Black Friday en La Moncloa

Han estado de viernes negro en la Moncloa, por un doble motivo: por el miedo a las ideas que se le puedan ocurrir a José Luis Ábalos dentro de su celda de Soto del Real, y por la oferta, gran oferta, que el Gobierno lanza a funcionarios y jubilados, subiéndoles a unos el sueldo, a los otros la pensión. No está mal para un Ejecutivo incapaz de sacar adelante Presupuestos. Y que tira de los fondos europeos no para gobernar o gestionar, sino para ir aguantando. Y para ir cebando una maquinaria preelectoral cada vez más evidente.

No es que no nos alegremos por los funcionarios y por los pensionistas, que se lo merecen todo. Más incluso de lo que cobran. La cuestión es si esto se puede pagar y sobre todo quién lo paga. Si el Black Friday lo disfrutan unos, pero lo sufren otros (empezando por los sufridos autónomos…), esto es una ruleta rusa. Esto son mordidas electorales a costa de los contribuyentes más débiles. Los más castigados por una Hacienda voraz que se escuda en ingenierías estadísticas para fingir que la economía real, la de ver y tocar, va mejor de lo que va, y tener así excusa para gastar lo que no hay y disparar la presión fiscal sobre quien menos tiene. Es como el milagro de los panes y los peces, pero al revés. Lo que se multiplican son los hidalgos del Lazarillo: una sufrida clase media que sale a la calle mondándose los dientes para convencerse a sí misma de que ha comido. Pero no.

Hoy en día solo pisan cárcel los corruptos cutres, los que meten la mano en la caja para pagarse vicios. Pero existe una corrupción mucho más sutil, refinada y pérfida, que es la malversación legal. Gastar mal los fondos públicos no para enriquecerse sino para comprar votos y poder. No sería la primera vez que, cuando llegan elecciones y hay alternancia política, el gobierno entrante abre los cajones solo para descubrir que el gobierno saliente se lo ha pulido todo. Sea para intentar hasta el último minuto no salir, sea para que el que venga detrás se encuentre solo números rojos y telarañas. Con lo cual se reanuda el círculo vicioso de tapar los errores, propios o ajenos, con nuevas andanadas de impuestos.

Los que todavía nos escandalizamos de que se puedan indultar y amnistiar delitos de malversación como aquellos en que incurrieron los dirigentes independentistas que financiaban con ingentes cantidades de dinero público sus aventuras secesionistas —total para qué, se preguntan los que ya emigran en masa a votar a Sílvia Orriols, y que podrían ser muchos más que los que reconocen las encuestas…—, sabemos perfectamente cómo va a acabar esto. El Tribunal Constitucional marcó el camino al exonerar al expresidente andaluz José Antonio Griñán exactamente por el mismo tipo de malversación por el que el Tribunal Supremo se resiste a amnistiar a Carles Puigdemont.

Griñán, condenado en firme, no llegó a pasar en la cárcel ni un solo día. Tan claro tenía todo el mundo que en el TC iban a darle la vuelta a la sentencia. ¿Preparando así el camino para que pase lo mismo con Puigdemont? Dicen que últimamente han surgido algunas dudas en el seno del Alto Tribunal. Pero lo que está claro es que, amnistiados o no, aquí ninguno devuelve el dinero malgastado y malversado en tejer espesas urdimbres de complicidad clientelar.

Ni funcionarios ni jubilados tienen la culpa, ni son cómplices de nada. Pero el cuerno de la abundancia que se derrama sobre ellos, mientras Hacienda machaca a todos los demás, es un regalo envenenado. Una generosidad con trampa. Lejos de redistribuir socialmente la riqueza, la irreconocible izquierda actualmente gobernante empobrece a todos y cada uno. Incluso a los que pretende engolosinar para que le voten. Los funcionarios cobrarán más, pero sus hijos no se podrán ir de casa hasta los 40 años. E incluso entonces, tendrán que ayudarlos a llegar a fin de mes con su pensión. Mientras quede dinero para pagarla, claro.