El fiscal: ¿una íntima convicción?

No hace mucho mencioné en estas mismas páginas la resolución de un caso criminal que había sido objeto de gran atención por la opinión pública francesa. Cierto Cédric Jubillar había sido condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de su mujer. Ello no tendría nada de extraordinario, salvo que la rotunda sentencia condenatoria fue acordada por unanimidad, sin que se hubiese encontrado el cadáver ni conocido el lugar del crimen. Una joven madre de familia había salido de su casa de noche, sin documentación ni dinero, y desaparece sin dejar rastro. Su matrimonio era un infierno que estaba a punto de abandonar. El jurado concluye que la mujer, desaparecida, no había podido irse por su voluntad a sitio alguno, sufrir un accidente ni suicidarse y acuerda unánimemente la sentencia por «íntima convicción».

El artículo 353 del Código de procedimiento penal francés, a diferencia de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, admite la posibilidad de establecer la culpabilidad o la inocencia a partir de la valoración de conjunto de las pruebas aportadas por acusación y defensa. A pesar de la ausencia reseñada, la mencionada sentencia se basa en que con los datos y testimonios disponibles, los hechos no pudieron suceder de otro modo que mediante el asesinato cometido por el acusado sobre su mujer. La eliminación del cuerpo del delito no podía ser utilizada para que la presunción de inocencia sustentase la impunidad del delincuente. Lo mismo que ha ocurrido con los mensajes borrados por el fiscal general del Estado. La injustificada desaparición del cuerpo de delito serviría, en principio, para fundamentar la hipótesis de su comisión.

La diferencia es que aquí y ahora no se trata de la desaparición de un cadáver sino de la prueba que dejaría clara la inocencia o la culpabilidad del Fiscal. Y como sucedió en el caso francés, no basta la eliminación deliberada de los mensajes para fundamentar lo segundo. Es preciso que otros datos y testimonios confirmen la responsabilidad derivada de la supresión. Y, en fin, para complicar más las cosas, todo tiene lugar en un espacio reducido de espacio y tiempo, unos días y unas horas en marzo de 2023. Dicho con la expresión popular, fue como bailar el chotis en un ladrillo. No ha de extrañar entonces la sucinta argumentación del auto de procesamiento de García Ortiz, por contraste con la complejidad de las impugnaciones sufridas.

El auto busca un sólido apoyo en el Código Penal, al considerar delictivo que una autoridad divulgue secretos relativos a un ciudadano, a los cuales ha tenido acceso en razón de su cargo. Elemental. Es obvio que los delitos y tratos fiscales de la pareja de Isabel Díez Ayuso estaban comprendidos en ese supuesto y que como plantea el auto, el fiscal no tenía derecho a acceder a ellos de modo preferente y filtrarlos luego a los medios. El hecho de que el FGE borrase los mensajes de su móvil no puede servir de eximente, ya que ese borrado tiene lugar justo cuando él tiene conocimiento de que es imputado. No estamos ya en el terreno penal, sino en la lógica de las presencias, ausencias y variaciones concomitantes para establecer una causalidad, según la fórmula de Roger Bacon.

Eso, claro, no basta y por eso cuenta la declaración de la fiscal superior de Madrid, con su superior urgiendo a la publicación inmediata de los datos sobre el novio de Ayuso, irrelevantes penalmente, aunque no de cara a la imagen, para que no nos ganen «el relato». Más la grabación de otra fiscal en cuanto a añadir «más cianuro» o «un poquito de cianuro» a la nota. No hace falta escribir el Quijote para dejar las cosas claras. El fiscal busca devaluar el testimonio de la primera, pero carece de argumento alguno más allá de la pura y simple negación, y de sugerir su deslealtad: «Mantenía una desafección» con el equipo del FGE. «La verdad no se filtra, se defiende», concluye, pero todo jurista sabe que esa defensa ha de hacerse en el marco estricto de la ley, demostrando su existencia, no a partir de un juicio de autoridad. 

«Nos encontramos ante una secuencia de datos e indicios que apuntan a una responsabilidad, políticamente determinada»

Más aun cuando en su declaración ante el tribunal, Álvaro García Ortiz ha exhibido su doble condición, como ciudadano y como autoridad del Poder Judicial. Se quitó la toga, pero sus primeras palabras fueron: «Soy el fiscal general del Estado». La implicación de las mismas resulta obvia: al declarar reafirmaba su posición institucional, y si bien como acusado tenía derecho a afirmar y a negar todo en su propia defensa, el FGE no podía sustraerse al deber de contribuir al esclarecimiento de los hechos. Si inadvertidamente había borrado los mensajes de su móvil, algo recordaría que pudiese contribuir a ese objeto. Para nada.

