Los verdaderos problemas de la economía española

La economía española está creciendo muy por encima de la media europea, y según el FMI, podría hacerlo un 2,9% este año y un 2% en 2026, lo que pone de manifiesto que ya se ha iniciado la desaceleración. En efecto, durante el segundo trimestre del 2025, crecimos un 3,1% en términos interanuales, inferior al trimestre anterior.

El crecimiento del PIB es insano, ya que en los últimos años se ha sustentado en gran medida en el gasto e inversión pública, que es lo que ha provocado un fuerte incremento de la deuda pública que en la actualidad se sitúa en los 1,7 billones de euros, es decir, cada residente en España debe casi 34.700 euros, lo que es insostenible si sigue aumentando. Asimismo, se sustenta en el incremento de la población inmigrante en 2,6 millones de personas desde el año 2018, 625.000 más este año según la AIREF, lo que lógicamente impulsa el consumo, aunque no mejora el PIB per cápita. Además, se trata de un aumento incomprensible del PIB desde el punto de vista metodológico, no quedan claramente explicadas las continuas revisiones al alza de éste; siendo inconsistentes con la evaluación de las horas trabajadas.

Somos el país europeo con una mayor tasa oficial de paro el 10,4%, que puede además ser sensiblemente superior si se contabilizasen los casi 900.000 trabajadores con contratos de fijos discontinuos, que no tienen actividad y cobran el subsidio de desempleo, pero no computan como parados oficiales.

El mercado laboral padece importantes deficiencias y rigideces que penalizan el empleo y favorecen la economía sumergida. En efecto, la subida del Salario Mínimo Interprofesional en un 64% desde el año 2018, la elevación de las cotizaciones, etc., ha reducido significativamente el empleo regular en sectores como el de empleadas del hogar o la hostelería.

Si se redujera la jornada laboral a 37,5 horas, los costes que provocaría podrían acelerar la destrucción de Pymes, que se unirían a las más de 25.000 que han cerrado desde que accediera al poder el actual Gobierno. Una de las principales razones es que estos incrementos de costes apenas se pueden trasladar a precios y además, en el caso de contratos públicos no se permite actualmente la indexación, con lo que se repercuten contra los márgenes empresariales, que cada vez son más estrechos.

«La calidad de vida de los ciudadanos se ha deteriorado sobre todo por el encarecimiento de los alimentos en más del 38% desde 2021»

Asimismo, la ineficiencia del mercado laboral se pone de manifiesto con el desajuste que se produce entre la oferta y demanda de empleo, ya que, a pesar de nuestro alto paro, muchos puestos de trabajo quedan sin cubrir. Además resulta muy complejo y lento la incorporación al mercado laboral español de inmigrantes legales con contrato previo de trabajo.

Además, el absentismo laboral supera el 7,2 %, lo que implica que 1,6 millones de trabajadores no acuden cada día a su puesto de trabajo; lo que representa un alto coste para las empresas.

El poder adquisitivo de los ciudadanos se ha deteriorado por las fuertes tensiones inflacionistas que soportan; el IPC en octubre se ha situado en el 3,1%, lo que representa una elevación por quinto mes consecutivo y casi un punto superior a la media europea. Si bien la calidad de vida de los ciudadanos se ha deteriorado sobre todo por el encarecimiento de los alimentos en más de un 38% desde 2021.

La principal preocupación actual de los españoles es la vivienda, puesto que el fuerte incremento de los precios del alquiler y de la propiedad, están limitando el acceso a la misma a grandes colectivos de población, sobre todo a los más jóvenes. En efecto, la populista Ley de la Vivienda ha provocado la retirada del mercado de alquiler del 35% de la oferta, por las limitaciones a la subida de estos y, por los privilegios que concede al inquilino e incluso al okupa; con lo que lógicamente se ha producido una fuerte subida de los nuevos alquileres.

«Se ha deteriorado la renta disponible de las familias por el fuerte incremento de la fiscalidad»

En la actualidad tan solo se construyen entre 90.000 y 100.000 viviendas nuevas al año, por las restricciones e imposiciones que establece la Ley de Vivienda; frente unas necesidades mínimas anuales de 230.000; con lo que el déficit de vivienda ya supera las 600.000. Con una oferta tan limitada, los precios seguirán subiendo puesto que la demanda es muy superior. Además, la propuesta de prohibir la comprar de viviendas que no se destinen a residencia habitual, no solo va en contra del derecho constitucional a la propiedad privada, sino que agravaría el problema.

