Ofensiva contra las pensiones públicas

Pocas partidas de gasto público habrán sufrido una ofensiva tan dura como el sistema público de pensiones. Los ataques vienen de muy lejos. Por lo menos desde hace 40 años. Creo que fue en 1985 cuando Nicolás Redondo y Antón Saracíbar, diputados entonces del grupo socialista, rompieron la disciplina de voto en la tramitación de la ley de reforma de las pensiones. Ya entonces se decía que el sistema era inviable. Tesis que no cambió después de la reforma. Posteriormente, en algunas mesas redondas intervine teniendo que contradecir tal presunción.

Han pasado cerca de 40 años y la ofensiva continúa. Cabe hacerse la pregunta de por qué entre tantas partidas de gastos, muchas de ellas muy cuestionables, se han escogido las pensiones como objetivo a derribar por casi todos los servicios de estudios de empresas y fundaciones. Una primera respuesta es obvia: detrás se encuentran los intereses de las entidades financieras dispuestas a promocionar los fondos privados de pensiones.

En esta ofensiva son muchos los estudios que se han elaborado a lo largo de todos estos años pronosticando la debacle, vaticinios que no se han cumplido y que no tienen por qué cumplirse si existe voluntad política de mantener el sistema y no se cae en falsas antinomias.

Hace algunos días Fedea ha elaborado una vez más un informe con el que quiere demostrar que el sistema es inviable. En este caso pretende fundarlo en su generosidad, porque, según no se sabe cuántas suposiciones y cálculos, llega a la conclusión de que un jubilado medio recibe más dinero sumando todos sus años de pensionista que todo lo que ha cotizado en su vida activa (los jubilados también paga impuestos). Según cuáles sean las hipótesis, lo cifra en un 12% o en un 25% más.

La tesis no tiene nada de novedosa. Hace años ya la enunció Solchaga, con menos sofisticación, pero con la misma intención que persigue ahora Fedea, la de señalar lo generoso que es el sistema de pensiones y, en consecuencia, la necesidad de reformarlo. Eso sí, tal afirmación la hizo cuando ya había dejado de ser ministro y estaba ocupado en otros negocios.

«Se hace una distinción artificial entre pensionista y contribuyente»

Este planteamiento se asienta sobre un sujeto imaginario que es el pensionista medio. Pero lo cierto es que tal figura no existe y el saldo es distinto para cada jubilado. Para unos será positivo, para otros, negativo. Por poner un ejemplo extremo, será totalmente negativo para aquellos que fallecen antes de llegar a la edad de jubilación. Existe, sí, una cierta relación entre cotizaciones y prestaciones, pero desde luego no es proporcional.

No sé si para llegar a tales conclusiones se han tenido en cuenta las cotizaciones de los empresarios, que en el fondo son recursos de los trabajadores aun cuando los pague el empleador, ya que no deja de ser una parte del salario. Pero de lo que sí estoy seguro es de que no se han computado todos los impuestos con los que a lo largo de los años han venido contribuyendo los asalariados. Ciertamente, con la finalidad de recibir toda una serie de servicios y prestaciones públicas, pero no sé por qué dentro de esa pluralidad no se computan también las pensiones. Es decir, se hace una distinción artificial entre pensionista y contribuyente.

Lo que se encuentra implícito en tales razonamientos es que debe existir una identificación perfecta entre cotizaciones y pensiones o, dicho de otro modo, las segundas se deben financiar exclusivamente con las primeras. Tal suposición no tiene fundamentación alguna ni en la ley, ni en la Constitución. La nombrada separación de fuentes en la financiación del Estado es una mera convención del Pacto de Toledo, que incluso en su origen, no empleaba unido a las cotizaciones, el término «exclusivamente», sino el de «principalmente». Es más, uno de los primeros principios de la Hacienda Pública se encuentra en que no debe haber ingresos afectados. Es curioso que todo el mundo defienda no solo que las cotizaciones estén afectadas a las pensiones, sino que estas estén limitadas por aquellas.

La razón es que pervive en el imaginario público el sistema de Seguridad Social (SS) creado durante el franquismo, como sistema cerrado en el que las prestaciones estaban unidas a las cotizaciones, pero no solo las de jubilación, sino todas las de los trabajadores, incluyendo por ejemplo la sanidad, el seguro de desempleo, la incapacidad laboral, etcétera. Este modelo no es el que establece la Constitución que en su artículo 41 impone a los poderes públicos mantener un régimen público de SS para todos los ciudadanos y que garantice la asistencia y prestaciones suficientes. No lo limita a los trabajadores ni a las cotizaciones.

«No hay ninguna correlación determinista entre pensiones y cotizaciones ya que incluye a aquellos que no han cotizado nunca»

Concretamente en el caso de las pensiones, el artículo 50 viene a completar el 41 estableciendo que los poderes públicos garanticen, «mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad». Nótese una vez más que no solo habla de trabajadores, sino de ciudadanos. No hay ninguna correlación determinista entre pensiones y cotizaciones desde el momento en que incluye, por ejemplo, a aquellos que no han cotizado nunca.

Pero el hecho de que no haya una correspondencia exacta entre las cantidades cotizadas y las percibidas no quiere decir que no deba existir cierta relación y que no haya que tener en cuenta el trabajo y el esfuerzo personal realizado. Además, dada la disparidad del nivel de vida que tenían los jubilados en su vida activa, los conceptos de «pensión adecuada» y «suficiencia económica» no tienen la misma connotación para todos. De ahí que las pensiones sean diferentes, pero a condición de que las cotizaciones también lo sean.

