De rodillas ante Waterloo

García Page, que suele decir cosas muy sensatas, afirmó el otro día que si Puigdemont y sus acólitos no han respetado al Gobierno cuando les hablaba de pie, difícilmente les va a respetar ahora que les habla de rodillas. Me temo que en esta ocasión el presidente de Castilla-La Mancha se equivoca. Este Gobierno nunca ha hablado de pie a los independentistas. Desde el origen, desde mayo de 2018, ha estado siempre en el suelo, arrastrándose, cuando no ante Bildu, ante Esquerra; y cuando no ante el PNV, ante Junts. ¿Acaso el Estado no se postró al pactar el Gobierno en Waterloo con un prófugo de la justicia, y no se humilló al decidir la política española en Ginebra con un intermediario internacional? ¿Qué otra cosa ha sido la amnistía sino obligar al Estado a ponerse de rodillas ante Puigdemont y ante el resto de los independentistas catalanes?

Bien es verdad que lo de ahora de Sánchez ha sido más llamativo, más impúdico. No ha mantenido ni la mínima decencia y decoro compareciendo en dos emisoras catalanas casi lloriqueando y pidiendo perdón a Junts. Postura solo comparable con la de hace un año en la dana, cuando salió corriendo y gimoteando, haciéndose acreedor al título de «galgo de Paiporta». Los que se dan de siete machos en el fondo siempre son así. El afán e interés por reconciliarse con Puigdemont se ha traducido en que en pocos días el Gobierno ha aprobado un decreto ley, recogiendo algunas de las reivindicaciones que Junts tenía pendientes.

Lo grave de las épocas oscuras es que las sociedades se terminan acostumbrando a los hechos y prácticas más censurables, y acaban por tenerlos como normales. En estos años bárbaros del sanchismo, damos como buenos y habituales los retorcimientos más burdos de las normas democráticas. Nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a que la forma más habitual de legislar sea el decreto ley, en el que  se reserva a las Cortes unicamente un papel residual, el de la convalidación en bloque en un plazo de 30 días.

El artículo 86 de la Constitución determina que los decretos leyes están reservados para los casos de extrema y urgente necesidad en los que se haya de dictar disposiciones legislativas provisionales; y veta expresamente estos mecanismos normativos para determinadas materias. Casi todos los gobiernos han abusado de este instrumento, pero durante el sanchismo se ha convertido en la manera más frecuente de legislar. Se ha olvidado por completo el requisito de extrema y urgente necesidad.

La Constitución no lo afirma expresamente, pero se supone que, al convalidarse en bloque, este procedimiento no es apto para conglomerados ómnibus en los que se incluyen múltiples disposiciones legislativas, ya que no se podrá distinguir entre ellas y el partido o diputado que desee que se apruebe una o varias de ellas se ve en la obligación de dar su aquiescencia a la totalidad. Sánchez es experto en este tipo de chantajes y en situar a la oposición en tales alternativas. En esta ocasión va más allá y, para que funcione la coacción, en el decreto ley que ha elaborado para contentar a Junts, introduce una norma que no precisa categoría de ley, retrasar en un año la entrada en vigor de Verifactu.

«Los únicos motivos del retraso del Verifactu son políticos, más bien partidistas, la finalidad de congratularse con el prófugo»

El denominado sistema Verifactu es la obligación estipulada entre otros, para las Pyme y los autónomos de aplicar paquetes informáticos de manera que las facturas sean verificables, trazables e inalterables. Tal exigencia se incardina en la ley antifraude, y, por lo tanto, determinar la fecha de su entrada en vigor tiene carácter reglamentario. Para posponer o cambiar este dato era suficiente un decreto del Gobierno. Emplear para ello un instrumento de ley va en contra de un principio elemental, el de la economía legislativa: no usar una norma de mayor rango cuando se puede emplear otra de nivel inferior.

