La recuperación del Estado de derecho

España tiene muchos problemas, y requiere reformas políticas, sociales y económicas si queremos algún día recuperarnos de las dos décadas perdidas en las que nos hemos metido nosotros solos. Pero antes incluso de plantearnos las reformas que necesitamos, tenemos que cumplir una condición sine qua non para garantizar nuestro futuro: la recuperación del Estado de derecho.

Cualquier nación puede superar sus peores momentos si sus ciudadanos pueden confiar en el buen funcionamiento de sus instituciones, en la independencia de la Justicia y en la protección que le da el pertenecer a una democracia plena, en la que la seguridad jurídica protege y exige a todos por igual.

Por desgracia, el deterioro del Estado de derecho es una realidad cada día más palpable en la vida de los españoles, lo cual agrava el pesimismo que muchos sienten ante nuestra crisis nacional, expresada en la politización de la justicia, la ocupación partidista de la Administración y la pérdida de independencia de las instituciones públicas, que en lugar de contrapesar al Ejecutivo, han sido secuestradas como instrumentos. La separación de poderes ha quedado en una mera formalidad en la que ya nadie cree.

Los partidos políticos, devenidos en maquinarias insaciables de poder, llaman interés general a su propia supervivencia. Nuestra democracia es hoy un sistema clientelar en el que los cargos, los tribunales y los reguladores son colonizados por cuotas partidistas. Esta degeneración explica la creciente desconfianza ciudadana hacia la política y la sensación de que las reglas del juego se aplican con arbitrariedad, nunca a todos por igual.

El informe La recuperación del Estado de derecho, primer documento oficial de Atenea, elaborado por Guadalupe Sánchez y Sergio Velázquez, parte de este diagnóstico y propone un conjunto de reformas concretas para revertir la situación sin necesidad de alterar la Constitución. Son medidas que un nuevo gobierno podría y debería tomar en su primer Consejo de Ministros.

Una de las más urgentes es la introducción de una barrera electoral de un 5% a nivel nacional, destinada a impedir que minorías separatistas condicionen la formación de gobiernos o la aprobación de presupuestos. La gobernabilidad de España no puede depender de quienes trabajan abiertamente por su desintegración.

La independencia judicial debe restablecerse con hechos, no con declaraciones. El informe propone que los jueces vuelvan a elegir a los 12 vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, recuperando un modelo profesional y no partidista. Asimismo, el fiscal general del Estado debería ser designado mediante un proceso público, con requisitos de imparcialidad, trayectoria profesional y desvinculación partidista. Sin una Justicia independiente, la ley deja de proteger a los ciudadanos para servir a los poderosos.

La regeneración institucional pasa también por profesionalizar la Administración. El documento plantea la creación de una autoridad independiente, inspirada en la comisión portuguesa CRESAP, que seleccione a los altos cargos públicos conforme a los principios de mérito y capacidad. Recomienda, además, limitar los indultos a delitos contra la Constitución, las instituciones del Estado o la unidad nacional, evitando su uso político o clientelar.

La recuperación del Estado de derecho, materializada en medidas concretas y necesarias, no es una utopía ni una consigna partidista, sino un proyecto ambicioso y realista de reconstrucción institucional. Se trata de devolver la neutralidad a las instituciones, la independencia a la Justicia y la responsabilidad al Gobierno. Es una tarea urgente, cada día más exigente, pero todavía posible, si queremos ser una nación regida por la Ley, sin partidos omnipresentes ni territorios privilegiados. Sin duda, España lo necesita. Sin duda, los españoles nos lo merecemos.