicamente al servicio del interés personal de un hombre, en su itinerario para consolidar y perpetuar un poder dictatorial. Como en la sentencia francesa, los datos disponibles no autorizan una interpretación alternativa, exculpatoria. (Y además con la mentira añadida de que Alemania no cedió: sin comentarios).