El juicio al fiscal general del Estado, sin salida

El interés de la Hacienda pública es que un defraudador pague. Es lo único que permite resarcir el daño a los recursos de todos. Que pague, además, con multa e intereses. Por ello son frecuentes los acuerdos privados entre Hacienda y aquel que es descubierto con impago. Es lo lógico y lo que exige el bien público. El juicio y las penas, que pueden ser de cárcel, son solo el recurso último para el reincidente, para el que se niega a pagar, para el defraudador contumaz.

Cuando una inspección rutinaria descubrió que un empresario había infringido, con toda probabilidad, sus obligaciones fiscales, se inició el proceso habitual, que incluye amenaza y presión, para entrar en la senda ortodoxa de buscar el pago, con multa e intereses incluidos. Pero en algún momento de este proceso, alguien se dio cuenta de que el empresario involucrado era el novio de Isabel Díaz Ayuso, y ahí todo cambió. Esta es, de hecho, la primera filtración, la que puso en alerta al Gobierno y la Fiscalía. Y lo que mandó frenar cualquier amago de acuerdo. Necesitamos un juicio en la casa de enfrente, aunque sean vulnerados los derechos de un ciudadano privado. La discrepancia habitual entre un particular y Hacienda se convirtió en un escándalo público, con las habituales filtraciones interesadas a la prensa. 

La idea del Gobierno era transparente: dañar la reputación de Ayuso, considerada la más temible rival Sánchez por su popularidad, desparpajo mediático y buena gestión como presidenta de la Comunidad de Madrid. Y así tener algo que poner en la parrilla frente al demoledor y cotidiano relato de la corrupción del Ejecutivo, el PSOE y la familia del presidente. Muy poquita cosa frente a Ábalos, Koldo, Cerdán, Begoña, el hermanísimo, putas, fontaneros, sobres con efectivo, viajes a Dominicana, petróleo de Venezuela, pero podía ser ampliada día y noche por las terminales mediáticas públicas, que hace mucho dejaron de comportarse como una institución neutral del Estado y actúan como parte del Gobierno, y por los medios que reciben una desmedida tajada publicitaria oficial a cambio de seguirle la corriente al gobierno; algunos pasando por caja, otros convencidos ideológicamente de la bondad de la causa y otros, simples tontos útiles.

Un caso relativamente fácil para un tiburón como Miguel Ángel Rodríguez, pero esta vez se le fue el tiro por exceso de pólvora. No era el acusado, sino la Fiscalía, la que buscaba el acuerdo. Y ahí es donde, para «ganar el relato», se llega a la desvergüenza de la probable segunda filtración, esta vez delictiva. Publicar los correos privados del abogado del acusado con la Fiscalía. Los indicios son claros: la urgencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por obtener esos correos, la petición mafiosa de recibirlos en su correo electrónico privado, la advertencia de la fiscal provincial de Madrid de no caer en ese delito, la petición al PSOE de Madrid para usar esa información en el debate parlamentario de la Comunidad y las prevenciones de Juan Lobato —él mismo funcionario del Estado del área de Hacienda— para no solo negarse a usar esa información que le llegaba antes de que ningún medio la publicara vía Moncloa, sino para depositar en un notario el contenido de su conversación con el Gobierno. Todo es tan claro, lógico y contundente, que la verdad política está, para mí, ya demostrada. Otra cosa es que pueda probarse en el juicio. Que el fiscal y todos los relacionados con el caso en el Gobierno y la Fiscalía borraron de manera coordinada sus correos y teléfonos es un indicio de su culpabilidad, pero paradójicamente la razón de que esta no pueda probarse. Las ventajas de jugar en casa.

«El juicio es un espejo de la vida pública española. Y lo que en esta se refleja depende de la cercanía o simpatía que uno tenga con el Gobierno»

Hasta ahora hay tres declaraciones imperdibles en el juicio: la de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que no solo se negó a firmar parte de estas acciones, sino que previno en tiempo y forma a otros integrantes de la Fiscalía de no hacerlo; la declaración del propio Lobato, que deja claro que él se negó a usar esa información por no tener claro su origen; y la del subdirector de El Mundo, Esteban Urreiztieta, que con enorme claridad explica que la noticia que él publicó en el periódico se corresponde con los hechos y no era un bulo que debía ser debatido, sino una información contrastada y veraz que no ha sido desmentida. Esto no lo dice el periodista de El Mundo, pero se infiere: salvo cuando la fiscalía filtró los correos que demostraban que la conformidad la había redactado primero la parte acusada, algo por lo demás intrascendente, ya que lo relevante es la voluntad manifiesta de ambas partes de pactar.

En cualquier caso, el juicio es un espejo de la vida pública española. Y lo que en esta se refleja depende de la cercanía o simpatía que uno tenga con el Gobierno. Tertulias monocolor en la televisión pública, airadas columnas de opinión en los medios afines y prudencia contenida en los medios críticos, que es la función de la prensa. La consigna es clara desde Moncloa y la ha expresado este domingo el presidente en la entrevista concedida a El País: visto lo que va de juicio, el Gobierno reafirma su apuesta por la inocencia del fiscal general.

Lo cierto es que no hay salida. Si las pruebas contundentes no aparecen, es probable que el fiscal no pueda ser declarado culpable y que esto dé al Gobierno y a sus terminales mediáticas combustible para otro semestre. Si al final es declarado culpable, será simplemente defenestrado del Gobierno sin pena ni culpa, como ha hecho Sánchez con cualquiera que le estorbe. A nadie, sin embargo, puede pasarle por alto lo que el fiscal dijo cuando fue convenientemente entrevistado nada menos que en Televisión Española: que por sus manos pasaban muchas informaciones que podrían dañar a miembros de la oposición, pero que era algo que nunca utilizaría. Empeñaba su palabra, que vale su peso en oro.