Valencia, un año después

El 29 de octubre del año pasado una dana, que es lo que antes se llamaba una gota fría, descargó sobre la provincia de Valencia e hizo que se desbordaran unos cuantos ríos y barrancos provocando la muerte de 227 personas. Casi el 90% de esas víctimas lo fueron en el llamado Barranco de Poyo.

Esa tremenda riada tuvo su origen en unas precipitaciones extraordinarias, que superaron los 700 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas (en Madrid la media de precipitaciones en todo el año es de unos 600), lo que hizo que el caudal de agua que caía por el barranco llegara a alcanzar más de 3.500 metros cúbicos por segundo (el caudal medio del Nilo es de 2.800 y el del Ebro, a su paso por Zaragoza, es de 300, es decir 12 veces menos).

He calificado de extraordinarias esas precipitaciones, pero, desde que hay documentación, se sabe que cada cierto tiempo se han producido esas riadas. Ya en la España romana los habitantes de la zona conocían el peligro que corrían cuando la alcanzaba una gota fría y desde la Edad Media hasta ahora están perfectamente documentadas muchas catástrofes provocadas por el desbordamiento de ese barranco.

La conciencia que los técnicos en materia hidrográfica tienen del peligro que existe en ese barranco hizo que, dentro del Plan Hidrológico Nacional que elaboró el Gobierno de José María Aznar en 2001, se contemplara la construcción de una presa en Cheste, que podría haber limitado radicalmente los efectos de la trágica dana de hace un año.

Pero hay que saber que una de las primeras cosas que el Gobierno de Zapatero hizo, cuando llegó al poder tras los atentados del 11-M, fue cargarse ese Plan Hidrológico Nacional. Y, en consecuencia, paralizar el proyecto de construcción de la citada presa.

«Sánchez, discípulo de Zapatero, ha paralizado todavía más la construcción de infraestructuras hidrológicas»

Si Zapatero tomó esa nefasta decisión, su discípulo Sánchez, ya convertido en un apóstol de los dogmas de la religión ecologista, ha paralizado todavía más la construcción de infraestructuras hidrológicas. Unas infraestructuras que, desde tiempos de los romanos, lo que buscan es dominar al agua, que ya sabemos que, no sólo es fuente indispensable de vida, sino que, también, si no se la domina, puede traer, como vimos en Valencia hace un año, la muerte y la destrucción.

Más aún, Sánchez, para cumplir con los dogmas de los niñatos ecologistas, creó un Ministerio que llamó «para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España», al frente del cual puso en 2018 a Teresa Ribera, que, desde ese ministerio, no sólo no ha construido infraestructuras para dominar al agua, sino que se ha dedicado a destruir presas con el argumento de que no hay que corregir nada de lo que hace la Naturaleza.

Así, con unos políticos socialistas, cerrados a construir infraestructuras y que además impiden limpiar los cauces, llegamos al triste 29 de octubre del año pasado, en el que el Barranco de Poyo se desbordó de manera trágica.

Y ante la terrible catástrofe, de manera similar a como reaccionaron el 11-M, los socialistas, expertos consagrados en la manipulación de la realidad, pensaron inmediatamente que podían utilizar el dolor de las víctimas para atacar a sus enemigos, siguiendo a Pablo Iglesias Turrión, que ya dejó dicho «hay que politizar el dolor». Sus enemigos, desde Zapatero, somos todos los que no aplaudimos ciegamente a Sánchez y su banda.

«Ante la tragedia, Sánchez, vislumbró desde el primer momento la oportunidad de utilizarla para estigmatizar al PP»

Ante la tragedia, Sánchez, que, por cierto, estaba en la India, vislumbró desde el primer momento la oportunidad de utilizarla para estigmatizar al PP y, con la arrogante frase de «si necesitan algo, que lo pidan», retrasó la llegada de ayuda. Y, para colmo, la ministra de Defensa prohibió que las unidades militares allí acuarteladas se sumaran a los trabajos de socorro, con el pretexto de que ya estaba la UME.

Y aún resulta más increíble la actitud de la entonces ministra de Transición Ecológica, que aún no ha ido a Valencia a ver qué ha pasado, cuando su ministerio era el responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de cuidar los cauces de los ríos y de la Agencia Estatal de Meteorología que falló estrepitosamente en sus cálculos. Ni siquiera se movió de Bruselas, donde se estaba preparando para convertirse en vicepresidenta primera de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva y en comisaria Europea de Competencia. ¡Toma castaña!

Pues hoy gana 424.236 euros al año, desglosados así: 29.949 euros al mes de sueldo, más una indemnización mensual por residencia del 15% del sueldo, más otra indemnización de 911 euros para gastos de representación, lo que hace un total de 35.353 euros al mes, libres de impuestos.

Los sanchistas, expertos cualificados en enfrentar a los españoles, en esa especie de guerra civil, que declaró Zapatero y que continúa Sánchez, no han parado, con la ayuda de esa inmensa mayoría de medios de comunicación que les obedecen, de escarbar en la tragedia para desprestigiar a los no sanchistas. Y ya el colmo fue el funeral masónico del otro día, involucrando al Rey, pero pensado únicamente para insultar al pobre Mazón, que pudo tener fallos, pero que es evidente que no fueron los causantes de la tragedia.

Porque, si hoy hubiera otra dana de las terribles características de la del año pasado, las consecuencias serían las mismas porque el Gobierno de España sigue negándose a ejecutar las obras hidráulicas que todos los técnicos consideran indispensables para evitar que, si se repite, tenga las mismas consecuencias y a permitir la limpieza de los cauces. Todo por seguir fiel a los absurdos dogmas ecologistas, según los cuales, los ríos deben fluir libremente para evitar que los peces encuentren barreras, y, por eso, Teresa Ribera destruyó 250 presas y se negó a poner solución a problemas como el del Barranco de Poyo, donde se sigue sin hacer nada. Lamentablemente, tampoco el Gobierno del PP, teniendo mayoría absoluta, recuperó el Plan Hidrológico Nacional, pese a que estaba ya proyectado y financiado por la Unión Europea.