Liberalismo sin magia

Al acercarnos a 2026 proliferan las promesas de gasto y rebajas fiscales, como si las cuentas públicas fueran un truco de manos. A veces incluso el propio liberalismo cae en esa ilusión: pedir más libertad económica sin mirar las condiciones políticas que la hacen posible. Para ser eficaz, debería partir de las preferencias reales de la ciudadanía y ordenar sus prioridades con una comprensión más sobria de la economía. Antes de pedir más libertad, conviene saber qué libertades desea de verdad el ciudadano. 

El punto de partida ha de ser el hecho de que, hoy por hoy, las encuestas revelan un sesgo estatista notable, que atraviesa partidos y generaciones, pues la mayoría desea que el Estado actúe como garante de bienestar y valora en gran medida la red de seguridad que proporciona el acceso universal a servicios públicos como la sanidad y la educación. 

En cambio, muchas invectivas ⎯y no solo liberales⎯ yerran el tiro cuando apuntan a que gran parte del gasto público es superfluo, o a que la presión fiscal es excesiva y agobiante. Ambas críticas contienen gran parte de verdad, pero se centran en aspectos relativamente marginales o incluso erróneos. Suelen padecer dos problemas. Por un lado, contradicen de forma implícita las preferencias de la ciudadanía. Por otro lado, distraen de los problemas principales, con lo que impiden hacer un diagnóstico que pueda ser compartido por la mayoría de los ciudadanos y logre, en última instancia, ser eficaz en el terreno político. 

En cuanto al gasto público superfluo, por supuesto que sobra despilfarro en todas las administraciones, desde los ministerios y consejerías identitarias hasta las subvenciones para los amigos de los gobernantes. Pero los «chiringuitos» y las subvenciones importan más por lo que simbolizan que por lo que cuestan. La inmensa mayor parte del presupuesto (cerca del 70%) va a pensiones, otras transferencias sociales y sueldos públicos. El énfasis en el despilfarro permite sostener la ilusión de que basta con barrer los márgenes para cuadrar las cuentas. Pero la realidad es que, sin tocar pensiones, sueldos públicos y productividad administrativa, no hay ajuste serio posible.

En esas condiciones, destacar el gasto superfluo sin mencionar la necesidad de controlar pensiones y sueldos, y de aumentar la productividad del sector público, equivale a ocultar la parte sustancial del problema. Y cuando ese enfoque viene de la política, suele insinuar también la voluntad de preservar unos privilegios que están consagrando una división creciente entre productores privados y rentistas públicos.

Eso por no mencionar que el principal despilfarro nace de unas tasas y unos precios casi nulos o muy bajos, que nos vuelven frívolos al usar servicios públicos que percibimos como gratuitos: cuando el precio es cero, el derroche crece. Por eso nuestras casas están llenas de medicinas que no necesitamos; nuestros juzgados, atascados con casos triviales u oportunistas; y muchas aulas universitarias, vacías. 

En cuanto a la presión fiscal, es inferior a la de países vecinos y, sobre todo, a los deseos expresados por la ciudadanía en cuanto al nivel de servicios y gasto público, lo que se traduce en una larga serie histórica de déficits y acumulación de deuda. Por supuesto que hay muchos contribuyentes agobiados por los impuestos. Pero lo más gravoso es que estos cargan con especial intensidad sobre contribuyentes de nivel económico relativamente modesto y que su estructura es ineficiente, por lo que desaniman la producción, la inversión y la toma de riesgos. 

«El resultado es un sistema que grava más el trabajo y la movilidad que la renta consolidada o el privilegio»

El resultado es un sistema fiscal que grava mal y gasta peor. Penalizamos la movilidad y el ahorro, mientras protegemos el inmovilismo y el consumo inmediato. En vez de favorecer la acumulación de capital humano y productivo, reforzamos las rentas garantizadas y las posiciones adquiridas. Como ya he analizado recientemente, todo ello se ajusta a nuestras preferencias más inmediatas, pero es contradictorio con el tipo de sociedad en el que deseamos vivir. 