Tal como han expuesto los funcionarios de Hacienda encargados de la puesta en marcha de Verifactu, los únicos motivos del retraso son políticos, más bien partidistas, la finalidad de congratularse con Puigdemont, que lo había exigido, y quizás también la de servir de chantaje a aquellos partidos que podían estar en desacuerdo con las otras medidas incluidas en el decreto ley, tales como la modificación de la ley reguladora de las bases de régimen local, pero que quizás no desearían, dado su carácter populista, votar en contra de retrasar la aplicación de Verifactu a los autónomos y a las pequeñas empresas.

Quizás la medida que puede presentar mayor oposición a la hora de convalidar el decreto ley es la que acabamos de citar, la modificación de la ley reguladora del régimen local a efectos de entregar a la Generalitat la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los habilitados nacionales, en concreto de los interventores de ayuntamientos y diputaciones. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha manifestado ya claramente en contra, puesto que lo considera un privilegio al independentismo. Del mismo modo, se han opuesto asociaciones que representan a colectivos de trabajadores públicos, que consideran «injustificados» este tipo de traspasos competenciales.

Si actuaran con lógica, muchos diputados, la gran mayoría de los que pertenecen a otras regiones distintas de Cataluña, se posicionarían en contra, puesto que una vez más se privilegia a una comunidad frente a otras. Más concretamente, habría que preguntarse qué deberían votar los diputados de Más Madrid -incluyendo a la médico, mujer y madre- o los de Compromis, o los del BNG o los de la Xunta, o incluso cómo van a poder justificar la medida los de IU en Andalucía. Esto es solo el comienzo del papel desabrido que les va a tocar desempeñar frente a sus electores en otras muchas materias.

«Verifactu tiene un objetivo obvio: reducir el fraude en una de sus bolsas más importantes»

Planteando el tema desde un punto de vista más general, la medida va en sentido contrario a todo ese relato un tanto falsario acerca de la política implementada contra la corrupción. Es sabido que un problema que se presenta en los ayuntamientos y demás corporaciones locales, incluso en las autonomías, es la dependencia directa del interventor del órgano controlado. Cuanto más cercana e inmediata es la presencia de uno en el otro, más posible y fácil es la corrupción.

De ahí la existencia de los cuerpos nacionales, y de las oposiciones que habilitan para incorporarse a ellos y poder ejercer como interventores en las distintas corporaciones locales. Los alcaldes, aun cuando tienen libertad para nombrar a su propio órgano de control, en cierto modo están condicionados porque la designación deberá recaer sobre un miembro de este colectivo. Es evidente que tal requisito está muy lejos de garantizar la independencia del interventor, pero reduce al menos la discrecionalidad en los nombramientos y en cierta forma dificulta la manipulación en las finanzas públicas municipales por parte del poder político.

Se entiende el agujero que se abre cuando se rompe el carácter nacional del cuerpo y se transfiere la competencia a la Generalitat. Precisamente a Cataluña, cuyos antecedentes, después del 3%, no son precisamente modélicos.

Entre los diputados y partidos políticos es posible que el punto referente al retraso en la aplicación de Verifactu tenga un mejor recibimiento, teniendo en cuenta que parecía ser una demanda de al menos una parte del sector y todo lo que hace referencia a los profesionales, autónomos y a las pequeñas empresas tiene buena prensa y claros efectos electorales. Pero el hecho de que sea electoralmente rentable no es impedimento para que desde el punto de vista social y político tenga resultados manifiestamente negativos.

Verifactu tiene un objetivo obvio: reducir el fraude en una de sus bolsas más importantes. Retrasar un año su entrada en vigor, cuando todo estaba preparado para que comenzase a funcionar, tiene por fuerza que recibir un juicio muy negativo, tanto más cuanto que todo se ha hecho a espaldas de los servicios del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria, motivado únicamente por politiqueos y por el afán de congratularse con el prófugo de Waterloo. Y después dice Sánchez que las Comunidades del PP ponen en riesgo el estado de bienestar. Tendrá cara.