La eficiencia malentendida puede frenar la transición energética

En la carrera hacia la descarbonización, España no puede permitirse una red eléctrica que se quede corta. La electrificación de la industria, el transporte y los hogares exige una red de distribución moderna, suficiente y resistente. Sin embargo, el nuevo modelo de retribución que propone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para las empresas distribuidoras parece apuntar en dirección contraria: premiar el control de costes antes que la expansión de la red. Ser un controller de costes antes que un verdadero financiero que ve tanto la línea del coste como la de los ingresos en la cuenta de resultados.

Esta advertencia no procede de una sola voz. En los últimos días, más de setenta organizaciones industriales, sociales y territoriales —desde asociaciones empresariales hasta plataformas de consumidores y entidades locales— han alertado del cerrojazo al desarrollo industrial, inmobiliario y de transporte sostenible si la CNMC mantiene su propuesta para las circulares redes eléctricas sin cambios. No es una hipérbole: la saturación de la red ya limita el desarrollo de proyectos industriales, impide nuevas conexiones y retrasa la instalación de puntos de recarga. España se enfrenta, literalmente, a un cuello de botella eléctrico.

El debate no es técnico sino estratégico. El modelo de retribución de la red condiciona la inversión en infraestructuras y el ritmo de la electrificación. Hoy, el 85% de los nudos de la red de distribución están saturados, según los datos publicados por las propias distribuidoras. Y, sin embargo, el regulador desoye completamente las soluciones que reclaman las industrias en su comunicado y plantea una inversión máxima para conectar nuevos clientes que es claramente insuficiente: un 35% inferior a la inversión reconocida actualmente y un recorte del 38% en los costes de operación y mantenimiento (OPEX).

Y como puntilla, la tasa de retribución financiera que propone el regulador es mucho más baja que las que han aprobado otros países como Reino Unido, Irlanda o Italia. En estos casos, las tasas oscilan entre el 7,8% y el 8,8%. ¿Cómo se puede exigir a las empresas que inviertan más con menos ingresos? ¿Cómo mantener la calidad del suministro cuando se reducen los recursos para operar la red? ¿Quién va a querer invertir en redes en España cuando los países de nuestro entorno ofrecen estabilidad y una rentabilidad suficientemente atractiva?

La propuesta parte de una premisa equivocada: que el principal problema del sistema eléctrico español es de eficiencia. Pero los datos dicen otra cosa. El coste de las redes por consumidor es de los más bajos de Europa, muy por debajo de países como Francia, Italia o Alemania. España no tiene un problema de costes; tiene un problema de capacidad. Como subrayan los firmantes de la iniciativa, «sin red, no hay electrificación ni reindustrialización posible» y tal y como evidencia la consultora EY en Comparativa de la retribución del sector de la distribución eléctrica en Europa.

Además, el modelo introduce incertidumbre regulatoria en un momento en que las inversiones a largo plazo son más necesarias que nunca. Las reglas del juego cambian cada pocos años, y siempre de manera imprevisible. En otros países europeos, los marcos regulatorios se definen para periodos amplios, con objetivos claros y mecanismos de ajuste transparentes. Aquí, las empresas se enfrentan a reformas sucesivas que erosionan la confianza y frenan la inversión.

Otro de los puntos conflictivos es el llamado parámetro «k», que define el incentivo a la inversión. Su valor es tan bajo (un 35% inferior al actual) que dejaría fuera buena parte de los proyectos necesarios para atender a la nueva demanda: España rural, nuevos desarrollos inmobiliarios, nuevos polígonos industriales… Recalcularlo para cubrir el coste medio real de conexión por kilovatio sería una medida de sentido común, coherente con los objetivos de política energética y con la propia planificación del Miterd.

Y desde el punto de vista país, la nueva planificación es absolutamente miope. Europa insiste y legisla en base a la necesidad de proteger nuestras cadenas de valor. Para una cadena de valor al 99% nacional como son los bienes de equipo para la red, este coste tan bajo por kilovatio conectado deja de facto fuera a los proveedores nacionales de mayor calidad pero más caros, forzando las compras a proveedores asiáticos mucho más baratos a corto plazo (aunque como su calidad es inferior al final nos saldrán más caros a todos los consumidores conectados a la red). 

Esta es una consecuencia tan indeseada como obvia, porque las distribuidoras tienen la obligación y la presión social e industrial para dar respuesta al mayor número posible de solicitudes de acceso a la red y como están forzadas a abaratar costes hasta extremos imposibles tienen que buscar los proveedores más baratos.

«La eficiencia no puede convertirse en sinónimo de recorte»

Nadie discute la necesidad de eficiencia. Introducir incentivos que eviten despilfarros y promuevan la innovación es positivo. Pero la eficiencia no puede convertirse en sinónimo de recorte. El modelo de falso totex que plantea la CNMC se traduce en la práctica en un profundo recorte de los recursos disponibles para la operación y el mantenimiento de las redes con un notable empeoramiento en la calidad del servicio. Por aterrizarlo en algún ejemplo: con este recorte no se podría hacer frente a la reposición de las redes en caso de una nueva riada como la de Valencia. 

El problema de fondo es de enfoque. España está compitiendo por atraer capital e inversiones industriales en un contexto global de transición energética. Para lograrlo, necesita un sistema eléctrico que inspire confianza y ofrezca certidumbre. Cada euro invertido en red es una apuesta por la competitividad del país. La CNMC no debería perderlo de vista: su metodología retributiva no es una cuestión contable, sino un instrumento de política económica.

Conviene recordar que el mantenimiento y la expansión de la red no son un coste que contener, sino una inversión estratégica. Una red robusta evita averías, reduce pérdidas, mejora la calidad del suministro y permite que nuevas industrias, viviendas o vehículos eléctricos se conecten con rapidez y seguridad. En definitiva, el país se juega mucho más que una cifra en la hoja de cálculo. Se juega el ritmo y la equidad de su transición energética. España no necesita una red más barata, sino una red mejor: amplia, moderna y justa. Si la CNMC no lo entiende así, corremos el riesgo de que la transición se convierta en un privilegio de quienes ya están conectados. Y eso no sería una transición energética, sino una regresión.