Así, nuestro IVA, pese a tener un tipo general elevado, recauda poco porque miles de consumos disfrutan tipos reducidos y exenciones. Este entramado se justifica con argumentos sociales, pero en la práctica beneficia sobre todo a quienes más consumen: las clases con mayor poder adquisitivo. Lo sensato no sería subir el tipo general, sino la mayoría de los reducidos, lo que permitiría ampliar la base imponible y, si se desea, sustituir la ayuda indiscriminada por transferencias directas a quienes realmente lo necesitan. Así se lograría una fiscalidad más neutral, menos propensa a la captura y más respetuosa con la libertad de elección. 

De modo similar, el impuesto sobre la renta castiga de forma torpe a quienes más se esfuerzan. Su progresividad se concentra en los tramos medios, donde unos tipos marginales comparativamente elevados recaen sobre rentas relativamente modestas. Mientras, proliferan las deducciones ⎯incluidas algunas tan insólitas como el gasto veterinario de las mascotas o las cuotas del gimnasio de sus dueños⎯ y mínimos exentos que benefician a quienes tienen mejor capacidad de planificación fiscal. El resultado es un sistema que grava más el trabajo y la movilidad que la renta consolidada o el privilegio. Una reforma liberal debería reducir los tipos marginales que desincentivan el esfuerzo y la inversión personal, eliminar deducciones opacas y simplificar el conjunto del impuesto para hacerlo más neutral y transparente. La prioridad no es recaudar menos, sino recaudar mejor, de forma menos ineficiente: con un sistema más predecible y equitativo, que premie la iniciativa y la productividad en lugar de penalizarlas. 

Las distorsiones se vuelven aún más dañinas cuando miramos los impuestos que frenan la movilidad. En cuanto a los inmuebles, castigamos más las transacciones que la tenencia. Impuestos como el de transmisiones patrimoniales, los actos jurídicos documentados o las plusvalías puramente nominales generadas por la inflación desincentivan la movilidad y el ahorro productivo, encareciendo el cambio de vivienda, el emprendimiento y la reinversión. En cambio, los tributos sobre la propiedad —como el IBI o la imputación de rentas inmobiliarias— siguen siendo relativamente bajos (por mucho que se perciban como altos porque son recurrentes y bien visibles, mientras que los que giran sobre las transacciones son ocasionales y en gran medida los paga el comprador, por lo que permanecen ocultos). Esta asimetría premia el estancamiento y el rentismo: mantener activos improductivos resulta barato, mientras invertir o reasignar capital sale caro. Este diseño fiscal premia al insider inmóvil y castiga al outsider que intenta progresar. Un país que castiga el movimiento termina castigando también la inversión.  

Pero no es solo la fiscalidad la que falla. El problema de fondo reside también en cómo gastamos. El grueso del presupuesto público se destina al gasto corriente —pensiones, sueldos públicos y subsidios de todo tipo—, mientras disminuye la inversión y el mantenimiento de infraestructuras. Hemos elegido gastar en consumo en vez de en capacidad productiva. Ese sesgo no es un accidente técnico: responde a un pacto tácito mediante el cual gobernantes y votantes prefieren beneficios inmediatos aunque sea a costa de ralentizar el crecimiento y poner en peligro los beneficios futuros. Sin inversión y reformas, ningún bienestar es sostenible. 

La miopía también contamina la educación, que hemos degradado de inversión productiva a consumo placentero. Nuestro sistema de enseñanza produce muchos titulados pero pocos profesionales competentes, generando una inflación de expectativas que condena a los jóvenes a la frustración y priva de oportunidades a los más humildes. Ni el mercado ni el Estado pueden arreglar solos una educación convertida en ocio. Recuperar la educación como inversión —con evaluación externa, autonomía y responsabilidad, con tasas y becas que reflejen costes y rendimientos sociales— y restablecer la igualdad de oportunidades es condición previa para que las reformas en materia fiscal y laboral alcancen sus beneficios potenciales. 

Hay un elemento de magia en pedir libertad económica sin considerar las restricciones políticas reales. Ese liberalismo mágico trata al ciudadano como agente económico, pero lo ignora como agente político. Un liberalismo efectivo no necesita trucos: parte de lo que somos, de nuestras preferencias reales como votantes y contribuyentes, y desde ahí propone un camino posible, no uno ideal. Solo desde esa sobriedad podremos levantar un Estado digno de ciudadanos libres.