Un Gobierno corrupto desde el minuto uno

Por si alguien tenía alguna duda aún, las detenciones y revelaciones de los últimos días demuestran que la trama de corrupción que afecta al Gobierno se extiende mucho más allá de las figuras de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Los ministerios afectados son al menos seis y, lo que es más importante, queda confirmado que la corrupción no fue una consecuencia de la degeneración típica del paso de los años, sino una realidad desde el minuto uno.

Que Ábalos era el rey de la corrupción lo sabíamos desde 2020, cuando desvelamos el Delcygate o el caso mascarillas. Ninguno de esos dos temas pareció preocupar demasiado a Pedro Sánchez (el presidente solo le echó del Gobierno cuando se enteró de su vida disoluta)… y en los meses siguientes impulsó una trama relacionada con la venta de hidrocarburos o los polémicos rescates de las aerolíneas Plus Ultra y Air Europa. La diferencia en estos últimos casos es que Ábalos ya no pudo actuar solo: necesitó la ayuda de varios compañeros de gabinete.

En los hidrocarburos, como este jueves ha confirmado la Guardia Civil con su último informe, la trama se infiltró en varios ministerios (Transportes, Industria y Transición Energética), sin los cuales jamás se hubiera podido robar un solo euro porque, entre otras cosas, la banda necesitaba una licencia para operar que en última instancia concedía… ¡Teresa Ribera!

Además, los rescates aéreos fueron aprobados colegiadamente por todo el Consejo de Ministros a propuesta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), órgano dependiente de María Jesús Montero (Hacienda) y que cocinó la decisión en reuniones donde participaron activamente los ministerios de Ábalos (Transportes), Ribera (Transición Energética), Reyes Maroto (Industria) y Nadia Calviño (Economía).

Precisamente, esta semana ha sido detenido el primer presidente que Sánchez puso en la SEPI, Vicente Fernández. Estuvo en el puesto desde la moción de censura y apenas duró año y medio, pero le dio tiempo a mucho por lo que se está investigando. Fernández acabó trabajando después en una desconocida empresa navarra (Servinabar) de la que hoy conocemos que el 45% pertenecía a Santos Cerdán y con la que se cobraban mordidas por adjudicaciones de obra pública del ministerio de Ábalos.

Para rizar el rizo, hoy sabemos que Servinabar tenía relación con la empresa familiar de la actual secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, que curiosamente multiplicó sus ingresos desde la llegada de Sánchez a Moncloa. Y resulta que Servinabar y la empresa de los Sumelzo compartían sede en Madrid con varias empresas del gigante de renovables Forestalia, empresa que también ha sido registrada este jueves junto con varias empresas públicas como Enusa, que fue donde el PSOE colocó a su gerente al apartarle del partido tras detectar los gastos disparatados de Ábalos.

Si a todo ello le sumamos las amiguitas enchufadas en las empresas públicas o los trapicheos de la familia Sánchez, tenemos un gigantesco escándalo en donde da la impresión de que había licencia para hacer lo que a cada uno le viniera en gana. Y lo que queda por saber es si todo era fruto del descontrol y la sensación de impunidad o si, por el contrario, había un plan establecido por una organización criminal (¿PSOE?).

Estamos ante una trama de dimensiones colosales, con múltiples aristas, que afecta a un mínimo de seis ministerios y que tiene innumerables ramificaciones. Lo más chusco que hayamos visto en democracia. Todo apunta a que se empezó a robar desde el principio y a que se hizo desde varios frentes a la vez. Algunos lo avisamos desde muy pronto, y nos dejaron solos. Hoy ya lo sabe toda España y es cuestión de tiempo que la justicia y las fuerzas policiales acaben por destapar todo el pastel. Tiempo al tiempo.