Nos encontramos así ante una secuencia de datos e indicios que apuntan a una responsabilidad, políticamente determinada, ya que ese borrado y esas palabras posteriores carecen de sentido en otro caso. Se hace preciso ver que hay del otro lado del espejo, y ahí encontramos las declaraciones exculpatorias de «apresurados» periodistas que afirman haber tenido la información con anterioridad. Parece una hábil maniobra para apuntalar el in dubio pro reo, de cara a una absolución, pero sorprende la escasa verosimilitud de los relatos y su beligerancia frente a los jueces, lo mismo que los intentos de la defensa para descalificar a la UCO, ejercicio por otra parte ya habitual en los imputados del círculo gubernamental. ¿Cómo es posible, apuntan, que una institución del Estado pretenda arrojar luz sobre eventuales delitos de ese Estado? Lo santo y bueno es que el fiscal se convierta en resuelto abogado defensor.

La sorpresa es menor, si consideramos que todo ello forma parte de un frente mediático militante al servicio del Gobierno, que intenta ir más allá de la absolución y poner en marcha un contrataque, sumamente eficaz en caso de absolución. Hace falta que la opinión pública vea en la acusación al FGE un intento más de la derecha por propinar un navajazo por la espalda al Gobierno. Fue lógica la desconfianza mostrada por el tribunal ante ese tipo de declaraciones, incluida la mención del bulo a desmentir.

Otras personas pudieron tener acceso al trato de la pareja de Ayuso con Hacienda, pero el Fiscal actuó de por sí y ante sí, con independencia de lo que ocurriese en otros lugares, si es que ocurría. Y como destruyó sus mensajes, resulta fácil sembrar la confusión. Tal cosa se logra mediante una descomunal campaña mediática, allí donde llega la influencia del Gobierno, para presentar el juicio al FGE como una farsa, desde el punto de vista jurídico, lo cual de paso permite ridiculizar a todos los demás procedimientos que ahora rodean al Gobierno. Y este es crucial, porque afecta al enlace entre Sánchez y su principal instrumento, el FGE, para incidir sobre el sistema jurídico en el presente, ya que el Constitucional opera ex post. Al modo del bulldog que era ZP en opinión de sus turiferarios, Pedro Sánchez ha mordido en el cuello de este tema y no piensa soltarlo.

«Sánchez está decidido a vencer en este combate, salvando a ‘su’ fiscal y desafiando al Supremo»

Desde un punto de vista técnico, de comunicación de masas, asistimos a una magistral maniobra de intoxicación. Los medios del Gobierno, a su servicio, en su totalidad, se mueven con precisión mecánica en un doble registro y con un objetivo común. De un lado, mirando a la opinión, juegan a fondo con la culpabilidad de la pareja de Ayuso, machacando la idea de que es un corrupto impresentable, cosa posible pero irrelevante, olvidando claro que los hechos de autos son previos a la relación sentimental: no importa.

A la sombra de esta condena, se acumulan las objeciones tendentes a negar el secreto que el Fiscal hubiese debido respetar y, simple y llanamente, desautorizan el procedimiento. No se meten en el peligroso terreno de probar la inocencia, algo necesario cuando el propio acusado ha hecho tanto para deshacer la impresión de sinceridad en sus declaraciones. Y hay además alguna terminante y alternativa. Nunca evocan la gravedad del comportamiento del Fiscal, en el caso de haber tenido lugar.

En fin, Sánchez está decidido a vencer en este combate, salvando a su Fiscal y desafiando al Supremo. Como riesgo, es notable, pero acierta al ver en este proceso la prueba decisiva para su intento de someter al Poder Judicial. Nada más útil que poner en la picota al Tribunal Supremo. Ha puesto toda la carne en el asador, léase la manipulación y el uso personal de los principales medios, a costa de erosionar su credibilidad. Ahí está la entrevista del domingo 9 en El País, donde los periodistas se limitan a edificar el pedestal sobre el que Pedro Sánchez alza su propia estatua.

«El desafío está lanzado. Una sentencia condenatoria sería una declaración de guerra al Gobierno, a Él, al Progreso»

Nuestro hombre no conoce límites a su poder: el fiscal es inocente, proclama a los cuatro vientos desde la primera página del diario. Luego, con un punto de prudencia, se repliega en las respuestas, desviando la tajante afirmación: es el Gobierno quien cree en esa inocencia. Pero el desafío está lanzado. Una sentencia condenatoria sería una declaración de guerra al Gobierno, a Él, al Progreso.

Todo está sacado de quicio, desde el día en que Sánchez supo que una actuación delictiva de su pareja en el pasado, vía FGE, podía permitirle vengarse de esa señora pizpireta a la que tanto le gustaba la fruta. Tenemos ya el móvil para el eventual delito, y las circunstancias que debieron hacerlo inevitable. Es una base amplia para dictar sentencia desde una íntima convicción, si tal cosa resultase lícita. También es el aviso de que estamos metidos en un conflicto de tal intensidad que toda solución adversa a la división de poderes, acentuará la fragilidad ya visible en el Estado de derecho.

De acuerdo con el patrón dictado desde el absolutismo por Jacobo Estuardo, intuitivamente, Pedro Sánchez piensa que los jueces deben ser leones bajo su trono, como lo es su Fiscal general, con el añadido pablista de que quienes se le opongan proceden de las cloacas. Sucede, sin embargo, que las cloacas son propias de los palacios, del poder, en tanto que la autonomía judicial carece de ellas. Cualquiera que sea la sentencia del caso FGE, sería preciso partir de esa consideración.