Asimismo, se ha deteriorado la renta disponible de las familias por el fuerte incremento de la fiscalidad, que para muchos es claramente confiscatoria. Según la Fundación Civismo, la media de los ciudadanos deja de trabajar para pagar impuestos el 18 de agosto, que es el día de la Liberación Fiscal. Además, se ha producido un incremento de la «fiscalidad en frío”, por no deflactar la tarifa del IRPF, en tiempos de fuerte elevación de los precios. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid una bajada de los tipos impositivos ha provocado un aumento de la recaudación tributaria; lo que confirma la curva de Laffer.

Los Presupuestos General del Estado llevan en vigor más de 1.000 días por la falta de nuevos presupuestos desde el año 2023, con las consiguientes prórrogas automáticas. El Gobierno ha aprobado un incremento insostenible y perverso del techo de gasto del 8,5 % para los próximos presupuestos de 2026, que posiblemente tampoco se aprueben puesto que Junts ya ha manifestado su oposición a unos nuevos. Sin embargo, serían muy necesarios unos presupuestos austeros y eficientes, no los que pretende el Ejecutivo.

Es preocupante el fuerte incremento de las personas que dependen del sector público, 18,6 millones entre empleados públicos, pensionistas, parados con subsidios y otros subvencionados; por lo que desgraciadamente ya cumplimos el «mal inglés» puesto que en el sector privado tan solo trabajan 18,3 millones, cifra inferior a los que dependen del Estado. Este mal tiende a seguir agravándose, ya que el número de pensionistas está creciendo intensamente, al jubilarse la generación del baby boom.

«El actual sistema público de pensiones es insostenible, y se ha agravado tras la reforma del ministro Escrivá»

El actual sistema público de pensiones es insostenible, y se ha agravado como consecuencia de la reforma del ministro Escrivá. La esperanza de vida tras la reducción que se produjo por el Covid, ha vuelto a superar los 84 años, y además las nuevas pensiones son muy superiores a las que causan baja; con lo que este año el déficit de la Seguridad Social superará los 50.000 millones de euros. Asimismo, Escrivá también penalizó el ahorro previsión, limitando al máximo los beneficios fiscales que provocaban las aportaciones a los fondos de pensiones, con lo que estos apenas crecen. Resulta imprescindible elevar la edad de jubilación; siendo urgente el aumento a 72 años la edad voluntaria para el retiro de los funcionarios. Son muy positivas las recientes normas que permiten compatibilizar la pensión con el trabajo, «jubilación activa».

El aumento de la esperanza de vida y la creciente cronificación de enfermedades que antes eran mortales al poco tiempo de padecerlas, están incrementando los gastos de sanidad; con lo que el Sistema Nacional de Salud, se encuentra en una creciente inviabilidad. Su sostenibilidad solo será posible con un aumento de la colaboración público-privada con la Sanidad Privada; que actualmente está siendo penalizada por el Gobierno por razones ideológicas populistas. El sector sanitario privado representa el 3,5% PIB, y la Sanidad Pública, el 6,2%. La farmacia comunitaria, por su gran capilaridad, más de 22.500 oficinas de farmacia en España, debe jugar un papel esencial, como centro sanitario, en la sostenibilidad del SNS.

La colaboración público-privada también es esencial en la educación, puesto que la enseñanza concertada, no solo favorece la libre elección de centro, sino que reduce los costes; puesto que el puesto escolar en la enseñanza privada concertada es sensiblemente inferior al de la pública. Sin embargo, el Gobierno amenazó con lastrarla con un IVA del 21% al igual que a la sanidad privada, lo que hubiera provocado un colapso de la sanidad pública y de la educación también pública.

Sigue existiendo un alto riesgo de que se produzca un nuevo apagón, situación que se agravaría si se iniciara el cierre del parque nuclear español, que se iniciaría con el cese de la operación de Almaraz en 2027. Se renunciaría a una energía barata y con fortaleza para garantizar la estabilidad de la Red Eléctrica, por lo que se debe prolongar su vida útil. Los españoles sufrimos graves problemas económicos que han deteriorado nuestra calidad de vida en los últimos años; si pretendemos mejorarla en el futuro es imprescindible una política ortodoxa que impulse la libertad económica.