La verdad no se filtra, se defiende

«La verdad no se filtra, se defiende». El fiscal general del Estado, con esta frase que él considera profunda, pretendió en el banquillo justificarse del delito del que se le acusaba. Frase que tomó por bandera ese pequeño número de manifestantes que se reunieron el otro día en el Congreso a la llamada de Garzón. En realidad, lo que se encuentra implícito en ella es un principio deleznable, pero que se usa frecuentemente en política: el fin justifica los medios. Cuentan las crónicas que Madame Roland, líder de la Revolución Francesa, de la facción de los girondinos, condenada por los jacobinos, cuando la llevaban a la guillotina exclamó: «¡Oh, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre!».

Hoy la expresión continúa teniendo plena vigencia, y quizás se podría aplicar, con mayor razón, porque su extensión es mucho más amplia, al término «verdad». Los autores de los mayores crímenes cometidos por la humanidad se han escudado en la verdad. Las grandes ideologías han dado paso frecuentemente a los más atroces abusos. Unas veces por convicción y otras como coartada para eludir la mala conciencia, son mayoría las ocasiones en las que los humanos hemos intentado disculpar los desafueros y las injusticias amparándonos en la verdad.

En el affaire del fiscal general, el Gobierno y toda su cohorte —con el pretexto de descubrir la verdad, y de desmentir un bulo (palabra ya consagrada)— se han apresurado a utilizar las instituciones para atacar a un enemigo político. Han centrado la cuestión en quién fue el primero en pedir el acuerdo sobre un procedimiento de delito fiscal, si el abogado del imputado o el fiscal del caso. A mi entender, la cuestión carece de importancia desde el momento en que seguía los cauces comunes y corrientes que se adoptan en todos los casos. Casos que son frecuentes y que cuando se trata de personas famosas suelen saltar a la prensa sin mayor transcendencia.

En ocasiones, el acusado prefiere afrontar el juicio sin acuerdo, y aventurarse a poder ser condenado incluso con penas de cárcel, pero tener, como contrapartida, la posibilidad de ser absuelto. En otras, se inclina por el pacto, esto es, por reconocer la culpa y no correr el riesgo de acabar en prisión. El reconocimiento es tan solo un requisito formal, sin que signifique que el procesado asume en serio su culpabilidad.

Permítanme que haga un inciso y muestre mi disconformidad con este procedimiento. Me parece que en la práctica ha significado la muerte del delito fiscal. Las infracciones fiscales se castigan normalmente con sanciones monetarias. Se tiene constancia de que estas, en el caso de grandes defraudadores, no son disuasorias. Dada la baja probabilidad de que el fraude sea detectado, compensa arriesgarse a la multa. En estos casos parece ser que lo único disuasorio son las penas de cárcel, de ahí la conveniencia y la utilidad de la figura del delito fiscal. Todo esto se diluye si el defraudador es consciente de que se le va a conceder la opción de pactar y de poder eludir, por tanto, la prisión.

«La finalidad del jaleo y del montaje consistía en atacar por sujeto interpuesto a la presidenta de la Comunidad de Madrid»

Se tenga la opinión que se tenga sobre este procedimiento, lo cierto es que, si se concede a todos los contribuyentes y se le niega a uno de ellos por el simple hecho de estar ligado por una relación sentimental con una enemiga política, constituye sin duda una iniquidad que raya en la prevaricación. El presunto delito fiscal de Alberto González Amador no salía de lo normal, era uno más entre otros muchos casos que estaba en la Fiscalía, hasta que alguien -quizás la ministra de Hacienda- hizo notar tal vez a la Moncloa y la Moncloa a su vez quizás al fiscal general quién era el contribuyente.

