España, un país enfermo de pasado

España continúa siendo un país enfermo de pasado. Da igual que la Guerra Civil finalizara hace casi 90 años, que el dictador Franco lleve muerto 50 y que en 1978 se aprobase una moderna Constitución de consenso. Una temporada más, en especial este año del cincuentenario, se sigue arengando y excavando trincheras ideológicas como si Buenaventura Durruti acabara de llegar a Madrid para salvar la República y los nacionales estuvieran a punto de tomar la capital desde la Casa de Campo.

Felizmente, ya no hay ni Brigadas Internacionales, ni Legión Cóndor, ni checas, ni tropas italianas en Guadalajara, ni fusilamientos en las tapias de los cementerios, solo una democracia igual de imperfecta como la francesa, la alemana o la inglesa. Pero la coalición socialista-comunista-independentista, intenta una vez más beatificar la II República («una democracia, poco democrática», según el historiador Javier Tusell) y convertir la tragedia de la guerra en una contienda moral de buenos y malos y de demócratas puros contra fascistas salvajes, imponiendo una memoria adulterada frente al relato mucho más objetivo y científico que los historiadores de todas las ideologías han ido consensuando durante años. 

Porque si bien es indiscutible que Franco fue un dictador, que dio un golpe de Estado, no lo es menos que muchos, demasiados socialistas, entre ellos su líder Largo Caballero, honrado por la democracia (ahora régimen del 78) con calles, avenidas y hasta una estatua en Nuevos Ministerios, en Madrid, no era el demócrata que la propaganda socialista ha fomentado sin que casi nadie se haya molestado demasiado en desmentirlo. El radicalizado líder del PSOE y de la UGT, instigador de la huelga revolucionaria de 1934 contra el Gobierno de Alejandro Lerroux que provocó la Revolución de Asturias, no trabajaba ya desde esa fecha para una República democrática y plural. Su objetivo era la revolución y la dictadura del proletariado. Es más, deseaba un levantamiento militar para aplastarlo con una huelga general e imponer ese régimen, según coinciden los hispanistas británicos más reconocidos.

Es lo que escribía sin tapujos Luis Araquistáin, ideólogo del sector marxista del PSOE: «… España puede ser muy bien el segundo país donde triunfe y se consolide la revolución proletaria… El dilema histórico es fascismo o socialismo y sólo lo decidirá la violencia, pero dada la debilidad del fascismo en España, vencería el socialismo». 

Y en este clima de intimidación y violencia continua, en la madrugada del 13 de julio de 1936 ocurrió lo impensable: una patrulla de la Guardia de Asalto sacó a José Calvo Sotelo de la cama y un guardaespaldas de Indalecio Prieto le disparó un tiro en la nuca, convirtiendo ya la guerra civil en inevitable. ¿Alguien se puede imaginar que un cuerpo de la seguridad del Estado plagado de matones revolucionarios asesine a uno de los principales líderes de la oposición y que no ocurra nada? Pues sucedió lo peor, porque el Ministerio de Interior de la República, aunque ajeno al atentado, lejos de investigar el crimen y detener a los culpables, curiosamente ordenó una redada masiva de falangistas. 

«Este atentado es la guerra», escribió Julián Zugazagoitia, director de El Socialista y después ministro en el Gobierno de Juan Negrín. Casi lo mismo que Prieto: «Será una batalla a muerte, porque cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel», o que Luis Araquistáin: «O viene nuestra dictadura o la otra».

Y se cumplieron las profecías. Todos acertaron demasiado. Hubo guerra, la batalla fue a muerte, nadie respetó al adversario y se impuso una de las dos dictaduras: la del general Franco que había ganado la guerra.

Es lo que había advertido genéricamente Gil Robles, que esa noche salvó su vida porque no se encontraba en Madrid, cuando dos días después del crimen se convocó la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para debatir el asesinato de Calvo Sotelo ante la indiferencia o la justificación de la mayoría gubernamental: «Sé que vais a hacer una política de persecución, de exterminio y de violencia de todo lo que significa derechas. Os engañáis profundamente: cuanto mayor sea la violencia, mayor será la reacción… Ya llegará un día en que la misma violencia que habéis desatado se volverá contra vosotros».

Pero en la era del argumentario urgente y el permanente TikTok gubernamental, a quien le importan los antecedentes, los hechos, los imprescindibles matices de la historia y sobre todo la aspiración a conocer la verdad cuando todo un Gobierno de España ha colocado el fantasma del antifranquismo como la prioridad de su agenda política.

Si la reconciliación de la Transición ha dejado de ser el pacto válido que daba cobijo y representación a casi todas las tendencias políticas del país, ¿a dónde vamos?, ¿cuál es la siguiente estación?, y sobre todo, ¿en qué paraíso nostálgico y oxidado se encuentra el apeadero final del viaje del radicalismo de los extremistas de la izquierda y la derecha? Todos estos que se ausentan del 12 de octubre, del día de la Constitución o de la celebración de los 50 años de monarquía parlamentaria, ¿qué milagroso régimen de futuro tienen en la cabeza?

Y sin embargo, lo pragmático, lo útil, lo progresista, lo justo con el futuro de los españoles sería olvidarse ya de Franco, de Largo Caballero, de la Pasionaria, de Durruti, de la II República, de los criminales de uno y otro lado, del país enfermo de pasado que dedica su talento a embelesarse con las leyendas recreadas de los abuelos y se olvida de pensar a lo grande y dedicarse a planificar el futuro de los próximos 30 o 40 años. Lo decía estos días el ahora siempre ‘sospechoso’ Felipe González, quien tras recibir el toisón de oro, deseaba que la «España joven de hoy sepa sentir orgullo por ser hija de la democracia, más que por ser nieta de la Guerra Civil».