La bravata de Junts

Dicen que Junts ha dado un ultimátum al Gobierno de Sánchez. Todo lo que anuncian Junts o Puigdemont produce melancolía. Sánchez no es creíble, pero Puigdemont tampoco. ¿Cómo se va a creer a quien a las dos horas de proclamar la independencia de Cataluña salió corriendo de España escondido en un maletero? Resulta inexplicable que los medios acudan a las ruedas de prensa de Míriam Nogueras. Han dicho tantas veces lo mismo (que esto es el final, y que cortan todo diálogo con el Gobierno) que es difícil por no decir imposible creerles, entre otras cosas porque, por mucho que se quejen, nunca van a estar mejor que como están ahora con Sánchez.

Solo alguien con tan pocos escrúpulos como él podía haberles dado tanto poder y tantas prebendas. Nadie excepto Sánchez se habría plegado a elaborar y a aprobar una autoamnistía. Es difícil pensar que otro presidente de Gobierno se hubiese prestado a doblegar al Tribunal Constitucional para que declarase que se adaptaba a la Carta Magna, lo que era claramente inconstitucional. Ningún presidente de Gobierno que no fuese Sánchez y ninguna ministra de Hacienda que no fuese María Jesús Montero estarían proyectando el disparate de romper la Hacienda Pública española, la justicia fiscal y la política de progresividad entre regiones.

Puigdemont y Junts, por mucho que digan lo contrario, están metidos en una encrucijada de difícil salida. Querrían castigar a Sánchez, pero no saben cómo hacerlo sin dar el gobierno al PP, que con toda seguridad trataría mucho peor a los independentistas. En el País Vasco están siendo muchos más listos –y más sinceros, al menos Bildu– y se muestran tan contentos y dispuestos a mantener a Sánchez todo lo que sea necesario. Bien es verdad que ellos ya cuentan con el Concierto, que nadie va a ser capaz de eliminar.

A pesar de todo ello, el llamado ultimátum de Junts sí puede tener algún efecto beneficioso, colocar en primer plano algo que ya sabíamos, pero que es conveniente recordar, la gran mentira sobre la que está instalada toda esta legislatura, el “somos más, muchos más”, que gritó eufórico Sánchez desde el balcón el día de las elecciones después de perderlas. Resulta difícil saber quiénes eran más. Desde entonces, Sánchez no ha dejado de repetir que preside una coalición progresista. Pero el batiburrillo formado no es progresista. No lo es su política. ¿Qué progresismo puede haber cuando se plantea como objetivo principal beneficiar a las regiones más ricas en detrimento de las de menor renta?

Pero tampoco, como se está viendo, se le puede llamar coalición. ¿Qué unión puede existir entre formaciones tan dispares y con intereses tan heterogéneos? Esta legislatura se reduce -esta bravata de Junts lo confirma- al empecinamiento enloquecido de un autócrata que está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder y a una coyunda contra natura que, por mucho que Sánchez y el resto del Gobierno se empeñe, no puede funcionar. La situación es tan absurda y los casos de corrupción tantos que empezamos a preguntarnos si lo que creíamos que era un encastillamiento cerril regido por el afán de poder no es algo más, el miedo a que al dejar el Gobierno haya que responder penalmente.

«La política española se encuentra en una encerrona y no se ve la forma de salir»

La política española se encuentra en una encerrona y no se ve la forma de salir. Se avecina un año con unos Presupuestos prorrogados por tercera vez. Y si damos crédito a Junts, lo cual es mucho decir, el Gobierno no va a poder aprobar ninguna ley a partir de ahora en el Parlamento y se supone que tampoco se va a convalidar ningún decreto ley. Pero al mismo tiempo no parece que Junts o Podemos, por mucha inquina que hayan acumulado contra Sánchez y por mucho que aumente la corrupción, estén dispuestos a apoyar una moción de censura. Ello indica la falacia sobre la que se asentó la expulsión de Rajoy, atribuyéndola a la corrupción del Partido Popular.

Pero es que tampoco a Feijóo le conviene ganar una moción de censura con la ayuda de Junts. Daría la impresión de que se adentra por los mismos vericuetos que Sánchez. La única posibilidad, si acaso, consistiría en la firme promesa de convocar inmediatamente elecciones generales. Así y todo, sería difícil superar la mala imagen de que el líder del PP es elegido por un prófugo de la justicia, que ha dado un golpe de Estado.