No existe, sin embargo, una identificación total. Si se hiciese un estudio sobre la materia, veríamos que, teniendo en cuenta también el tiempo de cotización, el abanico entre las pensiones es muy inferior al de las cotizaciones. Seguramente en los niveles altos (¿altos?) de los pensionistas se encuentra la mayoría en los que, sumadas todas sus cotizaciones y debidamente actualizadas, la cantidad resultante sería mayor a la que se obtendría al agregar la totalidad de las pensiones que van a cobrar durante su etapa de jubilados.

El motivo por el que en 1986 se sacó a la Sanidad de la SS no obedece a que sus prestaciones se hicieran universales o a que se estableciese su financiación mediante impuestos. Todo eso era perfectamente posible permaneciendo dentro del sistema de la SS siempre que tal como se venía haciendo, el Estado transfiriese los recursos necesarios. La razón verdadera de su salida del sistema se encuentra en que se quería traspasar la competencia a las comunidades autónomas, lo que no parece que haya sido muy buena idea. Ítem más cuanto que ha dado lugar a que se extienda esa falsa premisa de que las pensiones tienen que financiarse exclusivamente con las cotizaciones.      

«Son todos los ingresos del Estado, también las cotizaciones, los que deben financiar todos los gastos públicos, incluyendo las pensiones»

Los distintos gobiernos, también el actual, han colaborado a acrecentar la confusión transfiriendo como préstamos y no como aportaciones, los fondos que anualmente puede necesitar la SS. Eso ha propiciado que muchos interesados en mancillar las pensiones públicas hablen de que el sistema está quebrado, o incluso que sumen el endeudamiento que artificiosamente tiene la SS con el Estado al que este tiene de forma real frente a terceros, y lo presenten como una deuda pública global, con lo que créditos meramente nominales de la SS se contabilizan dos veces. Primero como deuda del Estado y después, de la SS.

Son todos los ingresos del Estado, también las cotizaciones, los que deben financiar todos los gastos públicos, incluyendo las pensiones. Curiosamente en el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, llamado «del abrazo» por hacerse bajo el cuadro del mismo título del pintor Genovés se establecía que las pensiones se financiasen con impuestos. Los análisis de viabilidad o inviabilidad habrá que hacerlos de forma global y no creo que entre las enormes partidas de gasto sean las pensiones la primera a reducir. ¿Por qué no empezamos por los miles de subvenciones de todo tipo o por los gastos fiscales?

El criterio que de ningún modo se puede emplear para el análisis o para los recortes es la relación entre lo contribuido y lo recibido. Precisamente la razón última de la Hacienda Pública en un Estado social es la redistribución y, por lo tanto, unos ciudadanos obtendrán más de lo que aportan y otros al revés, contribuirán con una cantidad mayor que el valor de las prestaciones y de los servicios que reciben.

El trabajo de Fedea anteriormente citado parece que tiene como último objetivo recomendar la transformación del sistema actual de pensiones en lo que llaman un sistema de reparto de cuentas nacionales, que en definitiva consiste en abrir a cada trabajador una cuenta virtual en la que ir ingresando sus cotizaciones de manera que a la hora de jubilarse, tras lo correspondientes ajustes de actualización y cálculos actuariales, se le reconozca una pensión en función de lo aportado.

«Carece de sentido considerar aisladamente el déficit o el superávit del sistema público de pensiones. El problema a plantear es global»

Como se puede apreciar, para ese viaje no hacían falta tales alforjas. En realidad, lo que se propone, de manera más o menos sofisticada, no deja de ser un fondo de pensiones público y obligatorio en el que el depositario y el gestor es el Estado. Como todo fondo de pensiones, hay una relación causal y proporcional entre lo que se aporta y lo que se recibe, es decir, está sometido a unos supuestos totalmente contrarios a los que deben regir en todas las finanzas públicas de un Estado social, cuyo objetivo en gran medida es la redistribución y en el que los servicios y las prestaciones no están determinados por lo que cada uno haya contribuido.

Esa disparidad, en función de la riqueza, de la renta y de las necesidades, se cumple a nivel personal. Pero como resultado de esa misma disparidad aparecen también los déficits y los superávits de los distintos colectivos. Por eso carece de sentido considerar aisladamente el déficit o el superávit del sistema público de pensiones. El problema a plantear es global. Se trata de establecer a cuánto debe ascender cada partida de gasto (siendo las pensiones una más) y qué nivel tiene que alcanzar cada tipo de impuesto, incluyendo las cotizaciones.

La actualización por la inflación de las pensiones, que sus críticos señalan erróneamente como causa de su inviabilidad, no influye lo más mínimo en la solvencia de las cuentas públicas sea cual sea la incremento del IPC. Es más, lo lógico sería que se regularizasen también el resto de los gastos del Estado incluyendo las retribuciones de los funcionarios, ya que los ingresos públicos se actualizan automáticamente con la inflación.

Los detractores del sistema público de pensiones entran en contradicción. Por una parte pretenden plantear una guerra entre generaciones, realizando ciertas comparaciones sectarias e interesadas en las que se mantiene que los salarios están peor tratados que las pensiones. Pero por otra, para justificar la situación crítica del sistema afirman que la cuantía de las prestaciones de los que entran por jubilación es muy superior a las que salen por fallecimiento, lo cual es cierto, pero indica claramente que los salarios han venido creciendo en mayor medida que las pensiones.