Desde ese mismo momento, la Fiscalía entró en un colapso histérico que se transmitió a través de todos sus estamentos, hasta el punto de sacar de un partido de fútbol al fiscal que llevaba el caso quien, según admitió en el juicio, no pudo por menos que extrañarse e incluso preguntar qué pasaba con ese expediente, que según él era uno de tantos de los que tenía sobre la mesa y no de lo más importantes; a lo que le respondieron comunicándole la relación del contribuyente con Díaz Ayuso. Lo que deja pocas dudas de que la finalidad del jaleo y del montaje consistía en atacar por sujeto interpuesto a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Aun sin conocer la sentencia, todo el sanchismo se ha levantado en armas al enterarse de que el fiscal general iba a ser condenado, a pesar de que la pena es en extremo débil. Al haber planteado el autócrata el asunto como un pulso con el Tribunal Supremo, no podían tolerar perderlo. Su soberbia no se lo permitía. Lo cierto es que los discursos sincronizados, más que una defensa, están constituyendo un reconocimiento de culpa. Comenzó Óscar López y le han seguido otros muchos argumentando que la condena a la Fiscalía ratificaba que quien ataca a Ayuso lo paga. Primero, Casado, y ahora García Ortiz. Luego confiesan que todo el follón creado se reducía a una operación de acoso y derribo a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La fiereza mostrada por el sanchismo en este affaire tiene también otra explicación y es que el verdadero responsable de la campaña política era el presidente del Gobierno. El fiscal general actuaba tan solo como un mandado del Ejecutivo. ¿Cómo no van a defenderlo si simplemente ha cumplido sus deseos y sus instrucciones? Todo parece indicar que García Ortiz filtró a la Moncloa el documento, y bien desde la Moncloa o a través del propio fiscal general se filtró a la prensa.

La llamada y el envío del correo a Lobato por parte de Pilar Sánchez Acera demuestran que el documento se encontraba en la Moncloa. La comparecencia de esta en el juicio afirmando que no recuerda ni el medio ni el periodista que se lo había facilitado, lo único que puede despertar es hilaridad. Fue una comparecencia muy parecida a la de David Azaga cuando afirmó que la oficina de artes escénicas es eso, la oficina de artes escénicas.

«Si aún no constituye una dictadura, sí tiene vocación de serlo»

Cuando García Ortiz borró todos los mensajes de los teléfonos no era tanto para salvarse él como para ocultar sus comunicaciones con la Moncloa y las responsabilidades de otras personas. Algo parecido ha ocurrido con el borrado de los teléfonos de Sánchez Acera. Se trataba de ocultar de dónde procedía la filtración, ya que lo del periodista no hay quien se lo crea.

La reacción desaforada del sanchismo en todas sus versiones a la sentencia del Tribunal Supremo referente a la condena del fiscal general es algo más que un hecho aislado, es el compendio de toda una serie de acontecimientos que trazan una línea continua en esa obra de desmantelar la democracia, apropiándose de todas las instituciones. Es la expresión de que el sanchismo se ha convertido en un movimiento populista que considera ilegítima la alternancia. Si aún no constituye una dictadura, sí tiene vocación de serlo. Como, según ellos, poseen la verdad, todo es lícito con tal de mantenerse en el Gobierno. En ese camino tienen que destruir a todos lo que se les oponen. Es más, hay que demonizarlos de manera que se les niegue el derecho a existir. Especialmente a la prensa y a los jueces, cuando no siguen la disciplina o las orientaciones de la secta.

En esta dinámica el sanchismo ha convergido con el independentismo, especialmente con el golpismo catalán. Han asumido su mismo discurso en contra de los jueces, acusándoles de lawfare, y en su repulsa de los tribunales en aquellos casos que fallan en contra de alguno de su bando o en contra de sus intereses. Es realmente indignante escuchar a algunos miembros de la alianza Frankenstein, sean ministros o no, calificar de golpe de Estado una sentencia del Supremo cuando todos ellos llevan siete años encamados con los verdaderos golpistas, es decir, con aquellos que aprovechando que gobernaban un territorio pretendieron sublevarlo contra la Constitución y el poder legítimamente constituido. Sería incomprensible si no estuviéramos curados de espanto y acostumbrados ya a las cosas más insólitas, escuchar a la vicepresidenta segunda llamar a manifestarse en contra del Tribunal Supremo.

Las posturas adoptadas en este affaire por los sanchistas en todas sus variantes anuncian la llegada a una posición ideológica y mental realmente peligrosa en la legitimación del desmantelamiento del Estado democrático, hasta el punto de que hace dudar si van a estar dispuestos a asumir sosegadamente la alternancia. Ellos, real o fingidamente, piensan que tienen la verdad. La verdad se defiende. Y en su defensa cabe todo, y a ella todo debe subordinarse, también la ley y los tribunales. Dicen que son un Gobierno progresista, son la verdad, y este solo hecho, permite y justifica cualquier actuación tendente a evitar que llegue el Mal al gobierno.