Hay una España que niega la realidad

A priori no tiene mucho que ver, pero hay un hilo en común. Hablo del nuevo libro de Juan Soto Ivars sobre las denuncias falsas en violencia de género. Ya les adelanto que no son el 0,001%; de hecho, como dice el propio autor, si juntas a políticos de izquierdas que dicen (o dijeron) haber sido víctimas de una denuncia falsa, te sale por lo menos un 0,002%. Y hablo también del fallo del Tribunal Supremo que ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos, además de la multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador.

El nexo común no es la justicia, ni la fiscalía, ni lo que hacen o deshacen los malvados jueces. Quiero irme a la verdad. La verdad, pese al mito, no se defiende sola. La verdad es una, aunque esté partida en mil trozos. La verdad, como el lince ibérico o las abuelas, es un bien a proteger. Y somos nosotros, los periodistas, quienes deberíamos ser defensores de lo factual, garantes de la verdad como bien común. Hoy eso es una quimera en buena parte de los espacios mediáticos. Porque buena parte del periodismo ha dejado las noticias para otros y ha convertido su negocio en el negocio de la opinión. Y tiene su aquel que esto lo diga en una columna. Pero los juicios en prensa, si queremos distanciarnos de los que sentencia el carnicero en el mercado o la vecina en la calle, deben estar sujetos a los hechos.

«’La derecha manda’, insisten, desvergonzadamente. Debe de ser que Ayuso ha dictado el fallo»

No es verdad que las denuncias falsas en violencia de género sean el 0,001%, como tampoco es cierto que la Sala Segunda del Tribunal Supremo haya dado un golpe de Estado blando, suave o meloso. Lo preocupante, incluso más que el empapelamiento del jefe de los fiscales, es que una parte de España piensa que ambos hechos mencionados son ciertos. No hace falta más que darse un garbeo por lo que se ha dicho en las últimas horas en la televisión pública, en los medios cercanos al Ejecutivo, lo pronunciado por las activistas mayores del reino. Hace tiempo que no hay un modelo de debate sobre los hechos: son tertulias que parten desde una negación de la realidad. ¿Qué conversación pública podemos tener en España si hay gente con estudios que piensa que existe una relación entre Franco y la sentencia del Supremo?

«La derecha manda», insisten, desvergonzadamente. Porque la derecha está infiltrada hasta en las taquígrafas del Congreso. Debe de ser que Ayuso ha dictado el fallo. O quizá haya sido Aznar. Por favor: deben parar los analistas de repetir el «quien pueda hacer que haga» para cualquier situación que sea desfavorable al Ejecutivo. No todo responde al plan maquiavélico de un expresidente del Gobierno. La prensa —perdón, la fachosfera— tampoco ha sido quien ha condenado al fiscal general del Estado. Lo escribía en redes, con elegancia, el magistrado Miguel Pasquau (partidario de que se hubiera absuelto a García Ortiz): «Al FGE no lo hemos condenado ‘nosotros’. ¿Nosotros? Sí: el órgano al que constitucionalmente nosotros dimos la competencia para tomar estas (¡difíciles!) decisiones».

De quienes consideran que este es también un ataque sin precedentes al antiguo oficio de periodista diría que no merece la pena hablar. Pero hay que hacerlo. No se puede desfallecer, aunque sea alarmante, hablar con quien no se expresa en el mismo idioma. ¿Críticas a la decisión del Supremo? Todas las que se quieran —aunque sería recomendable leerse la sentencia—, pero partiendo de una base sólida: el respeto a la verdad. Porque respetando la verdad, sin exageraciones ni lamentos truchos, se estará haciendo algo que ya no es costumbre: tratar al lector, al oyente o al espectador como alguien tan inteligente como tú.