La relación entre inmigración y criminalidad en Cataluña
«Si Cataluña quiere mejorar su seguridad, no puede seguir ignorando que el problema no está en la inmigración como concepto, sino en la gestión política»
Mossos d'Esquadra.
Cataluña ha sido históricamente una tierra receptora de inmigración. Ese flujo migratorio trajo enormes contribuciones económicas y demográficas: rejuveneció la población, sostuvo el mercado laboral y enriqueció la vida cotidiana del territorio. Pero la inmigración, como cualquier fenómeno masivo, no vino sola. Trajo también un efecto secundario que el Govern nunca reconoce abiertamente: una sobrerrepresentación de ciertos colectivos extranjeros en la criminalidad violenta y en la reincidencia. Los datos del Balanç de Seguretat 2024 de los Mossos d’Esquadra permiten ver este fenómeno con claridad, aunque el informe no lo subraye en ningún momento.
Cataluña tiene alrededor de ocho millones de habitantes, de los cuales unos 1,6 millones —en torno al 20%— son extranjeros. Sin embargo, en los delitos más graves la proporción de autores extranjeros supera ampliamente ese 20%. En los robos violentos o con intimidación, por ejemplo, sólo el 34,2% de los autores son españoles; el 65,8% son extranjeros. Dicho de otra forma: un colectivo que representa una quinta parte de la población comete casi dos tercios de estos delitos. En el ámbito de las agresiones y abusos sexuales, la distribución también es reveladora: los autores españoles son el 49,3%, los extranjeros el 50,7%, lo que implica que los extranjeros —de nuevo, con un 20% de peso demográfico— están sobrerrepresentados en más del doble.
El informe contiene una cifra que explica por sí sola la situación de reincidencia en Cataluña: entre las personas detenidas siete o más veces en un solo año, 637 individuos, el 57,5% son marroquíes o argelinos. Este porcentaje es tan extremo que cuesta encontrar paralelos en otras comunidades autónomas. No se trata de un dato anecdótico, sino de la estructura misma de la delincuencia crónica: mientras la mayoría de la población extranjera vive dentro de la ley y contribuye, una parte muy pequeña concentra una desproporción enorme del daño social.
La comparación con la Comunidad de Madrid sirve para ilustrar el contraste. En Madrid, según los datos del Ministerio del Interior, la criminalidad descendió en 2024, incluidos los robos violentos, que cayeron un 6,1%. La composición de la inmigración madrileña es radicalmente distinta: más hispanoamericana, con mayores niveles de integración sociolingüística, familiar y laboral. Esto no implica idealizar un origen concreto, pero sí observar que los datos de criminalidad están profundamente influidos por la composición migratoria y por las políticas de integración de cada territorio. Barcelona y su área metropolitana han recibido en las últimas dos décadas un flujo mucho más elevado de inmigración magrebí que Madrid. Y ese flujo, según el informe de los Mossos, es el que aparece sobrerrepresentado en robos violentos, agresiones sexuales y reincidencia múltiple.
«La realidad es más simple que la retórica: Cataluña atrae una inmigración distinta a la de Madrid, y los resultados también son distintos»
El Balanç de Seguretat no hace valoraciones políticas. Se limita a mostrar números: porcentajes de autores, nacionalidades predominantes, estructuras de reincidencia, evolución del delito desde 2020. Pero esos números describen un patrón muy claro: Cataluña tiene un problema específico, no con la inmigración en general, sino con una parte concreta de ella, asociada al bajo arraigo, la falta de inserción laboral, la exclusión de segunda y tercera generación en barrios determinados y un sistema político que ha renunciado a aplicar el Estado de derecho con firmeza frente a la reincidencia.
El debate público en Cataluña evita estas cifras porque es más cómodo hablar de «convivencia» en abstracto que examinar la realidad. Pero negar la sobrerrepresentación de ciertos colectivos en delitos graves no soluciona nada. Sólo alimenta el resentimiento entre quienes sí cumplen la ley, y pone en riesgo la cohesión entre los inmigrantes integrados y los que perturbadores del orden público. La inmigración puede ser una fuerza positiva, y en Cataluña lo ha sido. Pero ese efecto positivo no borra el coste real que muestran los datos. Y si Cataluña quiere mejorar su seguridad, no puede seguir ignorando que el problema no está en la inmigración como concepto, sino en la gestión política de quién llega, cómo llega y qué ocurre después.
La realidad es más simple que la retórica: Cataluña atrae una inmigración distinta a la de Madrid, y los resultados también son distintos. El Govern puede intentar disfrazar este efecto secundario, pero el informe de los Mossos lo deja claro. La seguridad no mejorará mientras la política siga empeñada en no nombrar aquello que todo el mundo ve.