El PSOE contra las cuerdas

Pedro Sánchez compareció en la comisión del Senado por el caso Koldo como quien asiste a su propia beatificación. Se sentó con parsimonia, se ajustó unas gafas de pega con estudiada solemnidad, entornó los ojos e interpretó un doble papel: mártir del odio ajeno y justiciero condescendiente. Lo hizo con la seguridad de quien cree que la verdad es un material maleable, que los hechos se relativizan con convicción suficiente, y que al votante le basta un gesto bien ejecutado para olvidar un centenar de evidencias.

El problema es que, mientras él recitaba su monólogo, la justicia trabajaba sobre otro guion, bastante menos tragicómico y mucho más crudo: el auto del magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa especial 20775/2020 en el Tribunal Supremo conocida como caso Koldo apuntan indiciariamente a la existencia de una estructura de pagos en metálico fuera del circuito contable oficial del Partido Socialista, ejecutada desde la Secretaría de Organización.

Según el magistrado, hubo pagos en efectivo desde la sede del partido a José Luis Ábalos y Koldo García que no aparecen reflejados en la contabilidad oficial, según se desprende de los informes de la UCO y otras diligencias practicadas. Y lo más interesante no es lo que en la resolución se dice, sino precisamente lo que no puede explicar: quién autorizaba los pagos, quién los verificaba o por qué se prefería entregar sobres en metálico en lugar de realizar transferencias. Según el auto, todos los fondos entregados como devolución de gastos a nombre del «equipo de organización» eran reclamados por Koldo García, pese a que no constaba que ocupara cargo alguno en la Secretaría de Organización. 

El dinero le era entregado directamente a Koldo o a quien él designaba: su esposa, un mensajero, o cualquier tercero. No había constancia de que ese dinero se distribuyera después entre quienes realmente habían incurrido en los supuestos gastos. Y tampoco se comprobaba si quien presentaba los tickets era quien había realizado el pago, ni si el gasto había sido abonado con dinero propio o con fondos de origen ilícito. Bastaba la firma de Ábalos para que se aprobara el reembolso. Ningún control, ningún filtro. Solo un circuito opaco de efectivo, sin trazabilidad, operando en pleno corazón del partido.

Horas antes, Sánchez, había defendido en la comisión de investigación del Senado una versión de los hechos que solo alguien muy fanatizado –o a sueldo del partido– puede creerse: que esto no va con él, que todo se reduce a un grupúsculo de desleales corrompidos con los que apenas tuvo trato y que la oposición recurre a los bulos y al fango para acabar con el Gobierno más limpio de la democracia. Porque, por supuesto, el verdadero escándalo es que alguien se atreva a mancillar su inmaculada trayectoria presidencial. Un espectáculo de pirotécnica con el que intentó desviar la atención a las gafas para que no le mirásemos a los ojos, ese espejo traicionero del alma tras el que asoma un abismo de cálculo, cinismo, narcisismo y mentiras.

«Una operativa tan opaca que, en palabras del juez, podría haber servido para blanquear dinero de origen ilícito»

Unas mentiras que, como confirma el auto del Supremo, no se quedan en el personaje: atraviesan la estructura del partido, se institucionalizan y se convierten en método: sobres en efectivo, sin trazabilidad, entregados con una firma como única garantía, y sin constancia de que el beneficiario fuera siquiera quien hizo el supuesto gasto que se reintegraba. A Koldo se le entregaban cantidades en mano para gastos genéricos de un equipo del que ni siquiera formaba parte. Una operativa tan opaca que, en palabras del juez, podría haber servido para blanquear dinero de origen ilícito. Porque el dinero no solo salía de Ferraz sin control, sino que podría haber entrado igual.

Y aquí es donde los socialistas no saben por dónde tirar. Porque lo que el Supremo está describiendo es una caja paralela sin control contable, alimentada –al menos en parte– con dinero público. Lo que el PSOE justifica como «reembolsos en metálico» se parece mucho a esas cajas B que tanto criticó en el PP cuando estaban en la oposición. 

El Tribunal Supremo se inhibe a favor de la Audiencia Nacional porque las posibles irregularidades detectadas –pagos en metálico, operativas opacas, falta de control contable y posibles entradas de dinero no declaradas– no están inescindiblemente vinculadas a los hechos que motivaron la causa especial, limitada al aforado José Luis Ábalos. 

Más allá de lo que pueda determinar la justicia en términos de responsabilidad penal, el contenido del auto revela una operativa deliberada cuya finalidad evidente era dificultar la trazabilidad y el control de los fondos que se manejaban en Ferraz. Y eso, tratándose de un partido –y un presidente– que llegó al poder tras una moción de censura en nombre de la regeneración democrática, que prometía acabar con la corrupción y devolver la dignidad a las instituciones, es directamente intolerable. También lo es por parte de sus socios, que llevaban meses advirtiendo que una caja B era su línea roja, y hoy encadenan excusas que avergüenzan hasta al más insolente con tal de sostener en Moncloa a quien ya saben corrupto. 

Han travestido de coartada moral lo que no es más que sectarismo puro y duro. Porque ya no cuela ese discurso de que todo vale con tal de que no gobierne la derecha. No estamos ante una elección entre proyectos, sino ante la renuncia consciente a cualquier estándar ético solo para blindar el poder propio y la impunidad del prófugo de Waterloo.