En esta tesitura, no parece que Sánchez esté dispuesto a moverse lo más mínimo y continuará enrocado en sus posiciones. El presidente del Gobierno ha afirmado que se siente cómodo con el presupuesto prorrogado. Lo que confirma el hecho de que estuvo gobernando los años 2018, 2019 y 2020 con el elaborado y aprobado por Montoro, que había criticado duramente en la oposición. Ahora está dispuesto a gobernar tres años, y si se tercia cuatro, con el presupuesto del año 2023, aprobado en el 2022 y, por lo tanto, en la anterior legislatura, discutido y sancionado por un Parlamento con una composición distinta de la actual.

Ante una situación tan anómala, ¿qué armas le quedan a la oposición? Se me ocurre que quizás la única posible es lograr que Sánchez no se sienta tan cómodo con un presupuesto prorrogado. Él ha afirmado que puede gobernar sin el Parlamento, pero eso puede ser verdad si el Parlamento que le ha elegido no decide hacerle la vida imposible. Si el órdago de Junts es cierto y no una fanfarronada más. Sánchez ha perdido la confianza de la Cámara. Una mayoría parlamentaria podría hacerle imposible gobernar sin necesidad de presentar una moción de censura. Se trataría simplemente de ahogar a su Gobierno económicamente.

«Si la postura de Junts es consistente, el Gobierno no podrá ya aprobar créditos extraordinarios»

La comodidad de la que se jacta Sánchez se debe a las múltiples modificaciones presupuestarias con las que cuenta, pero ¿qué pasaría si el Parlamento aprobase una proposición de ley que modificase la Ley General Presupuestaria (LGP) y las posibilidades que tiene el Gobierno de cambiar aspectos sustanciales de las cuentas prorrogadas?

El artículo 134.5 de la Constitución establece que si el 1 de enero no se han aprobado los nuevos presupuestos se prorrogarán automáticamente los del año anterior. Está claro que ni los padres de la Constitución ni los redactores de las distintas versiones de la LGP se imaginaron nunca que el presupuesto a prorrogar fuera a ser el anterior del anterior del anterior. El presupuesto que se va a prorrogar en 2026 va a ser el de 2023. Esa es la razón, creo yo, por la que no se limitaron en la prórroga las modificaciones que la LGP mantiene para un ejercicio normal. Pero parece lógico que ese margen de maniobra se estreche de forma significativa al acometer una tercera prórroga. De hecho, si la postura de Junts es consistente, el Gobierno no podrá ya aprobar créditos extraordinarios, puesto que no le será posible convalidar decretos leyes.

Pero las modificaciones presupuestarias posibles son muchas más: suplementos, ampliaciones, transferencias, generaciones de crédito, incorporaciones de remanentes, etc. La oposición podría presentar una ley que dispusiese recortar considerablemente  para la segunda o la tercera prórroga todas estas posibilidades de modificar el presupuesto.

No es suficiente con anular las medidas tomadas con motivo del Covid, que flexibilizaban y ampliaban aún más las modificaciones que establecía la LGP, y que Sánchez ha mantenido en vigor a pesar de haber pasado la epidemia. La ley tendría que ir más lejos y, después de un análisis cuidadoso, reducir también muchas de las autorizaciones que estaban ya establecidas previamente al Covid.

«Debería modificarse el Decreto ley 30/2020, que establece que el destino de los recursos europeos los decide en exclusiva el Gobierno»

La susodicha disposición de ley debería orientarse también a modificar el Decreto ley 30/2020, que establece que el destino de los recursos europeos de reconstrucción los decide exclusivamente y de forma totalmente arbitraria el Gobierno. Conviene recordar que curiosamente este decreto se aprobó gracias a la abstención de Vox. Se trataría de cortocircuitar ahora esta posibilidad y dar la competencia al Congreso, que es donde debía haber estado siempre.

Por otra parte, a pesar de lo que a menudo afirma la prensa, no sé si es muy conveniente que lleguen los 90.000 millones de euros pendientes de los Fondos Next Generation, teniendo en cuenta que se concederán como préstamos y, dado el volumen actual del endeudamiento público, no parece muy buena idea el incrementarlo, aunque sea en buenas condiciones financieras.

Sin duda, con esta ley la comodidad de Sánchez se reduciría mucho y a lo mejor, solo a lo mejor, se decidiría a convocar elecciones. Al menos, sabríamos si el órdago de Junts va en serio o, como siempre, se trata de una simple baladronada.