Ilegalizar a Vox y al Partido Popular

Pablo Iglesias, empresario, periodista y político, ha aprovechado su altavoz en TVE para decir que si por él fuera ilegalizaría al Partido Popular junto con Vox. Es decir, que expulsaría del sistema político a Vox, pues de eso no cabe ninguna duda, pero que él haría lo mismo con el Partido Popular.

Iglesias, que es de natural humilde, no ha querido decir las verdaderas razones que le llevan a proponer una medida tan severa. Él se escuda en que la medida es necesaria por mor de la lucha contra la corrupción. Cuando él lo propone como la más pura manifestación de progresismo. Él y los suyos encarnan el progreso, PP y Vox son un obstáculo al mismo, e Iglesias los echaría del juego político. Insisto, lo ha dicho en la muy progresista TVE.

La democracia española no puede aceptar las organizaciones corruptas, y Vive Dios (con perdón) que el Partido Popular ha sido condenado por corrupción. El silogismo es inescapable. Proposición mayor: hay que ilegalizar los partidos corruptos. Proposición menor: el PP es un partido corrupto. Conclusión: hay que ilegalizar al Partido Popular. Aristóteles daría su aprobación a Pablo Iglesias.

Ilegalizar a toda la oposición es, sin duda, una medida audaz. En Venezuela han vaciado de margen de maniobra a la oposición, y le han robado una elección que el chavismo perdió de forma abrumadora. Rusia, aliado político de Venezuela, merodea Oslo con agentes que llevan la foto de María Corina Machado. Quien, por pura supervivencia, ha evitado participar en la ceremonia de recepción del Nobel.

Pero, claro, Venezuela es una dictadura y España no. España es una democracia y un Estado de derecho. Y no se puede ilegalizar un partido por el capricho de un político. Afortunadamente para Pablo Iglesias, en España contamos con una ley que permite ilegalizar este tipo de organizaciones, de modo que este es un punto de partida adecuado.

«La ley prevé la posibilidad de ilegalizar un partido si su actividad atenta de forma continuada contra los principios democráticos»

El problema es que la Ley de Partidos de 2002 no contempla específicamente la corrupción como uno de los supuestos que llevarían a su aplicación. Adiós al sueño húmedo de Pablo. Entre esos supuestos que sí contempla la ley están el fomento de la violencia y el apoyo a organizaciones terroristas. Pero ese es terreno de recreo de la izquierda, de modo que no le es útil.

Ahora bien, la ley también prevé la posibilidad de ilegalizar un partido si su actividad atenta de forma continuada contra los principios democráticos y los derechos fundamentales. Y es el Gobierno, o el Ministerio Fiscal, quien tiene que interpretar que un partido merece ser ilegalizado. De modo que solo tiene que acusar a Vox de asumir un discurso de odio y utilizarlo de palanca para pedir su expulsión del ámbito político. No necesita una condena previa de ese partido.

Pero de nuevo una piedra se interpone en el camino propuesto por Iglesias. Ilegalizar un partido no es una decisión administrativa. La última palabra la tiene el Tribunal Supremo, que tendría que crear una sala específica para este caso. Pero, corramos a decirlo, hoy en día es inimaginable que cualquier juez del Supremo adopte una medida como esta. Estamos muy lejos de que se ilegalice un partido político en España.

La organización que tiene todos los elementos para ser ilegalizada en España es Bildu. Todo el entramado político de ETA recupera a condenados por terrorismo para sus candidaturas, y les organiza actos de homenaje. Son el caso de libro del motivo por el que se concibió la Ley de Partidos Políticos.

«El mensaje, la estrategia y las ideas de Pablo Iglesias han sido asumidas por el PSOE y por su líder, Pedro Sánchez»

Yo no me opongo a la idea de ilegalizar a un partido. No existe el derecho a la participación política. La política consiste en la transferencia de renta y riqueza de una parte de la sociedad a otra, y al Estado, que es quien presta sus instrumentos y su poder para ese enjuague. Nadie puede reclamar un derecho natural a participar en ese juego. Otra cuestión distinta es que convenga hacerlo, y yo dudo mucho que sea un movimiento adecuado, y menos en este contexto.

Bien, Pablo Iglesias no es ya vicepresidente del Gobierno. Es el mandamás de un pequeño partido político que a lo más a lo que puede aspirar hoy es a dinamitar al actual Gobierno, o a liderar a la exigua izquierda de la izquierda. Pero es el político más relevante de la democracia española, con mucha diferencia. Porque es su mensaje, su estrategia, sus ideas, las que han sido asumidas por el PSOE y por su líder, Pedro Sánchez.

Lo de ilegalizar al PP está fuera de cualquier conversación, salvo la que mantenga Iglesias con sus cuates. Hacerlo con Vox sería suficiente para impedir una alternancia, mas tampoco es realista. O no lo es en este momento. Pero en las circunstancias propicias, yo no descarto que se lo planteen.